El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, rechazó ayer la posibilidad de que prospere algún pedido de inconstitucionalidad contra la reforma judicial impulsada por el gobierno, al sostener que los seis proyectos enviados ayer al Parlamento "están apegados a derecho y a la Constitución".
Por su parte, el senador Aníbal Fernández advirtió que la iniciativa "no necesitará cambios" en la discusión parlamentaria.
"Ninguno de los proyectos presenta ningún tipo de ribete que pueda ser cuestionado", afirmó Abal Medina sobre la iniciativa, que cosechó un fuerte rechazo de la oposición.
El funcionario aclaró que se trata de temas "que se venían hablando desde hace mucho tiempo" en el país. En ese sentido, hizo alusión al caso de "las medidas cautelares que afectan decisiones de Estado, que por su propia condición debería tener definiciones muy breves", y explicó que la reforma judicial busca ponerles un plazo de duración de sólo seis meses.
Al respecto, indicó que "hasta diez años, en algunos casos se logra —mediante las cautelares— impedir que la acción del Estado pueda funcionar", y que ahora "van a ser discutidos como corresponde".
Por otra parte, Abal Medina, destacó que para el ingreso a la Justicia, se propone "un sistema similar al del Estado, con concursos públicos y abiertos, donde todos los ciudadanos puedan presentarse, y no sea como antes, todavía en sectores de la Justicia, donde hay una tendencia que ingresen familiares o amigos".
En ese sentido, el funcionario destacó la posibilidad de que existan "procedimientos públicos absolutamente transparentes que permitan competir con igualdad de condiciones como lo indica la Constitución nacional".
En tanto, Aníbal Fernández consideró que "se puede estar tranquilo" con el proyecto de reforma judicial y planteó que no necesitaría cambios en su debate parlamentario porque la iniciativa carece de "errores".
"Ya viene discutido y preparado. Tampoco uno tiene que ser un negado para que habiendo un error no pueda ser subsanado para llevarlo a la práctica. Lo hemos chequeado y estamos tranquilos de que no debiera haber objeciones", advirtió el ex jefe de Gabinete.
Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti se lamentó porque los opositores no hayan participado del lanzamiento de la propuesta porque se trata de un tema que "requiere análisis, profundización y aportes".
Otro respaldo. La corriente Justicia Legítima respaldó ayer los seis proyectos para modificar el poder Judicial, los que —aseguró— implican un "cambio radical en la Justicia" y "quiebran los sistemas corporativos".
Al analizar los cambios propuestos, la máxima referente de la agrupación, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien participó de un encuentro de funcionarios y empleados tribunalicios en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, aseguró que "la impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura", por lo que defendió la ampliación de 13 a 19 los miembros de la Magistratura y que sean elegidos por el voto popular.
"Que la Justicia esté al servicio de la comunidad no es suficiente con una sola reforma sino con una batería", agregó Gils Carbó.
En la misma línea se pronunciaron la defensora Fernanda López Puleilo y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.
El Ejecutivo envió ayer los seis proyectos, tres de los cuales comenzarán hoy a ser tratados en comisión por el Senado, mientras que el resto los evaluará Diputados.
En la Cámara alta ingresaron los proyectos para limitar las medidas cautelares, ampliar el número y modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y la creación de tres nuevas cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, en Civil y Comercial, Penal Económico que se sumarán a la actual de Casación Penal.
En este contexto, el Frente para la Victoria convocó para hoy a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda para tratar la ampliación y modificación de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.
En tanto, mañana, las comisiones de Justicia y de Presupuesto tratarán la creación de las tres cámaras de casación, mientras que se espera fecha para que Legislación Penal y de Justicia discutan el proyecto para limitar las cautelares.
Por su parte, Diputados, en fecha a designar, tendrá a su cargo los proyectos de ley para regular el ingreso igualitario y democrático de personal al Poder Judicial, para dar carácter público y libre acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, más la obligación de publicar por internet todas las decisiones de la Corte.
Carta del Papa
El Papa Francisco le envió una carta a Lorenzetti, en la que le dijo: "A Dios le hablaré de usted y del importante quehacer que desempeña y le diré que lo ayude en su ardua labor", y agregó que "administrar justicia no es fácil y no faltan dificultades, sin embargo no se puede perder el ánimo".
La corte evitó los comentarios
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, evitó ayer pronunciarse sobre los proyectos para democratizar la Justicia ya que “es probable” que el alto tribunal deba expedirse sobre el caso. “Tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad; es una iniciativa del Ejecutivo y el Congreso debe discutir estas leyes”, sostuvo Lorenzetti, quien estimó que de judicializarse la cuestión la Corte que integra “deba opinar luego”. En ese sentido, el titular del cuerpo, acompañado por Carmen Argibay, Helena Higton y Juan Carlos Maqueda, prometió que en caso de pronunciarse lo harán “con la honestidad intelectual que nos caracteriza”.
Por Javier Felcaro
Por Carina Bazzoni
Por Elbio Evangeliste
Por Nicolás Maggi