En el marco de la guerra en Medio Oriente, el canciller israelí, Gideon Sa'ar, destacó la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y de exigir su salida del país en un plazo de 48 horas.
“Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán, y de expulsarlo del país”, escribió el alto funcionario de Israel.
La decisión de Cancillería
La medida fue difundida por Cancillería a través de un comunicado que publicó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y fue reproducida en redes sociales por Milei.
La resolución de Cancillería es una consecuencia directa del comunicado iraní que cargó contra el gobierno argentino por su supuesta “responsabilidad internacional” en la proliferación del conflicto bélico luego de que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.
El régimen del país persa había condenado “enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y tildado la decisión como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, la declaración aseveró que la medida “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino” y adjudicó la decisión a la influencia de “Estados Unidos y el régimen sionista ocupante”, en alusión a Israel.
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En el escrito de la Cancillería argentina, se explica que la decisión de expulsar al funcionario iraní se adoptó "de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el cual permite que un Estado pueda echar a un representante extranjero.
El comunicado argumenta que la expulsión de Soltani Tehrani obedece a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la Amia”, así como al “nombramiento de personas buscadas por la Justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.
La declaración argentina, asimismo, cuestiona el sostenido incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables imputados por la Justicia argentina.