El jefe de Gabinete de la Nación es cuestionado porque el gobierno no puso en marcha la norma aprobada. Quieren una moción de censura y que lo expulsen
Foto: Archivo / La Capital.
Guillermo Francos, acorralado por la no aplicación de la ley de discapacidad.
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, es quien empieza a pagar los costos de que el gobierno nacional postergara la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad que ya fue promulgada luego de que el Congreso diera vuelta el veto del presidente Javier Milei. Diputados quiere que quede afuera del gobierno mediante un mecanismo constitucional.
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de resolución para interpelar al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura. El proyecto tiene la firma de figuras fuertes de la oposición como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
La medida surge después de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la ley 27.793 de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso pero postergada su aplicación mediante una cláusula que exige al Congreso que diga de dónde provendrán los fondos para ejecutarla.
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En el proyecto se enumeran causales graves como la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias.
La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Es una medida creada en la reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución. Consta de dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras. En segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado.
En la Argentina la moción de censura no implica responsabilidad política del presidente ni del Jefe de Gabinete, sino solo la eventual sustitución del funcionario interpelado, que puede ser reemplazado por decisión presidencial o, en casos extremos, mediante juicio político. Diferente es en los sistemas parlamentarios.
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