La Justicia ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner para cubrir el monto fijado en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida busca cubrir el perjuicio económico determinado en la condena por fraude al Estado. El fallo impacta sobre el patrimonio de la expresidenta y otros condenados
Foto: Archivo / La Capital.
Los jueces de Casación dispusieron ejecutar los bienes de la expresidenta, sus hijos y el resto de los condenados.
La Justicia ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner para cubrir el monto fijado en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye, además de la pena de prisión, el decomiso de activos para resarcir al Estado.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.
En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez.
La medida representa un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia, orientada a garantizar el recupero de los fondos públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.
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Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del tribunal.
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