El juez Casanello lo acusó de liderar una asociación ilícita. Otros 18 fueron procesados en el caso que salpica al entorno de Milei
Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por liderar una presunta asociación ilícita que habría desfalcado al organismo mediante un sistema de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos de alto costo. La decisión judicial alcanza también a otros 18 acusados, entre funcionarios y empresarios vinculados a droguerías proveedoras del Estado.
El caso explotó tras la filtración de audios en los que Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei y uno de sus hombres de mayor confianza, mencionaba un presunto sistema de "retornos del 8 %" que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Spagnuolo no era un funcionario menor en la administración libertaria. Militante de La Libertad Avanza desde 2021, cuando fue candidato a diputado en la lista que encabezó Milei, el abogado llegó a la Andis por designación directa del presidente. Los registros oficiales revelan que visitó la Quinta de Olivos 38 veces entre enero de 2024 y marzo de 2025, convirtiéndose en la cuarta persona con más ingresos a la residencia presidencial.
Formaba parte del selecto grupo de economistas y amigos que compartían domingos de ópera con el mandatario. Incluso, en noviembre de 2024 coincidió en Olivos con Mauricio Novelli, el trader involucrado en el caso $LIBRA, según consta en los registros oficiales.
En los audios que le atribuyen, Spagnuolo aparece alertando sobre irregularidades en su propio organismo. "Me están desfalcando la agencia", dice, y menciona que el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, "tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba", en clara alusión a que esa presunta recaudación ilegal llegaría a funcionarios superiores.
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Según su versión, habría advertido al presidente sobre estos hechos de corrupción. Sin embargo, tras la difusión de las grabaciones, tanto él como Garbellini fueron apartados de sus cargos.
El fiscal Franco Picardi fue contundente al solicitar la detención de los imputados. Describió a la ANDIS —organismo que debe diseñar políticas de inclusión para personas con discapacidad— como "el centro de operaciones de diversas actividades ilícitas" durante la actual gestión.
"La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia", sostuvo Picardi en su dictamen de noviembre de 2025.
El fiscal denunció un esquema que incluía compras discrecionales direccionadas hacia proveedores vinculados con funcionarios, intervención de personas ajenas al organismo que decidían pagos mediante manipulación del sistema interno (SIIPFIS), adjudicación de medicamentos con sobreprecios y pago de coimas a autoridades de la agencia.
Casanello procesó a Spagnuolo sin prisión preventiva como jefe de asociación ilícita y autor de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra el Estado y cohecho pasivo. El juez determinó que el exfuncionario "permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios" para beneficiar a determinadas droguerías, "a cambio de diversos beneficios económicos indebidos".
También fueron procesados Daniel Garbellini (por los mismos delitos, excepto cohecho), Miguel Ángel Calvete (vinculado a las droguerías proveedoras) y Pablo Atchabahian, quien había ocupado el cargo de Garbellini entre 2018 y 2019.
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Entre los 19 procesados figuran además exdirectivos de Andis como Diego D'Gianom y Roger Edgar Grant; la exfuncionaria Luciana Ferrari; y representantes de droguerías como Andrés Arnaudo (Génesis), Silvana Escudero (New Farma) y Alejandro Fuentes Acosta (Floresta), entre otros.
El juez ordenó además citar a indagatoria a otros seis imputados y a las personas jurídicas de cuatro droguerías, y dispuso medidas preventivas sobre las empresas involucradas en la investigación.
Eduardo "Lule" Menem, mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo, es primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y brazo derecho de Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza. Como subsecretario de Gestión Institucional, depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce la hermana del mandatario.
Con un pasado como secretario privado de Eduardo Menem en la década de 1990 y posterior colaborador de Carlos Menem en el Senado, Lule declaró un patrimonio de 4,8 millones de pesos, un 30 % menos que en 2023, compuesto únicamente por ahorros en pesos, créditos a favor con la Afip y una camioneta Hyundai Tucson sin valoración.
La denuncia se realizó a partir de mensajes con amenazas que recibió la expareja del chico, que fue privado de su libertad por un hombre de 34 años, apodado "Menudo"
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