Stella Maris y La Bombacha, dos barrios afectados por la violencia e intervenidos por el gobierno

El gobierno de la provincia anunció una marcada reducción de la violencia en los barrios Stella Maris y La Bombacha, linderos en el noroeste de Rosario donde en la segunda mitad de 2023 estalló un conflicto que provocó varios homicidios y el cierre parcial de instituciones. Las autoridades atribuyen la situación actual al programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF) basado en la articulación con la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación.

A seis meses de la implementación del IBF el gobierno de Santa Fe presentó los resultados detectados en estos dos barrios que integra el primer grupo de territorios afectados por la violencia donde se implementó el programa. "El objetivo central de IBF es identificar y seleccionar problemáticas o situaciones complejas de ser mejoradas en los barrios más conflictivos, mediante un abordaje integral de diferentes actores institucionales, implementando una combinación de medidas de seguridad, ambientales, sociales y urbanísticas", explicaron en un comunicado.

Puntualmente sobre los barrios Stella Maris y La Bombacha el balance de esos primeros meses remarcaron que se realizaron 56 allanamientos con 9 detenidos e imputados con prisión preventiva en el marco de causas relacionadas a hechos violentos. También consignaron el derribo de un punto de venta de drogas, el secuestro de 6 millones de pesos, 11 armas de fuego, 63 celulares y otros dispositivos.

Barrios en conflicto

El caso del barrio Stella Maris es uno de los tantos que podrían servir para intentar entender las complejidades del fenómeno de la violencia en Rosario: si bien tuvo otros períodos violentos, en la segunda mitad del 2023 fue escenario de un estallido repentino que puso en agenda a un nuevo grupo criminal hasta entonces totalmente desconocido. Una serie de homicidios y amenazas generaron conmoción pública y afectaron la normalidad de las instituciones del barrio. Tal como había ocurrido en esos meses en otros sectores como La Cerámica o el fonavi de Rouillón y Seguí con sagas de crímenes en pocos días.

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Una tarde de mediados de septiembre de 2023 Ángel Acuña, de 20 años, fue asesinado a balazos en una suerte de golpe comando: cuatro personas ingresaron a su casa, maniataron a sus familiares y después le dispararon tres balazos. El día siguiente sus amigos dijeron a este diario que lo habían matado soldaditos de un búnker que funcionaba con la anuencia de la comisaría del barrio. Fue una de las primeras veces que se escuchó nombrar a la banda de Los Menores.

Lo particular de este caso es que el crimen no se dio en un contexto de "economía ilegal u organización criminal", que es la categoría que según los informes del Observatorio de Seguridad Pública reúne a un 64,3 % de los homicidios registrados en 2023. A Acuña lo mataron nada más que por una discusión previa, pero el asesinato se llevó a cabo con las características de un crimen narco: un grupo con dominio territorial, con acceso a armas, con la posibilidad de escapar de inmediato sin ser perseguidos y de infundir temor para mantenerse impunes.

Los Menores

La Fiscalía imputó a dos de los autores, ligados a la banda de Los Menores. Semanas después del crimen el grupo volvió a ser mencionado en las calles e investigaciones judiciales por otros homicidios que sí tuvieron un trasfondo ligado a sus competencias por territorio para la venta de drogas. Aunque las víctimas no tenían vinculación directa con esa trama. Entre el 6 y el 13 de noviembre fueron asesinados tres vecinos con muy pocas cuadras de diferencia entre los barrios Stella Maris y La Bombacha. Crímenes que impactaron de lleno en la vida comunitaria y provocaron el cierre en esos días del centro de salud Ceferino Namuncurá.

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Sobre Los Menores se supo que tenían peso también en el barrio 7 de Septiembre y que obedecían a Matías G, a quien algunas versiones de calle ubicaban residiendo en Buenos Aires, pero que no fue identificado por la Justicia. Luego aparecieron en otras investigaciones. La imputación del policía Fernando Abel Molina, empleado de la subcomisaría 21ª que quedó preso al ser acusado de recibir coimas de un búnker que, según la víctima que delató al funcionario, era regenteado por Los Menores.

También los mencionaron al momento de identificar a los dos menores que hicieron de campana en el homicidio del policía Leoncio Bermúdez, asesinado en diciembre pasado en el Hospital Provincial cuando intentó interceder en el intento de fuga de un recluso que estaba siendo atendido allí. Meses después volvieron a nombrarlos en la investigación por el crimen del playero Bruno Bussanich, donde trascendió que el arma utilizada en ese crimen había tenido como destino a la banda de Los Menores.

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Con el tiempo Los Menores pasaron a ser considerados por investigadores como una banda de sicarios al mejor postor. Una categorización que puede suponer contactos y lazos con distintos sectores del crimen organizado para el acceso a armas e información sensible para la participación en hechos resonantes. Sin embargo sobre las líneas de mando superiores por el momento no hubo investigación que pudiera avanzar para esclarecer la otra parte de la trama: para quiénes trabajaban.

Multiagencial

El gobierno provincial vio entre sus prioridades más urgentes intervenir en el territorio donde la banda había causado mayor estrago. La participación de menores de edad o de jóvenes del propio barrio en esos grupos violentos implicó reconocer que se trata de un problema social mucho más complejo que la identificación y desmantelamiento de una banda. Así como surgió una, si las condiciones están dadas podrá surgir otra.

Sobre algunas de esas condiciones puede trabajarse en los territorios. Para las intervenciones inmediatas pudieron poner a disposición los recursos habilitados por leyes sancionadas en diciembre: ley de narcomenudeo, emergencia en seguridad, reforma procesal penal. Herramientas que sirvieron para derribar un búnker, promover allanamientos y aumentar la vigilancia. Se pudo desactivar una bomba que, ya mostró la historia reciente, puede volver a estallar.

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Por eso el IBF se anuncia como una intervención con varios objetivos: "La disminución de la violencia altamente lesiva, el acceso a la justicia, la resolución pacífica de conflictos, la consolidación de equipos territoriales, la atención a familias priorizadas, el saneamiento ambiental y el trabajo en conjunto con instituciones, referentes y actores del barrio".

En el caso de Stella Maris y La Bombacha el gobierno anunció que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad relevaron 4.452 vecinos y 1.827 viviendas en ambos barrios. El resultado dejó números alarmantes. Se detectaron 702 personas en situaciones críticas y 110 jóvenes sin trabajo y en contexto de vulnerabilidad social que fueron anotados en el programa Nueva Oportunidad. Se relevaron 131 familias priorizadas de las cuales 51 tienen integrantes relacionados a hechos de "violencia altamente lesiva", con 66 familiares presos, 11 niños con intervenciones de la Secretaría de Niñez y 3 con casos de violencia de género.