El gobierno nacional aseguró que Rodrigo Gómez se había endeudado por la extorsión a partir del contacto en una aplicación de citas
Foto: Ministerio de Seguridad Nacional.
A fines del año pasado, la Justicia federal comenzó a investigar el presunto suicidio de un soldado en la Quinta Presidencial de Olivos. La hipótesis se confirmó este lunes con una grave advertencia de las autoridades: "Esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y no es un hecho que quedará impune".
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue la principal responsable de explicar la operatoria de la banda delictiva que engañó a Rodrigo Gómez, fallecido el pasado martes 16 de diciembre. Durante la conferencia de prensa confirmó que hubo muchas otras víctimas del grupo de estafadores y anunció el arresto de siete personas, aunque tres de ellas ya estaban en la cárcel.
La magistrada a cargo de la investigación confirmó que los presos utilizaban una cuenta falsa en una aplicación de citas y luego empezaban a extorsionar a los jóvenes con los que conversaban. Los elementos clave en la operatoria eran los teléfonos móviles con los que contaban en dos alojamientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. "Hoy en día, el teléfono es una herramienta, un arma letal que terminó acorralando a la víctima hasta tomar una decisión terminal", expresó.
Antes de la presentación de la funcionaria judicial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, leyó una parte de la carta que dejó el soldado misionero antes de quitarse la vida en la residencia presidencial. " ¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? A partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas", decía el texto.
Gómez comentó que ya no tenía forma de resolver la cuestión y apuntó contra los policías que le pedían dinero: "Supuestamente, si les pagaba para que eso se solucionara, esto parece ser una estafa porque solo piden más y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa". Minutos más tarde, las autoridades señalaron en conferencia de prensa que los presos denunciados habían usurpado la identidad de un agente porteño.
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"Ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra", escribió Gómez. A continuación expresó su agradecimiento con su familia y con el Ejército.
El uniformado de 21 años dejó la carta para explicar que había caído en manos de unos estafadores. Monteoliva apuntó que entre las hojas había varias cuentas anotadas, un indicio compatible con la hipótesis de las deudas que había contraído para pagarle a los falsos policías.
La División de Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) descubrió que los delincuentes usaban un perfil falso en una aplicación de citas a nombre de Julieta Ayelén Cardozo o Gisela Daniela Cardozo. De esta manera conseguían el número de teléfono de hombres con los que empezaban a comunicarse a través de Whatsapp.
En la segunda etapa, las víctimas recibían "el audio del terror", como lo denominaban los propios sospechosos. Una mujer alterada grababa un mensaje de voz para exponer que su hija era menor de edad y amenazaba con hacer la denuncia contra el degenerado.
Después de la advertencia de la falsa madre entraba en escena Matías Nahuel Conti, un policía que pedía dinero a cambio de frenar la investigación. Los delincuentes utilizaron el nombre y los datos de un policía de la ciudad de Buenos Aires e incluso llegó a formarse un grupo de Facebook con publicaciones contra el agente por las estafas.
El verdadero usuario de ese perfil era Tomás Matías Francavilla, detenido en la Unidad 36 del Complejo Penitenciario de Magdalena. Allí trabajaba junto a Mauricio José Duarte Arecó. El tercer recluso acusado es Kevin Manuel Sandoval, privado de su libertad en la Unidad 26 de Olmos.
"Ahí venía toda la presión para que las víctimas hicieran las transferencias a distintas cuentas bancarias con alias de distintas mujeres que en la madrugada de hoy fueron detenidas", comentó Arroyo Salgado. Así confirmó que los extorsionadores tenían una red con apoyo fuera de la cárcel para recabar y administrar el dinero.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lamentó la muerte de Gómez como consecuencia del accionar de los estafadores, aunque también se mostró aliviado frente al esclarecimiento del caso. "Para nosotros fue un caso de mucha repercusión interna porque claramente dudábamos de la motivación", indicó.
El funcionario expresó su conformidad con el avance de la investigación y felicitó a la jueza federal de San Isidro: "En poquito tiempo pudo desarticular algo que todos sabemos que pasa". Luego advirtió que "un celular en la mano de un delincuente preso es permitirles tener un arma en una celda".
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El exvocero presidencial también compartió un mensaje para los familiares del soldado, ya que algunos asistieron a la conferencia en Buenos Aires. "Tengan la tranquilidad de que la tragedia no ha sido en vano. Hemos logrado que no muera más nadie en manos de estos asesinos", afirmó.
Finalmente, Monteoliva confirmó que los tres presos identificados van a ser trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al respecto, apuntó que todos serán considerados reclusos de alto riesgo y advirtió: "Les aseguro que no van a ver un teléfono por muchísimo tiempo".
Por Matías Petisce