El ministro de Economía impulsa correcciones a la última ley de blanqueo que votó el Congreso, para dar más incentivos a mover los dólares. "Tenerlos bajo el colchón es un muy mal negocio", dijo.
El ministro de Economia, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de inocencia fiscal II, que será enviado al Congreso. Se trata de la iniciativa con la que el gobierno intentará movilizar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. En este sentido, el funcionario sostuvo: "Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio".
La iniciativa apunta a introducir cambios sobre la ley aprobada por el Congreso a comienzos de año, que reformó el régimen penal tributario y creó un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras medidas, esa norma habilitó el uso de ahorros de hasta $ 100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $ 1.000 millones ni un patrimonio de $ 10.000 millones.
"El espíritu de la ley no cambia absolutamente nada, el objetivo es permitir que la gente que se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso a la libre compra de dólares e incluso penado, los formalice en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, indicó el ministro.
El principal objetivo del nuevo proyecto es corregir aspectos que generaron críticas entre los contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por Arca en las declaraciones juradas.
Para atender esos planteos, el gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.
El anteproyecto también establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud prevista en la ley mantendrán un tratamiento especial.
Además, la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que Arca solo podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, con información objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.
La ley vigente ya había elevado de manera considerable los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de $ 1,5 millones a $ 100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $ 15 millones a $ 1.000 millones. También se actualizaron los montos para otras conductas, como el uso de facturación apócrifa, la apropiación de impuestos retenidos o el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
Otra de las disposiciones mantiene la posibilidad de que Arca se abstenga de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de una causa judicial o cancele la deuda con sus intereses y recargos dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la reforma redujo a tres años el plazo de fiscalización para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.
Podrán acceder al régimen las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados hayan registrado ingresos de hasta $ 1.000 millones, un patrimonio de hasta $ 10.000 millones y no estén categorizadas por Arca como grandes contribuyentes nacionales.
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