Foto: Archivo / La Capital.
El momento en el que Sabag Montiel gatilla un arma en la cara de la vicepresidenta.
Los tres detenidos por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el 1º de septiembre de 2022, esperarán el inicio del juicio oral en la cárcel y en esa condición podrían permanecer por los próximos 20 años. Así se desprende de la combinación de las últimas resoluciones judiciales y de la pena en expectativa por el delito que les imputan.
Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó la bala que no salió, Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice, y Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como Los Copitos, son los únicos imputados por el intento de magnicidio.
Ninguna de las otras líneas de investigación propuestas por la querella –a cargo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal- fue aceptada por la jueza instructora, María Eugenia Capuchetti.
Sabag Montiel asegura que actuó solo, que no conoce a Carrizo y que Uliarte no tiene nada que ver con el ataque a la vicepresidenta. La querella no le cree y pidió en el último año infinidad de medidas de prueba, sin demasiado éxito.
El fiscal Carlos Rívolo aceptó tardíamente un pedido de los abogados de Cristina para que sea secuestrado el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, a quien un testigo afirma haber escuchado pronunciar antes del intento de asesinato la frase “cuando la maten estoy camino a la Costa Atlántica”.
Milman negó esa situación, pero una de sus secretarias contó que fue llevada a unas oficinas en la avenida de Mayo, donde tiene su sede una asociación civil vinculada con la candidata presidencial Patricia Bullrich, para borrar su teléfono. Y Milman estaba allí para lo mismo.
El teléfono fue entregado por Milman pero objeciones judiciales y trabas burocráticas aun impiden su análisis y evaluación. Del resto de los planteos, ninguno prosperó.
El principal fue el pedido de unificar la investigación por el intento de magnicidio con la causa en la que se analizan las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
Sistemáticamente fueron rechazados los pedidos para investigar conjuntamente ambos hechos porque tanto la jueza como la Cámara Federal consideran que no hay relación entre uno y otro expediente.
La querella presentó una línea de tiempo en la que mostró que cada vez que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibía pagos para trabajos de gran magnitud que su pequeña carpintería no podía afrontar per sé, y debía tercerizar para amueblar un edificio en Vaca Muerta, días después había una actividad violenta de la agrupación.
Esos pagos provenían de la empresa Caputo Hermanos, a través de un complejo vínculo de una de las integrantes de la familia del ex funcionario de Juntos por el Cambio Luis Toto Caputo con el propio Morel.
En tanto, La Cámpora denunció que se cumple "un año de impunidad" en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta.
El hecho ocurrió en la puerta del edificio de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, cuando la ex mandataria llegaba a su departamento y Sabag Montiel gatilló frente a sus ojos una pistola Bersa calibre 32, aunque finalmente no salió el disparo.
Y, a un año del intento de magnicidio, la organización liderada por el diputado nacional Máximo Kirchner difundió en redes sociales un video para cuestionar la falta de avances en la Justicia y para ratificar el respaldo popular hacia la titular del Senado.
Además de un edificio de 60 pisos, el proyecto habilitará un espacio verde público y un mirador. Será el segundo rascacielos más alto del país
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