Por Javier Felcaro
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
La suerte institucional del ex ministro de Seguridad entró en fase de definiciones.
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial resolvió ayer —por mayoría— avanzar con el proceso sancionatorio al titular del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, por supuestas “faltas graves”. Y solicitó a las Cámaras alta y baja, que sesionarán en forma conjunta el 1° de julio próximo, suspender al ex titular de la cartera de Seguridad santafesina por 180 días y retener el 50 por ciento de sus haberes.
La bicameral, cuya reunión comenzó a las 10 (en formato mixto: presencial y virtual), resolvió en menos de una hora darle luz verde al trámite remitido por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien sugirió suspender a Sain como jefe del OI mientras dure el análisis de las presuntas faltas graves atribuidas al ex funcionario de la Casa Gris.
Por mayoría, el cuerpo especial promovió la suspensión del director del Organismo de Investigaciones por seis meses (180 días) y la quita del 50 por ciento de sus haberes. Previamente, los legisladores que integran Acuerdos avalaron —también por mayoría— la propuesta del vicepresidente de la comisión, el peronista Joaquín Gramajo, para designar a su par radical Lisandro Enrico como acusador en el proceso.
La bicameral es presidida por diputado provincial frentista Fabián Bastía y la completan siete pares (Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real) y cuatro senadores (Alcides Calvo, Rubén Pirola, Gramajo y Enrico).
La proyección numérica nunca favoreció a Sain: en la comisión hay ocho legisladores opositores y dos que responden al senador provincial peronista Armando Traferri, otro rival del ex ministro de Seguridad. Por eso, fueron nueve los votos por la afirmativa (Gramajo, Pirola, Bastía, García, Cattalini, Real, Chumpitaz, Mayoraz y Pullaro), dos por la negativa (Calvo y Busatto) y una abstención (Enrico, por su rol de acusador).
De inmediato, Bastía envió una nota a la titular del Senado provincial, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, para que realice la convocatoria a una sesión conjunta de ambas Cámaras el jueves, con el objetivo de votar el dictamen que suspende a Sain.
Para cualquier tipo de sanción, hará falta la mayoría absoluta de los integrantes cada Cámara reunidos en sesión conjunta.
Durante la reunión de Acuerdos, la diputada provincial del PJ Matilde Bruera, en calidad de defensora de Sain, sostuvo que “es inconstitucional que, por su condición de ministro de Seguridad, se lo cuestione por su desempeño en el Organismo de Investigaciones”.
Tras el debate en la comisión, Busatto se despachó contra los impulsores del proceso: “Es muy grave. Tratan de remover a una persona de un cargo cuando ya no es ministro”.
A su turno, Bastía indicó explicó que “se recomendó la suspensión de Sain en el cargo para que no haya entorpecimiento de la investigación”. Y subrayó que el titular del OI “tendrá derecho a su defensa”.
Martínez, auditor ad hoc, había emitido días atrás una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves” y propició la apertura de abrir una investigación disciplinaria, junto a un planteo de suspensión preventiva del jefe del Organismo de Investigaciones.
Pese a que las denuncias aluden a casos registrados durante su paso por Seguridad —hasta su renuncia en marzo—, Martínez sostuvo que Sain seguía perteneciendo al MPA ya que había solicitado licencia en el cargo (al que accedió por concurso en 2018) para sumarse al gabinete de Omar Perotti.
El planteo contra Sain había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados provinciales de la oposición por —entre otras acusaciones— el hacinamiento de presos en comisarías, escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y manifestaciones discriminatorias (denunciadas ante el Inadi).
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