El MPA abrió una investigación penal contra agentes que habrían incumplido funciones durante la protesta policial
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de los hechos ocurridos en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
La actuación judicial se puso en marcha luego de que la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción recibiera un informe del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en el que se consignan presuntas irregularidades durante una protesta protagonizada por efectivos policiales frente a la sede de la Unidad Regional II.
Según surge de las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado no habría cumplido con el servicio al que estaba asignado, lo que abrió la puerta a la intervención penal, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.
La investigación estará a cargo de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Además, el MPA aclaró que analizará específicamente aquellos casos en los que la conducta del personal policial haya comprometido la seguridad pública.
“Particularmente, se evaluará si se produjo algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron desde el organismo judicial, dejando abierta la posibilidad de ampliar responsabilidades si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.
"Esto no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, es cruzar una línea y no lo vamos a consentir", sentenció el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa. Así se refirió al despliegue de "acciones ilícitas y en algunos casos violentas" con el fin de "golpear una política exitosa".
El ministro se mostró preocupado por el cese de actividades de al menos 20 unidades en el inicio de la jornada. "Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado", deslizó. Además, anticipó que habrá más pases a disponibilidad a medida que avance la investigación administrativa y notificarán al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para abordar el caso en el terreno judicial.
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El funcionario confirmó que se encuentra en diálogo permanente con su par nacional, Alejandra Monteoliva, para garantizar el patrullaje en Rosario y otros puntos de la provincia en caso de ser necesario. Al respecto, destacó que las fuerzas federales tuvieron un despliegue importante cuando se frenó la labor de una parte de los efectivos provinciales.
En cuanto al plan de acción para normalizar la actividad, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad descartó cambios inmediatos en la cúpula policial. "Vamos a respaldar el trabajo de los jefes, empezando por el jefe de provincia, que fue en persona a evitar que un grupo de manifestantes se acerque y bloquee el portón, tal como le fue ordenado por mí", aclaró respecto de los incidentes de esta madrugada en Ovidio Lagos al 5200.
Cococcioni enfatizó que el fondo de la protesta es legítimo, pero consideró que el escenario actual no es el mismo que el de la semana pasada. En cuanto a lo ocurrido en los últimos días, señaló: "Tenemos registro de personas encapuchadas o con la cara tapada que han intentado camuflarse entre la multitud, claramente referenciadas a sectores concretos desplazados de la institución en la Unidad Regional II".
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El ministro de Justicia y Seguridad comentó que la investigación interna avanzó en base a material que "los participantes suben a redes sociales" durante cada manifestación. "Se levantan y se resguardan videos e imágenes de claras transgresiones que publican los propios protagonistas", apuntó.
El abogado Gabriel Sarla sostuvo este martes que la manifestación frente a la sede de la Unidad Regional II expresa la inconformidad con las mejoras laborales anunciadas por el gobierno provincial. En cuanto a la recomposición de haberes, argumentó que no recibieron un aumento salarial sino un "plus no remunerativo" y remarcó: "Obviamente no se tomó bien porque no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo un incremento en el sueldo para la totalidad de la policía y no para unos pocos".
El representante legal de los agentes que iniciaron la protesta el último miércoles consideró que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe no atendió el reclamo con las medidas presentadas la semana anterior. "Salió con un paquete de medidas, tratando de calmar la situación, y lo único que hizo fue intentar dividir", comentó.
El letrado recordó que el pedido inicial se refería a la implementación de "un tratamiento psicológico integral que no se le estaba dando al personal". Entre otros factores, se refirió a la "falta de sueño y largas jornadas laborales", así como a los servicios adicionales, porque el policía "no llega ni a la mitad de mes con el sueldo".
Las primeras protestas surgieron tras la muerte de Oscar "Chimi" Valdez, un suboficial de 32 años que estaba con carpeta médica por problemas de salud mental y el lunes 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera para dispararse. Dos días después, el uniformado falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
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