La unificación del Colegio de Jueces y Oficinas de Gestión, entre otros, llegaron a una reunión de la Corte y magistrados. El paquete de seguridad todavía se analiza
Por Facundo Borrego
El gobierno provincial apunta contra los jueces de la Corte Suprema santafesina.
La Corte Suprema de Santa Fe recibió este martes, en el marco de la acordada, a los presidentes de las Cámaras Penales y al Colegio de Magistrados. Los invitados estaban preocupados y hasta “algo alterados”, según comentó uno de los presentes, por modificaciones que se discuten en este momento en la Legislatura y que, entienden, afectarían la operatividad judicial.
Eso se llevó el grueso de los dos encuentros. En tanto, la reforma de seguridad que impulsa el Ejecutivo provincial y que generó controversia en algunos ámbitos sobrevoló las conversaciones, pero todavía no termina de madurar en la Corte, donde se evalúan los pasos a seguir.
Según confirmó La Capital, los colegios de jueces de segunda instancia no fueron a hacer un planteo sobre las reformas de las leyes de seguridad. “Se conversó ligeramente; el tema quedó flotando”, reconoció una fuente al tanto.
Por su parte, el Colegio de Magistrados hizo algún comentario atento al impacto sobre las libertades, por lo que entienden que es necesario que "el tratamiento no sea a libro cerrado ni exprés".
Por ahora, la Corte Suprema analiza cómo abordar y manifestarse. Naturalmente, esperan ver cómo evoluciona el proyecto porque está en análisis y algunos diputados oficialistas reconocen que deben hacerse cambios.
Que no se haya abordado ni fueran convocados a la elaboración no quiere decir que los operadores de la Justicia no estén en tema. Tampoco los magistrados pueden opinar porque, si la reforma se aprueba y llega a juzgamiento, pueden incurrir en adelanto de opinión y, eventualmente, ser motivo de recusación.
Lo único que sostienen off the record algunos operadores de la Justicia es que debe analizarse situación por situación, porque hay cuestiones que pueden estar lindando con lo inconstitucional y otras dentro del límite. Una fuente de tribunales puso el ojo sobre la ampliación de la autoridad a la policía y de la fiscalía como primer resorte de garantías.
Los camaristas, sobre todo, plantearon que las modificaciones a la ley Nº 13.018, que persigue la unificación de los colegios de magistrados en materia penal y de las oficinas de gestión judicial para primera y segunda instancia, y los cambios en las escalas de apelación podrían afectar el funcionamiento de los tribunales.
“¿Cómo un juez de Reconquista va a atender un caso de Rosario? ¿Cómo hacemos con eso, vamos a hacer audiencias por Zoom?”, soltaron en una reunión respecto del proyecto que busca optimizar recursos y cubrir vacantes sin el criterio de asiento territorial.
“En eso hay una mirada unánime, no solo en el fuero Penal sino hacia afuera, en el sentido de que no parece una idea viable tener una sola oficina de gestión judicial y colegio de jueces desde el punto de vista práctico”, sumaron.
Otro problema que observan con cautela son los cambios en los recursos de apelación. Actualmente, cuando la pena es mayor a cinco años, interviene un tribunal pluripersonal y el proyecto del oficialismo lo quiere llevar a 18 años, lo que les parece excesivo porque deja los casos graves en manos de un solo juez.
Esta semana, o en su defecto la siguiente, los camaristas presentarán a la Corte una nota tratando de unificar los planteos y criterios mencionados. Luego, eso sería evaluado por los ministros para ver si amerita un estudio sobre algún punto y, eventualmente, presentarlo como opinión no vinculante a la Legislatura. Eso ya se hizo en otras oportunidades, como con la reforma laboral.
Por lo pronto, en la Justicia esperan que haya algún margen para poder corregir ciertos puntos. Incluso, hay quienes confían en que los proyectos presentados por el Ejecutivo estiraron los límites en un primer momento, para después asegurar un beneficio concreto.
Por Aníbal Fucaraccio
