El gobierno nacional promulgó la norma, pero la postergó hasta que el Congreso asigne los fondos. Julia Strada, legisladora peronista, rechazó la medida del ejecutivo
Virginia Benedetto / La Capital
Una resolución de la Justicia federal de Córdoba obliga al gobierno nacional a regularizar los pagos del programa Incluir Salud y de prestaciones para beneficiarios del Pami.
El poder ejecutivo promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad pero la dejó en “suspenso” hasta que el Congreso de la Nación defina qué fondos se asignarán para financiarla. En este contexto, una diputada rosarina asegura que el presidente Javier Milei “no tiene facultades” para suspender la legislación que obtuvo luz verde en ambas Cámaras, tras el rechazo al veto presidencial.
Se trata de la legisladora Julia Strada, Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y ex directora del Banco Nación. Desde 2023, Strada es diputada nacional por el bloque de Unión por la Patria. A través de sus redes sociales, la rosarina afirmó que el presidente “tiene que aplicar la ley” y que no puede postergar la norma, a la espera de que el poder legislativo asigne las partidas presupuestarias.
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“Hoy por Boletín Oficial (decreto 681) nos enteramos que Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos”, comenzó Julia Strada en su cuenta de X.
“Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso”, siguió la legisladora peronista, y agregó, en referencia al rechazo de ambas Cámaras del Congreso del veto del poder ejecutivo a la emergencia en discapacidad: “Su facultad prevista en la Constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta”.
“Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votar”, aseguró Strada.
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Tras el rechazo del Congreso al veto del oficialismo a la Ley de Emergencia en Discapacidad todavía restaba que el gobierno nacional pusiera en vigencia la normativa. Este lunes desde el poder ejecutivo se promulgó la ley, pero postergó su aplicación hasta que el legislativo asigne los fondos de financiamiento para la misma.
En otras palabras, esto significa que si bien la ley fue promulgada -después el rechazo de Diputados y el Senado al veto-, todavía no se pone en funcionamiento, ya que el gobierno nacional suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine cuáles serán las fuentes de financiamiento e incluya las partidas presupuestarias correspondientes en el presupuesto nacional para 2026.
En cuanto a la finalidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la normativa busca actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
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La justificación oficial del gobierno nacional para no poner en funcionamiento la ley es el “impacto fiscal” que la misma generaría. En ese sentido, su implementación supondría una partida presupuestaria de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que volvió a tener luz verde tras el rechazo del veto en ambas Cámaras, declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y una prórroga de un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas.
Con esta nueva normativa, se establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. Es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
En particular, se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
Por otro lado, las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
También se estableció que el Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
Por último, en el texto de la ley se decreta que los empleadores que contraten trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
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Por Matías Petisce