La Justicia santafesina hizo un balance de lo ocurrido tras el crimen en San Cristóbal. Advierten fallas en el resguardo de armas y balas dentro de las casas
El MPA abrió una gran cantidad de investigaciones en escuelas luego del fatal ataque a tiros.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo un balance preocupante sobre uno de los efectos que tuvo el fatal ataque a tiros en una institución educativa de San Cristóbal. Desde el día del crimen se registraron 404 denuncias de amenazas en escuelas de Santa Fe, según precisaron fuentes oficiales este jueves. Y hay 73 autores de amenazas que ya fueron identificados.
La mayoría de las investigaciones que se abrieron en las últimas cuatro semanas se tramitan en la Fiscalía Regional de Rosario. Se trata de 238 casos, más de la mitad del total de la lista que dio a conocer el organismo judicial a través de un comunicado.
Luego de la muerte de Ian Cabrera (13) y el intento de asesinato de otros dos estudiantes, las autoridades expresaron su preocupación por la posibilidad de acceso a balas o armas de fuego. "Es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave y completamente fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes", señalaron voceros del MPA.
Mientras todas las personas denunciadas por las falsas amenazas son menores de edad, los fiscales hicieron un llamado de atención a padres, familiares y adultos —incluso los que no son convivientes— para "extremar de manera rigurosa" las medidas de prevención en sus domicilios. En base a la normativa vigente en todo el país, indicaron que "la responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo".
Desde el crimen en San Cristóbal se llevaron a cabo 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias por denuncias en escuelas de la provincia. Entre los 51 elementos secuestrados se incluyen armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos, balas de calibre 22, teléfonos celulares y armas blancas.
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Las amenazas que investiga la Justicia santafesina se llevaron a cabo de diferentes maneras sin distinción de la ubicación geográfica. La policía recibió avisos sobre carteles, pintadas y mensajes que anticipaban tiroteos. En algunos casos encontraron material balístico y armas reales, mientras que otras eran de juguete. "Estos graves hechos son delitos que se encuentran siendo investigados por fiscales", remarcaron fuentes oficiales.
El reporte del MPA indica que hasta el 21 de abril se hicieron 75 denuncias en la Fiscalía Regional Primera, el área de la capital provincial. Otros 35 casos corresponden a la zona de Rafaela, seguida por Venado Tuerto (33) y Reconquista (23).
Hasta el momento, el MPA identificó a 73 personas vinculadas a las amenazas en instituciones educativas. De ese grupo, 23 están en Rosario y localidades vecinas y 17 son de la región de Venado Tuerto. El resto se reparten entre Santa Fe (15), Rafaela (14) y Reconquista (4). Aproximadamente el 95% son menores de edad.
A nivel local, todas las causas quedaron en manos de la unidad especializada en Cibercrimen. Los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia iniciaron una investigación compleja con medidas bajo reserva e incluso barajan la posibilidad de dar con instigadores detrás de quienes envían los mensajes o pintan las escuelas para generar temor.
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