El gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de reforma de la ley penal juvenil, luego de haberlo enviado este lunes al Congreso de la Nación.
El oficialismo avanzará con la iniciativa que tuvo dictamen el año pasado pero con modificaciones, a fin de debatir el tema este jueves en Diputados
El gobierno nacional impulsa la baja en la edad de punibilidad.
El gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de reforma de la ley penal juvenil, luego de haberlo enviado este lunes al Congreso de la Nación.
Según trascendió, la razón fue que el oficialismo incluyó su propuesta bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.
De esta forma, el proyecto que se debatirá ahora en el Congreso es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que en esta oportunidad el gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete. En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
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Por otra parte, el proyecto oficial tal como ingresó al Congreso reducía la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, mientras que el dictamen de 2025 situaba la edad mínima punible en los 14 años, un umbral que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas de la oposición.
El dictamen que se retomará conserva la estructura general del régimen penal juvenil, con un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y la prioridad de medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La privación de la libertad seguirá reservada para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con adultos.
Además, se incorpora la facultad del Estado nacional de realizar convenios con las provincias para la implementación del régimen, un reclamo de los gobernadores que habían advertido sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en los distritos.
El anuncio de mejoras laborales por parte del Ejecutivo provincial no fue interpretado como una recomposición salarial real.
Por Carlos Durhand
Por Hernán Cabrera