El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados nacional obtuvieron dictamen favorable al proyecto de inocencia fiscal II, marco en el cual se aceptó fijar una prohibición para que funcionarios de los tres poderes no accedan a los beneficios que otorga esa iniciativa.
La Libertad Avanza (LLA) logró un dictamen de mayoría con 44 firmas (acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo) de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, razón por la cual el despacho estará en condiciones de ser debatido en la sesión de la Cámara baja programada para el 26 de agosto próximo.
A través de esa iniciativa la Casa Rosada busca ampliar la base de contribuyentes que ingresen los dólares adquiridos en el sistema informal.
El dictamen
Firmaron el despacho 32 legisladores de la Libertad Avanza, uno del MID, dos de la UCR, uno de Independencia, dos de Innovación Federal, uno de Producción y Trabajo y uno de Provincias Unidas (PU) en disidencia parcial.
El despacho se definió en el tramo final del plenario de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, tras una ronda de consultas a funcionarios y especialistas.
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En ese marco el oficialismo introdujo un cambio clave: la exclusión total de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.
Si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada de Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, no gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan, o hayan ejercido, cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
Alcances del proyecto:
- Poder Ejecutivo: funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
- Poder Legislativo: legisladores nacionales, provinciales, de Caba, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.
- Poder Judicial y Ministerio Público: magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones.
- Órganos de control y enjuiciamiento: defensores del Pueblo, sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de jurados de enjuiciamiento.
Se eliminan los topes de 1.000 millones de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio para poder ingresar al sistema con el objetivo de permitir que ingresen los grandes contribuyentes.
También se incorporan correcciones para reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya que establece una reducción del 25 % de las multas por infracciones formales.