Una primera denuncia sobre el supuesto desvío de los fondos se había presentado en Buenos Aires, pero fue archivada. Luego se formalizó otra en Santa Fe a partir de que trascendiera quién era señalado como el encargado de llevar los supuestos envíos de dinero a Rosatti: el ex chofer de Balbarrey, Carlos Vera.
Esa persona habría sido forzado a firmar una declaración que favorecía al actual juez de la Corte en una escribanía de la capital provincial.
La causa tuvo sus cimbronazos. A principios de agosto el fiscal ante la Cámara federal de Apelaciones de Rosario, Oscar Fernando Arrigo, avaló que se investigue la denuncia contra Rosatti al rechazar un recurso de apelación del fiscal de la ciudad de Santa Fe que entendía que corresponde el archivo de las actuaciones.
Ahora, el expediente 4049/21 que se tramita en la secretaría penal del juzgado federal de Rodríguez arrojó más novedades. El magistrado dio a conocer una resolución por la cual rechaza el planteo de recusación que hizo Rosatti a través de un escrito que presentó con patrocinio del abogado penalista Ignacio Alfonso Garrone.
La recusación y apartamiento de Rodríguez que promovió Rosatti se funda en el “temor de parcialidad”. Señaló que se generó una “situación de animadversión” hacia él y su familia que “no sabe cuándo se originó”, pero que justificó en una denuncia penal que formuló Rodríguez en 2017 contra Emilio Rosatti, hijo de ministro de la Corte, por un supuesto caso de acoso sexual cuando se desempañaba como secretario electoral del juzgado a cargo de Rodríguez.
Según fundamentó el miembro de la Corte, esa denuncia fue “incorrectamente realizada, colocando a su hijo en una situación de estigmatización, por ponderar injustificadamente como responsable de un delito aberrante”.
Y recordó además que la denuncia “fue archivada por el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, con dictamen en el mismo sentido del fiscal federal Nº1, quien señaló que se desconocían datos o circunstancias de tiempo, modo, lugar, como así también quienes serian las presuntas víctimas”.
De acuerdo a la exposición de Rosatti, a partir de esa circunstancia su hijo debió pedir licencia y recaló en otra dependencia, lo cual lo colocó fuera del poder disciplinario de Rodríguez, y que ello resintió la relación personal entre el magistrado de la Corte y su hijo con el juez.
Sin embargo Rodríguez rechazó el planteo. En un escrito fechado el 27 de agosto, refiere que “de la literalidad de la norma (artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación) se desprende con claridad que no es motivo de recusación ni pone en juego mi imparcialidad el supuesto de haber denunciado a un familiar del denunciado”, expresa el juez en su resolución”
El magistrado refiere que el motivo de la denuncia contra el hijo de Rosatti el 5 de febrero de 2017, “no fue ninguna animadversión para con el juez de la Corte o su hijo", sino “la obligación legal” que recae sobre su persona en carácter de funcionario público y titular de un juzgado federal, como así también “el cumplimiento de la obligaciones asumidas por el Estado Argentino en pos de garantizar los derechos de las mujeres a una vida sin violencia y sin desigualdad de género”.
Sobre la “enemistad manifiesta” o “inquina” que alegó Rosatti en virtud de las particulares circunstancias que envuelven el caso, Rodríguez dice que la causal de apartamiento solo se puede dar en el supuesto de que se manifieste por “hecho o actos que demuestren con claridad ese estado de ánimo”.
Luego de definir que la enemistad significa “aversión u odio entre dos o más personas”, y que para proteger la garantía de imparcialidad del juez para su apartamiento se requiere “la enemistad” manifiesta, Rodríguez expresó que en el caso “no existe ningún tipo de animadversión” de su parte hacia Horacio Rosatti.
“Como puede advertirse en las constancias de en la causa principal, no hay ninguna manifestación fuera de lugar, ni siquiera irrespetuosa, y mucho menos con contenido de odio o que encierre animadversión hacia el nombrado”, recalcó el juez otro párrafo de su escrito de rechazo de la recusación en relación al tratamiento del expediente donde se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del ministro de la Corte.
En ese sentido refuerza que “llama la atención las razones con las cuales el se sustentan la petición”, en tanto considera “que responden a una imperiosa necesidad de buscar motivos, desde ya inexistentes, para el apartamiento del suscripto más que a un supuesto contemplado en la normativa procesal penal”.
En lo medular, sostuvo el juez Rodríguez: “Mi manera de proceder a partir de la toma de conocimiento de un posible acoso de parte del por entonces secretario electoral (hijo de Rosatti) obedeció pura y exclusivamente a cumplir con mis obligaciones legales como funcionario público”.
Además, según expresa el juez, la designación del funcionario en otra sede del Poder Judicial ocurrió luego de que Emilio le presentara una nota solicitando una licencia. “En ningún momento esa licencia se vio precedida de conflictos personales o laborales, y en modo alguno puede afectar mi imparcialidad para con el doctor Horacio Rosatti, con quien no he tenido planteo directo de ninguna índole”.
“Ante el contexto descripto, resulta palmaria la objetividad en mi actividad jurisdiccional y el apego estricto a la ley, por lo tanto mal puede visualizarse algún tipo de inquina contra Horacio Rosatti. No surge del expediente principal que hayan existido hecho objetivos que den crédito a la animosidad alegada”.
Una vez contrastados los argumentos de Rosatti, el juez afirma que “resulta notoria la improcedencia de su solicitud”, por eso se inclinó por rechazarla, “toda vez que no se advierte la existencia de las causales fijadas por la norma”.
El magistrado concluye que “no se advierte razón fundada –ni objetiva– para sostener el temor de parcialidad. Los argumentos brindados por el denunciado no resultan suficientes para lograr mi apartamiento del conocimiento de la causa”.
“Las razones expuestas por el abogado defensor no presentan el mínimo sostén jurídico requerido para el apartamiento del juez natural de la causa, y por ello deben ser rechazadas, no habiéndose configurado ningún supuesto donde las relaciones o actitudes con la materia del proceso sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de mis decisiones”.
En la resolución, Rodríguez también notifica que el incidente será elevado al Tribunal de alzada que corresponde, en este caso, la Cámara Penal Federal de Rosario, que deberá expedirse por la confirmación de la resolución o la revocatoria. En este último caso, la controversia podría llegar a los Tribunales de Casación Penal.