El especialista en Derecho Procesal Alberto Binder consideró que el procedimiento disciplinario abierto por la Legislatura por "faltas graves" contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain es un “acto de ceguera” de aquellos que “manejándose por motivos emocionales o por conveniencia política entregan el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a la supremacía de la política". El académico considera “una tristeza y un escándalo” este proceso en el cual, dijo, se está aplicando de manera retroactiva e ilegal una ley recién sancionada contra Sain, quien además desplegó las conductas ahora bajo examen de los legisladores no en su cargo de apoyo del MPA sino como funcionario de otro poder del Estado.
"Es un escándalo, pero sobre todo una tristeza, que personas que deberían estar fortaleciendo al Ministerio Público lo entreguen a quienes están siendo investigados por delitos, y a quienes los protegen", analizó Binder.
El especialista aludió al procedimiento en el que la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura dictaminó la suspensión por seis meses de Sain luego de que el fiscal regional de Reconquista abriera en su contra un proceso disciplinario por distintas acciones de las que lo acusan, como el hacinamiento de presos en dependencias policiales, irregularidades denunciadas en una licitación para la compra de armas de fuego, y una denuncia ante el Inadi por declaraciones viralizadas en redes sociales. Algo que se está examinando con una ley recientemente sancionada por actos previos. El planteo lo impulsaron 27 diputados opositores y tiene apoyo de importantes sectores del peronismo. Unos y otros están de modo público enfrentados políticamente con Sain. La auditora del MPA rechazó las presentaciones contra Sain. Pero luego el fiscal general Jorge Baclini las avaló.
Binder fue quien desde 2007 asesoró a las distintas gestiones del Frente Progresista para impulsar la reforma del sistema penal en la provincia. “Lo que más me entristece del caso de Santa Fe es que personas que a uno le consta que tienen clara la importancia de perseguir criminalidad compleja se han prestado por ceguera, emocionalidad o conveniencia política a arruinar años de trabajo ahora que el Ministerio Público ha empezado a mostrar las garras", sostuvo. "El mensaje es demoledor. Si hacen esto con Sain, que es una persona tal vez no fuerte en lo político pero sí una figura conocida, a un fiscal sin renombre lo dejan debajo de las baldosas. Es una domesticación de las fiscalías. Le tengo mucho aprecio a (el fiscal general Jorge) Baclini, pero está cometiendo un error histórico profundo, del que no tiene tal vez dimensión”, observó.
Con décadas de experiencia en asesoramiento a distintos países de América Latina y provincias argentinas en la modificación de sus modelos de enjuiciamiento, este analista remarca que para capturar la profundidad del asunto en debate hay que poner entre paréntesis a Sain. “Esto que está pasando en Santa Fe pasa en otros lugares lamentablemente. ¿Qué es lo que hay que entender? En los últimos años el Ministerio Público y Santa Fe es un buen ejemplo, comenzó a avanzar en criminalidad económica, corrupción, narcotráfico, vínculos entre ilegalidad y política. Desde que empezó a hacer eso la reacción de la clase política fue terrible en términos de acciones para quitarle las garras al Ministerio Público. Es el síndrome post Odebrecht en toda la región. Cuando el Ministerio Público dejó de concentrarse en los pibes chorros empezaron estos problemas. Una clase política que tiene vínculos con el financiamiento ilegal de la política, y otros que no se enfrentan a estos, se empezaron a ocupar de que el Ministerio Público fuera una institución inaprensiva”, dijo.
Recordó en este sentido que la Legislatura santafesina ya en 2017 reaccionó, cuando investigaban a cuatro senadores, otorgándose para sí el régimen disciplinario de los fiscales de primera instancia. Lo que entonces el MPA cuestionó judicialmente por inconstitucional.
“Lo que me aflige más es que las personas que deberían estar empeñadas en luchar contra el financiamiento ilícito de la política son las que están haciendo esto. ¿Alguien duda de que hay financiamiento espurio de la política en Santa Fe y en la Argentina? ¿Cómo en el Ministerio Público no están comprometidos fuertemente con esta cuestión en vez de estar entregando su institución a los senadores y diputados que no quieren saber nada con esto?", sostuvo. "Me siento habilitado a hablar porque hemos trabajado mucho para la reforma del sistema penal en Santa Fe. Y ahora en dos minutos, con el partido empezado y cuando se metió un gol, todos empiezan a decir «atrás, atrás» desesperados. Lo que asombra es que quienes ahora hacen esto son los que trabajaron para implementar este cambio", indicó.
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Según dijo el académico a La Capital, "lo más grave de todo esto es que el Ministerio Público se haya prestado a una política que en definitiva es de debilitamiento y sojuzgamiento de sí mismo. Es la primera vez en la historia que el Ministerio Público avanza sobre financiamiento ilegal de la política, empresas coludidas y lavado de dinero. Y los fiscales que empiezan a tocar a figuras fuertes en esa tarea están recibiendo sogazos. Dos de ellos que piden simplemente que comparezca un senador (Armando Traferri-PJ San Lorenzo) han investigado con éxito y puesto presos a jefes criminales, a policías implicados en graves delitos, a actores de la economía, incluso nada menos que al fiscal regional de Rosario. De esto tendría que estar discutiendo Santa Fe más que de Sain", remarcó.
"Pretender que todo esto lo origina el mal carácter, la bocaza o la locura de Sain es la gran excusa para ocultar el fenómeno real de quienes están tratando de que los nuevos rumbos de la Justicia penal se conviertan en una rutina idiota e ineficaz", puntualizó. "Además que se ponga en marcha el sistema disciplinario de los fiscales por cosas que hizo Sain como ministro de Seguridad, es decir como funcionario de otro poder, es muy burdo. ¿Por qué hacen esto? Algunos por ceguera, otros por no enfrentar intereses políticos, algunos por propia conveniencia. El 70 por ciento de los políticos santafesinos firmó el acuerdo de Seguridad Democrática que es la base de las leyes que impulsó Sain para reformular el sistema de seguridad y sistema policial. No soy propenso al desaliento pero lo que pasa en Santa Fe con esto es una pésima noticia”.
