Movimientos feministas piden que jueces y fiscales protejan a las infancias. Repudian que se instale la idea de que la mayoría de las denuncias son falsas
Manifestación en Rosario.
Organizaciones feministas y de la diversidad se concentraron este jueves frente a los Tribunales de Rosario para denunciar lo que definieron como una “campaña de desinformación” orientada a instalar la idea de que las denuncias de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes son mayormente falsas.
La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, desde donde advirtieron sobre la circulación de discursos en redes sociales y medios que plantean una supuesta “masculinidad en peligro” y colocan a los varones denunciados como víctimas.
Según expresaron en un documento, esta narrativa no es espontánea sino que responde a una estrategia política y comunicacional más amplia. En ese sentido, citaron el Informe Nº 29 (2025) del Observatorio de la Uba, titulado “La derecha sale del clóset: ataques a feminismos e ideología de género como batalla cultural”, que identifica la utilización de un “ecosistema digital de influencers, trolls y discursos de odio”.
Desde la Asamblea señalaron que este tipo de construcciones discursivas “buscan proteger la impunidad de los abusadores y disciplinar a quienes cuidan”, en referencia a profesionales, familiares y docentes que acompañan a víctimas.
Durante la concentración, también se hizo foco en datos que contradicen la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas. Las organizaciones recordaron que en Argentina ocurre un femicidio cada 30 horas y que, según estadísticas internacionales, una de cada cinco mujeres y uno de cada diez varones sufrieron abuso sexual en la infancia o adolescencia.
En ese marco, advirtieron que la difusión de estos discursos puede tener como efecto colateral desalentar las denuncias y dificultar el acceso a la justicia.
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Además, manifestaron su apoyo a trabajadoras, en su mayoría mujeres, que intervienen en la escucha y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y que, según denunciaron, están siendo objeto de ataques y cuestionamientos públicos.
Uno de los puntos centrales de la protesta fue la situación de tres psicólogas de Rosario que, según indicaron, están siendo “difamadas e inculpadas” por la presunta elaboración de informes falsos en causas judiciales.
Las organizaciones interpretan estos hechos como parte de una ofensiva más amplia contra el abordaje profesional de los abusos y contra las políticas de protección de derechos.
También cuestionaron el rol de sectores políticos que impulsan el endurecimiento de penas por denuncias falsas. En ese sentido, mencionaron a la senadora Carolina Losada, a quien vinculan con iniciativas que, según sostienen, podrían generar un efecto inhibitorio en víctimas.
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Otro de los ejes de la manifestación fue la defensa de la Educación Sexual Integral (ESI), a la que definieron como una herramienta clave para la detección temprana de abusos.
Las organizaciones recordaron que la ESI permitió que más de 1.000 niñas, niños y adolescentes pudieran identificar y denunciar situaciones de abuso. “Quienes buscan eliminarla o desfinanciarla intentan restaurar el silencio que protege a los abusadores”, afirmaron.
La discusión se da en un contexto donde el sistema de protección de derechos presenta falencias. Según un informe de 2022 del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, elaborado por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y Unicef Argentina, el derecho a la integridad fue el segundo más vulnerado en 2020 en la provincia.
El mismo documento advirtió sobre la falta de respuesta estatal y problemas de articulación entre organismos, lo que impacta directamente en la atención de casos de abuso.
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La concentración en Tribunales expone una disputa que excede lo judicial y se instala en el terreno cultural. Mientras desde sectores feministas advierten sobre un retroceso en derechos y un intento de desacreditar a las víctimas, otros actores plantean la necesidad de discutir garantías para personas denunciadas.
En ese cruce, el riesgo es que el foco se desplace y que, en nombre de ese debate, se debiliten las herramientas construidas en los últimos años para visibilizar y abordar la violencia sexual en la infancia.
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