El Senado de la Nación convirtió en ley el régimen penal juvenil. El corazón del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. La norma fue aprobada con 44 votos a favor, 27 negativos y una abstención.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza tiene como eje principal bajar a los 14 años la edad de punibilidad. Qué otras medidas contempla
El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Senado de la Nación convirtió en ley el régimen penal juvenil. El corazón del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. La norma fue aprobada con 44 votos a favor, 27 negativos y una abstención.
Acompañaron el proyecto La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y los bloques ligados a los gobernadores. Se pronunciaron en contra legisladores del kirchnerismo y el peronismo. La única abstención fue de la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.
Los senadores por Santa Fe votaron divididos. Los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron a favor, mientras que Marcelo Lewandowski votó en contra.
El proyecto tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Tras la aprobación del Senado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación.
El debate se instaló con fuerza en el debate público a partir del caso de Jeremías Monzón, un joven asesinado por menores en la ciudad de Santa Fe.
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La iniciativa establece un esquema de sanciones graduado según la gravedad del delito. Para infracciones menores, se prevén penas de hasta 3 años, mientras que para delitos graves —como homicidios, abusos sexuales o secuestros— el tope será de 15 años de prisión, con la posibilidad de extenderse a 20 años en casos excepcionales.
Más allá de las penas privativas de la libertad, el proyecto contempla alternativas como libertad asistida, régimen de amonestaciones, tareas comunitarias y programas educativos o de formación laboral. Todas estas herramientas se inscriben en un marco socioeducativo que, según el texto oficial, busca priorizar la reinserción del joven en la comunidad y evitar la reproducción de trayectorias delictivas.
También se habilita la posibilidad de mecanismos de reparación económica o mediación con la víctima, siempre que exista su consentimiento. De esta manera, el gobierno pretende combinar una mirada punitiva —con castigos más claros y definidos— con un enfoque de resocialización, basado en medidas complementarias y alternativas a la cárcel tradicional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de que los menores condenados o detenidos convivan con adultos. El régimen plantea la creación de centros de detención e institutos especializados, con personal formado en niñez, adolescencia y adicciones, o bien la permanencia en módulos separados dentro de unidades penales, con supervisión específica.
Para financiar la implementación de la ley, el gobierno incluyó un capítulo presupuestario particular que destina más de $23.700 millones a la construcción y adecuación de institutos, así como a la contratación de personal interdisciplinario para el seguimiento de los menores. El objetivo declarado es evitar que niños y adolescentes terminen alojados en cárceles comunes destinadas a adultos, una de las críticas recurrentes al sistema actual.
Con la aprobación del régimen penal juvenil, el oficialismo se anota otra victoria parlamentaria en el Senado. Este jueves la Cámara alta ratificó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, dio media sanción a la reforma de la ley de glaciares y aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
Aprobada la ley penal juvenil, el oficialismo encaraba la aprobación de la reforma laboral. El objetivo de La Libertad Avanza era llegar con todas estas normas aprobadas antes del domingo, el día en que el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.
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