Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital
El fiscal quedó de cara a dos frentes de tormenta: uno judicial y otro legislativo.
Senadores y diputados santafesinos fueron convocados para el jueves próximo con el objetivo de tratar el dictamen de la comisión bicameral de Acuerdos que impulsa la destitución del detenido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, sobre quien pesan graves delitos.
“Está firmado el decreto con la convocatoria a una sesión conjunta” para debatir el caso de Blanco, deslizó ayer a La Capital una fuente legislativa, al tiempo que procuraba información sobre el presidente de la Cámara baja provincial, Miguel Lifschitz, quien sufrió en las últimas horas complicaciones en el cuadro de Covid-19 que cursa. El rol de acusador del fiscal lo desempeñará el senador del PJ Joaquín Gramajo.
Por unanimidad, la bicameral de Acuerdos emitió el miércoles pasado un dictamen por la remoción de Blanco, quien acaba de purgar una suspensión de seis meses en sus funciones.
Como la suspensión impuesta a Blanco el 22 de octubre de 2020 —por aparecer ligado a un comercializador de drogas venadense— caducó, y a raíz de su complicado frente judicial, el cuerpo especial volvió a expedirse para propiciar la destitución, la pena más dura.
Blanco fue acusado hace una semana de nueve delitos por el fiscal Leandro Mai —Reconquista— luego de su detención por una causa por cohecho. En ese marco, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Adrián Godoy ordenó prisión preventiva domiciliaria sin plazo.
Sin embargo, de los nueve delitos imputados al fiscal, el magistrado encontró elementos suficientes sólo en cuatro: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de deberes de funcionario público y revelación de información secreta.
Blanco había sido suspendido por 180 tras una puja entre el entonces presidente del cuerpo especial, Gramajo, quien promovía la remoción, y su par radical Lisandro Enrico, impulsor del archivo del trámite.
Antes de optar por la máxima sanción en materia de suspensiones, el cuerpo especial debatió durante semanas la situación del fiscal. Finalmente, se optó por un castigo por 180 días “sin goce de haberes por mal desempeño de sus funciones, con expresa prohibición de ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.
Pero la comisión también dejó la puerta abierta a un “proceso disciplinario por la eventual comisión de delito doloso”, incluso con un seguimiento del caso si aparecían elementos que abonaran una chance de destitución del fiscal.
Ahora, ambas Cámaras tienen previsto deliberar (en formato mixto: presencial y virtual) el jueves al mediodía para tratar el dictamen emitido por el cuerpo que preside el diputado provincial frentista Fabián Bastía.
Para la sesión se necesita el quórum de ambas Cámaras por separado. Es decir: al menos once senadores y 27 diputados.
Blanco es el tercer integrante del MPA en prisión, ya que previamente habían sido detenidos los ex fiscales de Rosario Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y el quinto imputado en un proceso penal (se suman sus pares Rodrigo González, de Reconquista, y Melisa Serena, de San Lorenzo).
Serjal fue destituido por decisión del gobernador Omar Perotti, quien con un decreto firmado en agosto del año pasado resolvió que el ex jefe de los fiscales de Rosario —había renunciado previamente— sospechado de corrupción no vuelva a ocupar cargos en el Poder Judicial.
En el marco de la misma megacausa, que investiga la cobertura a una red de extorsión y juego clandestino, la Legislatura —por unanimidad— removió a Ponce Asahad en octubre de 2020. Durante esa sesión conjunta también se había votado la suspensión de Blanco.
Por Lucas Vitantonio
