Apur expresó preocupación por versiones de una nueva ley impulsada por el Gobierno. Denuncian atraso salarial y exigen negociación paritaria
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
La Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur) expresó su preocupación ante las versiones que indican que el gobierno nacional enviaría al Congreso un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario, en medio del conflicto por el atraso salarial y la judicialización del cumplimiento de la norma vigente.
La advertencia surge luego de que trascendiera una reunión entre autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Educación de la Nación, en la que se habría anticipado la intención oficial de impulsar una nueva ley que reemplace a la sancionada en 2024. Sin embargo, hasta el momento no existe un texto oficial ni un borrador público que permita evaluar el alcance de la eventual modificación.
Desde APUR señalaron que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que integra el Frente Sindical de Universidades Nacionales junto a federaciones docentes y la FUA, no fue convocada a ninguna instancia formal de diálogo o negociación.
“Como trabajadores y trabajadoras nodocentes, no aceptamos que se definan condiciones salariales y presupuestarias sin la participación de la Paritaria Nacional”, remarcaron en un comunicado dirigido al personal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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La federación sindical convocó a una reunión para este jueves con el objetivo de recabar información, analizar la situación y fijar una postura común frente a la eventual reforma.
La discusión se da en un contexto de alta tensión institucional. La ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2024, vetada por el presidente Javier Milei y luego repuesta por el Parlamento. La norma obliga a actualizar el presupuesto de salarios y funcionamiento de las universidades nacionales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023.
Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial pendiente oscila entre el 53% y el 65% acumulado, mientras que sólo en 2024 la caída real de los sueldos fue cercana al 38%.
Aunque el Ejecutivo promulgó la ley tras un fallo judicial que lo intimaba a cumplirla, el pago no se efectivizó. El Gobierno recusó al juez federal Martín Cormick, quien había ordenado la aplicación inmediata del fortalecimiento presupuestario, argumentando que no podía ser imparcial por su condición de docente universitario.
Ante la posibilidad de un fallo adverso definitivo, la administración nacional activó una estrategia alternativa: impulsar una nueva ley que amplíe fondos y deje sin efecto las demandas judiciales pendientes.
En reuniones mantenidas con rectores del CIN, el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ofrecieron una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos para completar el ingreso correspondiente a 2025, además de la reapertura de paritarias cada dos meses durante 2026.
Los rectores estiman que el atraso salarial es del 14% y plantearon que la deuda debería saldarse en un único pago o en cuotas concentradas en el primer semestre, no en junio y noviembre como propuso el Ejecutivo.
En público, las autoridades universitarias manifestaron cautela. Franco Bartolacci y Carlos Greco, en representación del CIN, hablaron de una reunión “en la dirección correcta”, aunque reconocieron que quedan “muchos temas por resolver”.
Desde el frente sindical, en cambio, predomina la prudencia. Daniel Ricci, de la Federación de Docentes Universitarios, recordó que la ley vigente ya fue aprobada por el Congreso y que el Gobierno tiene la obligación de cumplirla. “El veto se cayó”, subrayó.
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Mientras el Senado concentra el debate por la reforma laboral y el gobierno intenta recomponer su frente judicial tras la promulgación forzada de la ley de emergencia en discapacidad, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.
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