Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba.

Los imputados son el ex presidente, el ex titular de Nación Seguros SA Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa, "sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas", indicó el dictamen.

Martínez Sosa es un broker que está casado con una secretaria de Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al decreto 823, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal.

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Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los "antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del decreto 823/2021".

También señaló que "puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios".

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede "aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones", se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que "se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto de la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante".