Un único testigo que reconoció al sospechoso en un mosaico fotográfico seis años después del crimen, un reporte policial basado en informantes anónimos y un juicio a diez años del caso en el que no surgieron otras pruebas. Esos factores condujeron a la absolución del acusado por el crimen del taxista Eduardo Piris, baleado en enero de 2016 por dos pasajeros que lo asaltaron al llegar a destino en barrio Ludueña. El tribunal que juzgó el caso desvinculó por el beneficio de la duda al detenido Jonatan Vallejos, quien estuvo tres años preso.
El desenlace del debate realizado diez años después del crimen en el Centro de Justicia Penal se produjo la semana pasada pero se conoció en estos días. Los jueces Rafael Coria, Valeria Pedrana y Silvana Lamas González absolvieron a Jonatan Vallejos al no encontrar elementos suficientes para condenarlo. Había sido capturado en la ciudad de Buenos Aires en 2023 cuando llevaba siete años prófugo, tras un intento de arrebato de un celular en un colectivo en el barrio porteño de Palermo. Lo señalaban como el supuesto autor del disparo a la cabeza del taxista.
Estaba acusado como autor de un homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma y por la portación de un menor de edad. Los Fiscales Rodrigo Urruticoechea y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas, pidieron una condena de 32 años de prisión. Por la muerte de Piris ya había sido condenado por la Justicia de Menores un chico de por entonces 16 años, Cristian Leonel F. recibió 6 años y medio de prisión como uno de los involucrados en el homicidio.
El crimen que motivó un paro de taxistas
El ataque ocurrió el 26 de enero de 2016. Piris, de 41 años y padre de tres chicos, manejaba aquella noche su taxi Chevrolet Corsa por la zona noroeste. A las 22.47 levantó dos pasajeros en Lavalle al 2200 para realizar un viaje corto hasta Gutenberg e Ituzaingó. En ese lugar los dos ocupantes descendieron y lo abordaron con armas: una escopeta y un revólver. El conductor recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar, que no tardó en llenarse de vecinos y móviles policiales. El caso motivó un paro de taxistas, tanto peones como titulares, y una protesta de choferes frente a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.
El adolescente implicado fue detenido esa misma noche, pero Vallejos no llegó a ser señalado hasta años más tarde. La acusación se basó en el testimonio de un vecino que presenció el crimen desde la vereda de su casa, un joven hipoacúsico que esa misma noche brindó un primer aporte a la investigación con la ayuda de una empleada de la por entonces Policía Comunitaria que había estudiado lenguaje de señas.
El testigo describió a los atacantes como un muchacho más bajo y otro más alto. Expresó que uno de ellos llevaba una remera roja. Contó que el agresor de más estatura lo chocó al escapar de la escena. El abogado de Vallejos, Martín Frassi, advirtió en el juicio que en aquella ocasión el testigo no mencionó a su cliente, ni su apodo ni su domicilio.
Primera mención
La primera mención surgió de un informe policial en base a anónimos que apuntaba a un joven que en el barrio era conocido como Cacha. Dos años antes, los investigadores habían ligado el mismo sobrenombre —así conocían los vecinos a Vallejos— con el asesinato de Leonardo Perrone, baleado en una entradera del 26 de agosto de 2014 en su casa de Riobamba al 4300, en barrio Bella Vista. Vallejos no llegó a ser implicado en este caso, por el que en 2015 fue condenado a 13 años de prisión Jonatan Alcaraz, de 21 años.
Al ampliar su declaración en el juzgado de Menores, el testigo dijo que conocía del barrio al otro atacante y apuntó su domicilio. Cuando lo allanaron, Vallejos no estaba allí. Recién en 2022 este mismo testigo realizó un reconocimiento fotográfico en un mosaico de imágenes. El defensor pidió la nulidad de esta medida al señalar que la foto de Vallejos era más grande que las demás.
Tras su arresto y tres años en prisión preventiva, sin otras pruebas, Vallejos llegó a juicio. "No hubo arma secuestrada. No hubo huella, rastro biológico, cámara ni otro testigo que ubicara a Vallejos en la calle Gutenberg aquella noche”, señaló el abogado en sus alegatos de cierre.
Un testigo bajo la lupa
Frassi no cuestionó la calidad del aporte del testigo; una persona sorda, no escolarizada, sin lengua de señas formal y que declaró en el juicio asistido por la misma empleada policial que tradujo sus gestos durante la causa junto a su madre. Pero planteó dudas sobre la informalidad de las intérpretes y sobre la autenticidad del señalamiento.
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Al declarar ante el tribunal, indicó el abogado, este vecino dijo que el atacante era unos veinte centímetros más alto que él, que mide alrededor de 1,75 metro. El defensor pidió entonces como prueba nueva en el juicio que se constante la estatura de Vallejos. La medida fue realizada por el Servicio Penitenciario y arrojó que la altura del acusado es de 1,68 metro.
Esta situación no prevista fue, para el penalista, un elemento “central” en el juicio y en el fallo absolutorio de los jueces, del que aún no se conocen los fundamentos. Entre otros cuestionamientos, apuntó que al declarar en fiscalía el testigo brindó dos apodos pero ninguno era Cacha.
“El único señalamiento de Vallejos llegó seis años y medio después, por fotos, sin intérpretes, a través de su madre, y después de elegir primero a un extraño. Si lo conocía del barrio, el nombre habría aparecido esa noche. No apareció nunca”, apuntó.
Indicó además que no se designó un intérprete formal, no se cotejaron huellas ni quedó claro por qué medios llegó el nombre de Vallejos a la agencia policial, entre otros elementos que a su entender derivaron en la absolución.
