El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Martín Soria, sostuvo este viernes que la magistrada federal María Eugenia Capuchetti “se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” del gobierno de Mauricio Macri y recordó que, oportunamente, la denunció por tener “serios vínculos” con los ex funcionarios de ese organismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
“Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con Arribas y Majdalani y otros dirigentes del PRO”, dijo Soria.
En esa línea, el funcionario consideró “inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO (por los tribunales de Comodoro Py) al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
“En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto de 2020 junto a varios legisladores, expusimos los vínculos de la jueza con Arribas y Majdalani, que se la pasaba entrando a la sede de la AFI. Eso quedó registrado”, recordó Soria.
El jueves pasado, Cristina anunció que recusará a la jueza que instruye en la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1º de septiembre, en tanto que la querella de la ex mandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
A su turno, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el pedido de recusación a Capuchetti por el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta es “tardío” y, aunque deseó que prospere el proceso, se manifestó “pesimista”.
“Creo que este remedio de la recusación es tardío, porque tendría que haberse aplicado cuando se borró el celular de (Fernando) Sabag Montiel”, dijo el letrado.
Al respecto, añadió que ese hecho le “hizo pensar que Capuchetti no estaba capacitada para llevar adelante algo tan importante como es la investigación de un acto terrorista contra la vicepresidenta”.
Revolución Federal
Paralelamente, la Cámara Federal convocó para el 23 de noviembre próximo a una audiencia para tratar los recursos de los cuatro procesados de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Se trata de los procesamientos contra Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, por integrar una organización que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, y de Sabrina Basile, por apología del delito.
Los tres primeros podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de cárcel, en tanto que Basile sólo sería pasible de una sanción de un año, generalmente en suspenso.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convocaron a las partes, pero todavía no está definido si la audiencia será presencial o por vía remota.