El productor Francisco Poccia, de 25 años, está acusado por reducir a la servidumbre a trabajadores que sometía en un campo de frutillas de Arroyo Leyes
Los trabajadores que denunciaron al productor vivían en malas condiciones.
Un productor rural santafesino será juzgado por reducir a la servidumbre a trabajadores en un campo de frutillas de Arroyo Leyes. La Fiscalía federal pidió 8 años de prisión efectiva para el acusado, que tiene 25 años y fue denunciado en septiembre de 2025 por tres de las al menos veinte víctimas que determinó la investigación.
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) formularon la acusación para solicitar el juicio oral contra Francisco Poccia. El joven está imputado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, delito agravado por la vulnerabilidad y la cantidad de las víctimas.
Poccia está detenido desde octubre pasado, poco después de que tres víctimas realizaran una denuncia en una comisaría local tras escapar del predio en el que estaban sometidos. El campo de frutillas donde el acusado habría esclavizado a los trabajadores está ubicado en Arroyo Leyes, sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Los fiscales federales Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; la fiscal coadyuvante Milagros Traverso y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX, presentaron la acusación por escrito para solicitar la elevación de la causa a juicio oral. La pena solicitad es de 8 años de prisión, a la que también se podrían imponer medidas de reparación para las víctimas.
“Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales.
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La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia, en una comisaría local, de tres víctimas, una de las cuales refirió que habían logrado escapar del predio. A instancia de la Unidad Fiscal Santa Fe —a cargo del caso junto a la PROTEX—, el 1° de octubre se realizó el allanamiento al campo de frutillas ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.
Según la pesquisa, la mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco —principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde— y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.
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Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas. La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas.
El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable. De acuerdo a lo expuesto en la investigación, las víctimas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.
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Por Luis Castro
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