Cristina apeló su procesamiento y volvió a cuestionar al juez Bonadio

La ex presidenta Cristina Kirchner apeló ayer el procesamiento que el dictó el juez federal Claudio Bonadio, al considerarla "jefa de una asociación ilícita" destinada a lavar dinero a partir de los alquileres de su empresa Los Sauces a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

   Fuentes judiciales informaron que Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, acusó a Bonadio de "violar garantías constitucionales" con el procesamiento, y advirtió que "de ser necesario" apelará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales de derechos humanos.

   Cristina fue procesada y embargada por 130 millones de pesos al ser considerada —junto a su hijo Máximo Kirchner— como la jefa de una asociación ilícita destinada a crear una empresa que recibió retornos de la obra pública de empresarios que fueron beneficiados con la licitación de las mismas durante su gobierno, en referencia a Báez y López.

   En el escrito, Beraldi cuestionó que Bonadio decretara los 21 procesamientos, entre ellos, el de Florencia Kirchner, y luego se declarara incompetente y remitiera la causa por conexidad a su colega Julián Ercolini, quien tiene a cargo el caso Hotesur, de direccionamiento de la obra pública.

   "Lo que resulta aún más desconcertante y por cierto ilegítimo es que pese a reconocer su incompetencia de todas maneras dispuso el procesamiento y embargo preventivo de veintiuna personas, vulnerando de la manera más grave que pueda imaginarse los principios constitucionales", sostuvo el abogado.

Falta de precisión

Además, cuestionó que no hubo precisión a la hora de detallar el hecho imputado, por la fecha de conformación de Los Sauces.

   "No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, «la tranquilidad pública» y la «paz social», lesionando la «seguridad cognitiva» de los ciudadanos al producir «alarma colectiva»", indicó al respecto.

   Según la defensa, "todos los inmuebles de Los Sauces SA están declarados ante los organismos de contralor según la normativa, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia".

Amplían acusación

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron ayer la acusación por la concesión de la obra pública, por la que ya fue procesada por asociación ilícita la ex presidenta Cristina Fernández, y solicitaron la indagatoria de unas 17 personas al haber detectado nuevas irregularidades.

   "Pese a ser el grupo económico que más fondos públicos por obras viales se le otorgaron en el período comprendido entre 2007-2015, con un total de 2.196 millones de dólares —casi el doble de la que le sigue—, el Grupo Báez fue el único al que la gestión anterior le abonó la totalidad de las obligaciones contractuales vencidas antes de la finalización del mandato", sostuvieron.

   Los fiscales añadieron que "se advierte también que mientras a las 29 principales constructoras de nuestro país la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les debía sumas millonarias por obra pública, lo que en conjunto ascendía a 488 millones de dólares, llamativamente 10 días antes del cambio de gobierno, Lázaro Báez presentaba un saldo de deuda vencida en cero, es decir, el Estado nacional no le debía un solo centavo".

   La solicitud de indagatorias apunta a ex funcionarios de Vialidad Nacional y provincial y empresarios, entre los que se encuentra Martín Báez, uno de los hijos del constructor detenido. En un dictamen elevado al juez Julián Ercolini, solicitaron ampliar la imputación de 17 de los investigados.

   "Desde la Presidencia, Néstor y Cristina Kirchner idearon un plan sistemático para convertir al amigo de la familia en empresario de la construcción, concentrar una gran cantidad de obras viales para beneficiar a Báez", sostuvo el dictamen.