La encargada, su marido y una administrativa fueron acusados de fraguar registros y desviar más de 76 millones de pesos con transferencias a sus cuentas personales
El millonario desvío de fondos fue abordado en una audiencia en los tribunales de Cañada de Gómez.
Una auditoría interna realizada en junio pasado por la municipalidad de Cañada de Gómez detectó una serie de irregularidades en el manejo de fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones local. Tras la presentación de una denuncia penal y el avance de la investigación, tres empleados municipales fueron imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Les atribuyen haber transferido dineros públicos a cuentas personales por más de 76 millones de pesos.
Los tres acusados son la por entonces encargada de la Caja, su marido y una empleada administrativa. En un período de ocho meses, según la acusación fiscal, transfirieron cada uno a sus cuentas personales sumas superiores a los 24 millones de pesos que luego hacían constar en los registros como remitidas a afiliados inexistentes o ya fallecidos. “La intención es recuperar hasta el último centavo”, aseguró el intendente Matías Chale en declaraciones a Radio 2.
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El desfalco se abordó en una audiencia judicial realizada el viernes pasado en los tribunales de Cañada de Gómez, de la cual se tomó conocimiento esta semana. El fiscal Santiago Tosco les atribuyó a los implicados el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores. El juez Álvaro Campos admitió respecto de ellos una serie de medidas alternativas a la detención acordadas entre la fiscalía y la defensa, como la firma mensual ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salida al país y de ingresar a la Caja de Jubilaciones municipal.
Una auditoría interna realizada en junio pasado detectó las irregularidades y el faltante de dinero que había sido desviado a cuentas personales mediante transferencias. El municipio requirió información a las entidades bancarias involucradas y formalizó la denuncia penal contra la encargada, que había sido designada por decreto en agosto de 2023, y las otras dos personas.
En la presentación judicial, publicada entonces en el sitio oficial del municipio, se requería la investigación de los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación en perjuicio de la administración pública, fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El personal denunciado fue apartado de sus funciones sin goce de sueldos. “Las maniobras habrían tenido la finalidad de obtención de beneficios económicos indebidos que ocasionaron un perjuicio tanto al municipio como a la Caja de Jubilaciones”, planteó el comunicado oficial a comienzos de julio.
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Cuatro meses después fueron imputados lo tres empleados, cuyas identidades no fueron difundidas públicamente por la fiscalía ni por el municipio. Sólo se dieron a conocer sus iniciales. Con un mayor rango de responsabilidad en el esquema jerárquico fue imputada F.F., quien era encargada de la Caja y ejercía funciones de control final sobre la carga de datos y la autorización del pago de haberes.
Entre noviembre de 2025 y junio de 2026, según la acusación, incurrió en maniobras de desvío de fondos desde la cuenta corriente institucional de la Municipalidad en el Banco Credicoop hacia su cuenta bancaria personal por una suma de 25.319.467 pesos. A través de una administración infiel e irregular de los fondos que debía controlar, se planteó en la imputación, justificaba el desvío de dinero haciendo constar en los registros falsas transferencias a nombres de beneficiarios fallecidos o inexistentes. Era, de acuerdo con ese esquema, quien encabezaba y coordinaba las maniobras.
En esa empresa, se indicó, contaba con la colaboración de una empleada administrativa identificada como A.M.A.F, quien “colaboró activamente en la alteración del proceso de liquidación de haberes”. A su cuenta fue transferido un total de 24.647.169 pesos. Como tercer engranaje fue ubicado A.H.C., esposo de la encargada y empleado municipal, a quien le fueron acreditados 27.040.079 de pesos provenientes de fondos públicos, quien actuó “de forma concertada con las restantes imputadas provocando un perjuicio patrimonial al estado municipal”.
Según explicaron las autoridades municipales, el desvío se realizaba aprovechando una falencia técnica del sistema bancario que permitía modificar datos al momento de realizar las transferencias y adjudicar otro número de cuenta a un jubilado o pensionado vivo o fallecido. En declaraciones radiales, el intendente descartó inconvenientes para el pago de haberes y explicó que, pese a los 76 millones de pesos desviados, la sustentabilidad de la Caja no está en riesgo.
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Por Redaccion Comercial
Por Nicolás Maggi
