El gobierno de Javier Milei reglamentó los plazos de implementación del "silencio positivo" y dispuso que el 1° de noviembre comenzara a regir. La norma establece que la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento será tomado por aprobado.
Con la medida, si una autoridad competente no responde en un plazo estipulado una autorización, la solicitud queda aprobada. Se busca agilizar y desburocratizar
El gobierno de Javier Milei busca agilizar trámites del Estado
El gobierno de Javier Milei reglamentó los plazos de implementación del "silencio positivo" y dispuso que el 1° de noviembre comenzara a regir. La norma establece que la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento será tomado por aprobado.
A través de la decisión administrativa 836/24, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó el cronograma de aplicación del "silencio positivo" incluido en la Ley Bases, una medida que busca agilizar los trámites del Estado.
"A partir del 1º de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales trámite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos", establece.
La medida de silencio con sentido positivo significa que si el Estado en un lapso determinado no responde a un trámite, automáticamente queda autorizada la petición. Es decir, si el plazo vence sin una respuesta, se asume directamente que la solicitud ha sido aprobada.
De esta forma, se busca simplificar y acelerar los trámites, evitando la parálisis administrativa por falta de respuesta. Esto abarca a la totalidad de los procedimientos administrativos de las distintas reparticiones de la Administración Pública Nacional en los cuales se tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, excepto cuestiones vinculadas a la salud, derechos sobre bienes del dominio público la salud pública y el medio ambiente, entre otros.
Según el gobierno, sin el silencio positivo existía la posibilidad de que el funcionario cajoneara el trámite y se habilitaba el escenario a posibles coimas.