Denuncian penalmente a los fiscales Caterina y Fabbro por coacción y abuso de autoridad

El senador provincial Armando Traferri presentó este jueves una denuncia penal ante la fiscal General de la provincia, Cecilia Vranicich, contra los fiscales rosarinos José Luis Caterina y Marisol Fabbro, a quienes acusó de intentar coaccionar a un abogado, ofreciéndole indebidamente convertirse en arrepentido, con el fin de obtener declaraciones incriminatorias en contra del legislador.

La denuncia tiene como eje central un intercambio de comunicaciones electrónicas que se hicieron públicas recientemente y que el propio Traferri describe en el escrito, enviadas desde la casilla oficial del fiscal Caterina a Víctor Corvalán, defensor del abogado rosarino José Fernández Chemes. Según se expone, en esas comunicaciones los fiscales le anuncian su decisión de avanzar con imputaciones por asociación ilícita en causas en las que Fernández Chemes no reviste calidad de imputado, le ofrecen acogerse a la figura del arrepentido en una "situación de prioridad" respecto de otros investigados, le exigen "estricta confidencialidad y reserva" sobre el ofrecimiento, y le dan un plazo perentorio de 72 horas para resolver.

Uno de los argumentos centrales de la denuncia es la ilegalidad de aplicar la figura del imputado colaborador —comúnmente llamado arrepentido— a quien no reviste esa calidad procesal. En ese sentido, el escrito de Traferri, patrocinado por los abogados Néstor y Mariana Oroño, señala que la figura "solo puede celebrarse con quien aparece como autor o partícipe del delito o los delitos y se encuentra sometido a proceso con motivo del mismo o de los mismos", y que Fernández Chemes no se encuentra imputado en la causa identificada bajo CUIJ N° 21-08438216-4, que es precisamente aquella en la que se pretendía su colaboración.

Desde esa perspectiva, la denuncia concluye que "los fiscales Caterina y Fabbro habrían ofrecido un beneficio legalmente imposible de otorgar en dicho marco, lo cual evidencia que el mail enviado no habría sido un acto legalmente válido, sino un simple instrumento fáctico e ilícito de presión sobre el referido letrado".

El escrito va más lejos y caracteriza el mecanismo utilizado como una "subasta de delaciones" que desnaturaliza la figura del arrepentido: "Esta modalidad —dice la denuncia— para convertirlo en un dispositivo de delación sin anclajes normativos o comprometidos con la verdad. Mutando su ratio legis de utilidad procesal, a una especie de herramienta de persecución política".

Abuso de autoridad, prevaricato y coacción

El senador encuadra las conductas denunciadas en tres figuras del Código Penal. Respecto del abuso de autoridad, sostiene que la utilización del proceso penal para fines ajenos a la justicia y el apartamiento de las formas procesales para "negociar" imputaciones bajo reserva constituyen un "ejercicio arbitrario del poder que la ley les confiere".

En cuanto al prevaricato, afirma que al manifestarle al defensor técnico de Fernández Chemes que “restan practicarse imputativas” y acto seguido otorgar 72 horas para “arrepentirse”, los fiscales subvierten el orden procesal. En lugar de investigar para luego imputar si hay pruebas, habrían anunciado la imputación como un castigo por no aceptar ser colaborador. Agrega que al prometer una "situación de prioridad" en una suerte de subasta procesal, los fiscales estarían dictando directivas basadas en criterios de conveniencia y no en la objetividad que les exige su ley orgánica.

En relación con la coacción, la denuncia señala que la conducta de compeler a un tercero mediante el anuncio de "imputativas pendientes" en una causa en la que aquel no es parte y exigirle una respuesta inmediata para incriminar al senador "es un instrumento coactivo".

En su presentación, Traferri volvió a señalar que las denuncias en su contra constituyen una persecución política, como sostiene desde 2020, cuando comenzó la causa. En ese sentido, cita como antecedentes que las declaraciones en su contra provienen del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y del empresario Leonardo Peiti, quienes obtuvieron importantes beneficios al constituirse en arrepentidos, los cuales les permitieron salir en libertad rápidamente. El legislador siempre ha sostenido que este proceso es fruto de una operación encabezada por el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain (hoy imputado por espionaje ilegal), con la colaboración de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Este último fue apartado tiempo atrás de la causa en medio de un escándalo mediático por su cobertura a una testaferro de Los Monos, mientras que Schiappa Pietra fue mantenido en el lugar de “asesor” de los actuales fiscales.

En este sentido, Traferri solicitó a la fiscal general que la denuncia se gira a una fiscalía de la Primera Circunscripción, es decir Santa Fe capital, y no tramite en Rosario, donde considera que se ha montado toda la persecución de la que es víctima.

La denuncia del senador contra los fiscales se conoce semanas después de que se hiciera público que el auditor General de Gestión del MPA, Leandro Mai, elevó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura una presentación del abogado de Fernández Chemes contra los mismos fiscales por esta cuestión. Y días después de que el propio Traferri denunciara, avalado por un dictamen del reconocido procesalista Alvarado Belloso, que fue “juzgado en ausencia” en el proceso que condenó a Patricio Serjal y un empleado del MPA.