La Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso extraordinario al gobierno nacional que dejó en suspenso la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario.
La decisión judicial deja en pausa la aplicación de la ley y estira la definición del conflicto hasta la Corte Suprema
La ley de financiamiento universitario es el centro del conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas.
La Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso extraordinario al gobierno nacional que dejó en suspenso la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario.
En este contexto, la discusión quedó encaminada hacia la Corte Suprema y el oficialismo ganó tiempo para evitar, al menos por ahora, el desembolso de fondos destinados a salarios docentes, becas estudiantiles y funcionamiento de las universidades nacionales.
El fallo del tribunal, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, resuelve en favor del planteo presentado por el Estado nacional en el expediente, en el cual la propia cámara se había expedido mediante una cautelar en favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que ordenaba cumplir con la normativa.
La resolución de este jueves manifiesta que "el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (...) no reviste el carácter de sentencia definitiva" por lo que hicieron lugar al planteo del gobierno al pronunciarse "en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa".
"Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comunicaron desde Capital Humano al respecto del fallo.
En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello recordó que a través del Decreto N° 759/25 se promulgo la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento ya que, según afirman, "su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas".
En ese marco, argumentó la suspensión en pos de "de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado".
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Mientras las tensiones con el gobierno nacional siguen en aumento, las universidades públicas llamaron a una Marcha Federal Universitaria el próximo martes 12 de mayo para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento.
Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirmó su participación en una movilización en la que participaran estudiantes, docentes, nodocentes y distintos sectores de la comunidad universitaria.
Según informaron desde la UNR, la concentración comenzará a las 15.30 en plaza San Martín. Desde allí, los manifestantes marcharán hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde a las 17 se realizará el acto central.
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