Por Eugenia Langone
Virginia Benedetto
Operadores de Municipalidad y provincia relevan el barrio Stella Maris casa por casa.
"Acá, donde estoy ahora, antes no se podía estar. A las cinco de la tarde ya había que meterse adentro", dice una mujer acodada sobre el pilar de ingreso a su casa en el barrio Stella Maris, ese rincón de Rosario que tiene como límite el codo que hace el arroyo Ludueña en el noroeste y donde en noviembre pasado las calles se hacían intransitables entre crímenes -tres en 48 horas- y balaceras.
Tanto sufrieron los vecinos en aquel momento que hasta la principal referencia del barrio, el centro de salud de la esquina de Acevedo y José Ingenieros, tuvo que cerrar sus puertas y desde su reapertura funciona con custodia de Gendarmería Nacional.
La mujer que cuenta la vida en el barrio habla con dos operadores identificados con pecheras de la Municipalidad de Rosario, mientras otros tantos de la provincia del relanzado Plan Abre, caminan algo más adelante. La escena es parte de la puesta en marcha del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que desde el último martes recorre una a una las casas de los vecinos, en una apuesta a reducir los niveles de conflictividad en los barrios, como también del municipio para mejorar las condiciones concretas de la zona.
Antes que llegaran estos operadores al Stella Maris, los vecinos comentan que hubo una serie de intervenciones policiales, sin embargo "la policía siempre llega tarde".
"Hoy, con la presencia de los uniformados de los operadores, está todo más tranquilo", comenta otra mujer detrás de una cortina que hace las veces de puerta. Lo mismo señala un comerciante que atiende su negocio tras incontables rejas. Así y todo, las expectativas por momentos se moderan con un "ojalá".
En la misma cuadra por donde el último lunes arrancaron la semana de relevamientos los más de 60 operadores que son parte de la intervención multiagencial, la escena allá por mediados de noviembre pasado era muy distinta. Es que Lorena Vega, de 42 años, recibió los balazos que la terminaron matando, pese a los intentos de evitarlo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). A 650 metros de allí, una semana antes, a Sofía Archilasqui la habían asesinado de un balazo en el abdomen frente a su hijo de 10 años, que también resultó con heridas de menor gravedad.
Esos dos crímenes, al que se sumó un tercero, una persona acribillada en su camioneta, obligaron incluso en esos días a cerrar las puertas del Centro de Salud Ceferino Namuncurá, ya que las autoridades de salud consideraban que las condiciones en la zona era "de máxima gravedad", como señalaron por esas horas las autoridades de Salud del municipio.
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"Está todo más calmo", reconoce Andrea Montaner, la directora del centro de salud, que en el conteiner ubicado en la puerta donde se supieron atender los cuadros febriles durante la pandemia de Covid-19 aloja ahora a la custodia permanente de Gendarmería. "Frenaron los tiros y las muertes violentas", agrega, sin dejar de recalcar que por tratarse de "un barrio tan olvidado, cada vez que hay una intervención, hay una gran expectativa por parte de los vecinos".
Por estos días en el espacio acotado de la sala de espera no da tregua el brote de dengue, de hecho turnos programados no se están otorgando porque los equipos con la pandemia primero, las situaciones de violencia sobre el final del 2023 y ahora la demanda por cuadros febriles no terminó nunca de retomar su funcionamiento anterior al 2020.
"El 80 por ciento de las consultas son espontáneas", dice la directora y señala que en cuatro años la demanda se triplicó. Los turnos son específicos para población de riesgo: bebés y niños, embarazadas y pacientes con patologías crónicas que pueden sufrir desestabilizaciones. Y por estos días, entre las urgencias, también se cuenta la demanda de comida.
De hecho, Montaner reconoce que entre las demandas de los vecinos en las encuestas realizadas por los operadoras en estos primeros días está "una mayor agilidad" en la atención del centro de salud. "Y está bien que sea así", dice la médica, que cuenta con un equipo de 24 personas, lo que incluye pasantes y residentes, para atender la demanda, y que recuerda que tras los hechos de violencia de noviembre pasado hubo 5 bajas entre los trabajadores.
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Es que más allá del centro de salud, la iglesia que se levanta en diagonal al Ceferino Namuncurá y la Escuela Nº 519 Alicia Moreau de Justo, que está a 50 metros sobre calle José Ingenieros, no hay otra pata del Estado.
