El juez federal rosarino, procesado por cohecho y prevaricato, no podrá viajar a España e Italia, como pretendía. Casación confirmó la prohibición de salida del país por riesgo procesal
El juez federal de Rosario, Gastón Salmain deberá permanecer en la Argentina durante el verano luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la prohibición de salida del país dictada en su contra. La decisión impide que el magistrado viaje a Europa, como había solicitado para pasar las vacaciones junto a su familia, y deja firme una medida cautelar dispuesta en el marco de la denominada causa Attila, en la que está procesado por presuntos hechos de corrupción.
Salmain se encuentra imputado por los delitos de cohecho y prevaricato, acusado de haber firmado una resolución judicial que habría favorecido a una financiera con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo. La investigación apunta a determinar si esa decisión fue adoptada a cambio del pago de una coima.
El magistrado agotó todas las vías judiciales para obtener autorización y viajar a España e Italia entre el 26 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Al dictar su procesamiento, el juez Carlos Vera Barros le prohibió expresamente salir del país, una medida que luego fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y que ahora recibió el aval definitivo de Casación.
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En su presentación, Salmain argumentó que la restricción afectaba el vínculo con sus hijos adolescentes, de 14 y 16 años, y sostuvo que la prohibición vulneraba la inmunidad de arresto que, según su interpretación, le otorga su condición de juez. Incluso ofreció el pago de una fianza como garantía de regreso, la comunicación de cada domicilio en el exterior y la promesa de presentarse ante los tribunales, apenas volviera al país.
La Sala de Feria de Casación, integrada por las juezas y jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Javier Carbajo, rechazó de manera unánime el planteo. En su fallo, el tribunal consideró que existía riesgo procesal y que la salida del país podía entorpecer el avance de la investigación, además de señalar que las razones personales invocadas no justificaban levantar la medida.
Uno de los puntos centrales del análisis de Casación fue la cronología de los hechos. Según consta en el sistema informático judicial, Salmain fue notificado oficialmente del rechazo a su pedido de salida del país el 26 de diciembre de 2025 a las 16:56. Sin embargo, ese mismo día, a las 23:55, sus hijos abordaron un vuelo hacia Europa.
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Para los jueces, este dato resultó relevante: el traslado de los menores al exterior se produjo cuando ya era conocido el impedimento legal que pesaba sobre el magistrado. En ese sentido, el tribunal concluyó que se trató de una decisión voluntaria del entorno familiar y que no podía utilizarse posteriormente como argumento para flexibilizar una medida judicial vigente.
El Ministerio Público Fiscal se opuso en todas las instancias a conceder el permiso solicitado. Los fiscales sostuvieron que la conducta previa de Salmain evidenciaba una posible intención de obstaculizar la investigación y advirtieron que el viaje al exterior podía convertirse en una vía de elusión de la acción de la Justicia. También invocaron los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción.
En su resolución, la Cámara de Casación fue explícita al delimitar el alcance de las inmunidades judiciales. Señaló que esas garantías existen para proteger la función pública, pero no constituyen fueros personales que habiliten a un juez a eludir medidas cautelares que rigen para cualquier ciudadano sometido a proceso penal.
Los camaristas remarcaron además que el viaje pretendido no estaba vinculado a ninguna tarea oficial ni a una urgencia médica impostergable, y subrayaron que la posibilidad de reprogramar las vacaciones familiares no implicaba un daño irreparable a los derechos de los hijos del magistrado.
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Al no advertir una violación concreta a garantías constitucionales, el máximo tribunal penal decidió no intervenir en la cuestión de fondo y dejó firme la prohibición de salida del país, mientras la causa Attila continúa su curso en la Justicia federal.
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