Magistrados de todo el país apoyaron el trabajo de Karina Andrade y pidieron respetar la división de poderes, el sistema republicano y el debido proceso
Karina Andrade, la jueza en el ojo de la polémica
El gobierno nacional criticó el accionar de la jueza Karina Andrade, la encargada e determinar la libertad de los casi 100 detenidos en el marco de las protestas del miércoles en la Plaza del Congreso. Ante esto, los jueces y tribunales de todas las provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron mediante un comunicado "la intromisión" de Casa Rosada en las decisiones de la justicia.
El legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. De esta presentación se hizo eco la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtiendo que “el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”.
La Junta recordó la independencia judicial a partir de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales como “pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho”. En esta línea, sostuvo que reconocer el trabajo de la justicia “resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”.
Por otro lado, el accionar de la Justicia “no son privilegios para los jueves, sino, una institución en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, advirtieron.
“En este sentido, la Junta Federal reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la protección de las garantías constitucionales exhortando a que el debate sobre las resoluciones judiciales se mantenga dentro de la órbita institucional consagrada por la normativa”, sentenció el comunicado.
La jueza Karina Andrade dispuso la libertad de todos los manifestantes detenidos durante la represión en la marcha de los jubilados en el Congreso y remarcó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta “se configuran como derechos baluartes del sistema democrático”.
La magistrada subrayó en una resolución la importancia de estos derechos como garantías fundamentales para que los ciudadanos expresen sus ideas, critiquen a sus representantes y peticionen ante las autoridades.
La decisión judicial se conoció luego de que las fuerzas de seguridad detuvieran a varias personas en el marco de los incidentes ocurridos en la manifestación, que incluyó una fuerte represión con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
La jueza también recordó que los adultos mayores gozan de una protección especial en la Constitución Nacional y en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la ley 27.700.
Sin embargo, el ministro de Justicia nacional, Cúneo Libarona aseguró en su cuenta de X que "no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión", sino que se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad".
Por tal motivo, anticipó que analizará la actuación de la magistrada Andrade ante el Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires por posible incumplimiento de sus funciones.
La imputación prevé una condena de hasta 25 años de prisión por la muerte de Tania Gandolfi y Agustina García en el siniestro vial
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