"Tenemos la esperanza que la intervención tenga la posibilidad de agendar cuestiones relegadas por años en el barrio, y una es el hecho de que la enorme complejidad que tiene quede alojada solo en la escuela y en el centro de salud, continúa la médica. La esperanza a mediano y largo plazo es que pueda haber en el barrio una pata de Desarrollo Social de la Municipalidad y que la intervención deje capacidad instalada, para que no sea una intervención espasmódica".
Para Montaner, lograr una presencia permanente de Desarrollo Social es clave, sobre todo pensando en "la deserción escolar como un problema de salud pública" que señala no pasa solo porque los chicos "no saben leer y escribir", sino además "porque pierden todos los ámbitos de socialización en un barrio donde no hay clubes ni otras alternativas".
Con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin a la cabeza, el programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF) para ocho barrios de Rosario que se anunció a mediados de enero pasado y un mes más tarde, el martes 27 de febrero se concretó la puesta en marcha en el Stella Maris, como el primero de los puntos a trabajar y por ser uno de los sectores de la ciudad donde "hay circulación de violencia altamente lesiva", tal lo señaló el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, días atrás.
El terreno de la esquina de José Ingenieros y Acevedo, junto a la Iglesia, es el espacio donde todos los días entre las 8 y el mediodía, la provincia y el municipio despliegan el operativo. "Dependiendo el día, hay entre 60 y 80 personas trabajando", explicó William Burgener, responsable del operativo y parte de la Dirección de Intervención Integral en Barrios del municipio.
Esos operadores, con pecheras identificatorias ya sea de la Municipalidad de Rosario o del Plan Abre, son los que recorren a diario casa por casa, casi con la metodología de un censo relevando a las familias. Y cuando es necesario lo hacen con asistencia de efectivos de la Patrulla de Acción Táctica (PAT) de la Policía de Santa Fe. El territorio a recorrer respeta los límites referenciales que tiene el centro de salud, marcados por las calles República, Maradona, Sarratea y Schweitzer, que se corta en el arroyo.
"La respuesta de las familias y de la gente ante las visita es positiva", agrega la subsecretaria del Plan Abre, Yasmín Lifschitz, que junto a Burgener trabaja en la organización del operativo. Sin embargo, lo que ambos dejan en claro es que además del trabajo de relevamiento de dados, que son insumo para lo que será un diagnóstico para políticas a mediano plazo, "se trabaja en el día a día en el asesoramiento y asistencia para la resolución de los problemas que se puede resolver en lo inmediato: documentos de identidad, trámites de boleto gratuito y todas gestiones de ese tipo".
En el caso municipal, el desembarco es con todas las áreas que trabajan en el "mantenimiento urbano", tal como lo había adelantado el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, el día del inicio del operativo. Limpieza, desmalezamiento, poda y escamonda están entre lo que activa en el corto plazo, así como algunas tareas de bacheo y zanjeo que también ya se están llevando a cabo.
Lo cierto es que además de relevar las condiciones habitacionales del barrio, desde la cantidad de habitantes en cada una de las viviendas y los servicios hasta su nivel de escolarización, las demandas también están en la agenda de las consultas que llevan adelante los operadoras.
El mantenimiento del barrio es una de las clave que aparece, desde el tema de la basura hasta el bacheo y la poda. "Acá cuando se cae un árbol, como ese de enfrente, tardan días y días en venir a sacarlo", dice una de las vecinas.
Aunque hablan poco de la seguridad, casi como un gesto instintivo de preservación, la cuestión subyace. Les preocupan los chicos y jóvenes, sobre todo los que dejan la escuela, así como la solución de algunas cuestiones que desde hace tiempo piden y están relacionadas al transporte: la instalación de una garita en la esquina de la escuela y frente al centro de salud, como también el cambio de recorrido por algunas cuadras de las dos líneas de colectivos que llegan al barrio para que tengan parada allí y evitar a los vecinos tener que caminar varias cuadras hasta Génova, donde está actualmente la punta de línea.
Algunos pequeños cambios, otros más estructurales, pero que aseguran que pueden ayudar a hacer más liviano el tránsito en un barrio, donde en el último tiempo el día a día se hace cada vez más cuesta arriba, aunque ya las balas resuenen algo menos y no de manera letal.
Por Leandro Garbossa
