El oficialismo buscará sesionar el próximo jueves: la disputa política se traslada al Senado nacional

En cabeza del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, el oficialismo acelera forzando los límites de una compleja identidad desdoblada: la de presentarse como el gobierno efectivamente en funciones, por un lado y una promesa de futuro inmediato, con cambios de gestión profundos, por el otro. Pretende un gobierno distinto, aun siendo gobierno, empezando por el nombre de quien se postula para el Sillón de Rivadavia: Sale Alberto Fernández y ¿llega Massa?

Al cabo, el peronismo, ese diverso espectro del campo nacional -hoy puesto en jaque cómo pocas veces en su historia-, es eso: un dispositivo versátil, con distintos liderazgos según las épocas, que pretende leer los vectores principales de cada tiempo histórico y representar de un modo prioritario a los intereses de la base de la pirámide social.

Falta de dólares, inflación y una negociación de cuatro meses con el FMI que derivó en la devaluación posterior a las elecciones Paso, terminaron por configurar un piso muy bajo de relanzamiento desde donde Massa sueña con rebotar hacia arriba.

“Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”, canta Serrat en su mítica canción. Con todo, el equipo económico da por probado que la Argentina no cayó en ningún pozo y que todo podría haber sido peor si no fuera porque Cristina Kirchner cacheteó justo a tiempo a Alberto Fernández y provocó finalmente la renuncia del anterior ministro Martín Guzmán.

Para favorecer la llegada de Sergio Massa, que termina lanzado a una candidatura presidencial desde una plataforma incómoda, desgastante y ajena a la recomendación de cualquier manual político: el Ministerio de Economía de la Nación, responsable en primera línea de la devastación de la moneda nacional y, al cabo, una amenaza para propia identidad democrática.

En la semana que pasó, el Palacio del Congreso (Diputados), fue el escenario del primer éxito político visible del candidato de Unión por La Patria, logrando ganar con cierta comodidad una votación que cambia radicalmente una legislación vigente por décadas, y derogar el impuesto a la 4ta categoría de ganancias.

En la semana que comienza, todas las miradas estarán puestas en el recinto del Senado. Todo indica que el próximo jueves 28, el oficialismo y la oposición se juegan una partida decisiva: si el FdT junta a todos sus soldados, y mantiene el acuerdo con el puñado de aliados que lo acompañan (imprescindibles para el quorum), la eliminación de la 4ta categoría sería ley vigente a partir de enero del 2024.

También tendrían sanción completa la creación de cinco nuevas universidades nacionales (tres en la provincia de Buenos Aires, una en Córdoba, y la restante la de Madres de Plaza de Mayo, con sede en la Capital Federal) que llegaron con la aprobación desde Diputados.

Otra disputa intensa que se promete para el próximo jueves 28 será sobre la retocada ley de alquileres. El oficialismo con aliados, y luego de promover dos sesiones de comisiones con invitados tanto del sector inmobiliario como de los inquilinos, construyó un nuevo dictamen de mayoría que modifica la periodicidad en los ajustes del monto de los alquileres (según la ley vigente, de un año a seis meses), a la vez que por primera vez introduce beneficios impositivos para aquellos propietarios que coloquen en oferta mayor cantidad de unidades habitacionales.

Juntos por el Cambio (JxC), por su parte, buscará insistir con la media sanción, tal cual llegó desde Diputados, donde las fuerzas opositoras habían conseguido una media sanción en la Cámara baja (125 votos) bajando de tres a dos años el tiempo mínimo de los contratos, a la vez que posibilitaba la indexación cuatrimestral de los contratos con un criterio flexible, no oficial, dominado en la práctica por el oferente y no por el inquilino.

Con todo, y siempre el oficialismo siente 37 senadores a la hora señala, el plato fuerte que también llegará finalmente al recinto el próximo jueves, serán los pliegos de 75 jueces federales que ya han recorrido un largo camino para calificar en las distintas instancias concursales y de selección, y que ya fueron habilitados por la comisión de Acuerdos del Senado. Pero, hasta ahora, el oficialismo falló toda vez buscó el quorum para finalmente darle luz verde a los jueces federales que esperan desde hace años ocupar las vacantes desiertas en más de una decena de provincias argentinas. Santa Fe, una de las principales, entre ellas.

Con un elemento adicional, que agrega confusión y conflicto político de incierto destino: entre los pliegos a votar, figura el de la jueza Ana María Figueroa, que cumplió 75 años y que va por una prórroga en su mandato. Y sobre quien la Corte Suprema de Justicia dictaminó en las últimas semanas que se tiene que jubilar. José Mayans, titular del bloque del FdT en el Senado, avisó que mientras el pliego está vigente y con todos los pasos formales para su aprobación en el recinto, el pliego Figueroa será tratado.

“El Poder Ejecutivo, que envió el pliego, no lo retiró y nosotros somos el Senado. La Corte Suprema no puede meterse en un trámite legislativo”, definió dirigente peronista formoseño. Con todo, los pliegos de los jueces se votan en el recinto de a uno, salvo que haya acuerdo para votarlos a todos en bloque. Podría suceder que determinados pliegos obtengan la votación por mayoría, y otros no.

El oficialismo, hasta hoy, mantiene aceitada y restablecida la relación política con el sector del bloque Federal (escisión del último verano) y de una tríada de senadores de monobloques provinciales. Pero en el rubro aprobación de pliegos de jueces, sobre todo el de la jueza apuntada por la Corte, Figueroa, las negociaciones prometen ser muy ajustadas y hasta el final. Y no se descarta un conflicto de poderes.

A fuerza de ametrallar con políticas de recuperación de ingresos, el candidato ministro Massa también puso en marcha (por decreto) una impactante devolución del IVA (21 por ciento) para todas las compras de productos de la canasta básica adquiridos con tarjetas de débito, que alcanzan a un universo gigante de cerca de 20 millones de argentinos. La resolución ya opera, pero tendrá (ingresando por Diputados) y un perfeccionamiento legislativo, de manera de extender y consolidar en el tiempo su vigencia.

Sorpresivamente, entre spots y debates televisivos de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre, el Congreso permanece activo y luce como plataforma desde donde se discute presente y futuro de la Argentina. Como tantas veces, el país político ante un final abierto.