La joven de 16 años denunció golpizas, encierro y abuso sexual desde los 11 años. Detuvieron a tres personas. La Justicia investiga una posible red de trata
Un nuevo relato de violencia de género que comenzó hace más de cinco años
Esta semana, la Policía de Santa Fe rescató a una adolescente de 16 años y a su bebé de 11 meses en el barrio General López, en la capital de la provincia. La joven denunció haber sido víctima de violencia de género, privación de la libertad y explotación sexual durante varios años. Según su testimonio, sufría golpizas constantes por parte de su pareja, un joven de 19 años, mientras que su suegra la obligaba a prostituirse.
La víctima logró escapar y pedir ayuda cuando se acercó a dos hermanas que esperaban el colectivo. Desesperada, solicitó asistencia para llevar a su bebé al hospital, ya que el padre lo había golpeado.
Las mujeres notaron inconsistencias en su relato y entendieron la situación de vulnerabilidad extrema. La llevaron a su casa, le dieron asistencia básica y llamaron al 911. Oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y constataron la gravedad del caso.
Tras la denuncia, la Policía notificó a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Se activó de inmediato el protocolo de protección para víctimas de violencia de género y la Comisaría de la Mujer de la PDI tomó intervención en el caso.
Este miércoles, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Grupo de Irrupción Táctica (GAT), realizaron allanamientos en el barrio El Abasto, en la zona noroeste de la capital.
El operativo permitió la detención de tres sospechosos, entre ellos la pareja de la adolescente, y el secuestro de armas, drogas y dispositivos electrónicos. La hipótesis principal es que la joven era obligada a prostituirse como parte de un entramado delictivo que podría revelar una red de explotación sexual.
La fiscal Vivian Galeano, de la Unidad Especial de Género, Familia y Violencia, quedó a cargo de la investigación. Dispuso que los detenidos permanezcan privados de su libertad e imputados por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado.
Por la gravedad y la complejidad del caso, la funcionaria solicitó una prórroga de la audiencia imputativa, lo que le permitirá profundizar en el análisis de las pruebas obtenidas durante los allanamientos.
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La investigación reveló que la adolescente habría estado más de cinco años privada de su libertad. El cautiverio comenzó cuando tenía apenas 11 años y se prolongó hasta que, con 16 años, logró escapar esta semana.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia confirmó que tanto la joven como la bebé se encuentran fuera de peligro y bajo resguardo estatal. Fueron trasladadas a un dispositivo de protección y acompañamiento integral, donde reciben asistencia psicológica, médica y social.
Los informes preliminares aseguran que ambas están en buen estado de salud, aunque requieren seguimiento profesional para superar el trauma del encierro y la violencia sufrida.
Aseguran que dejaron de recibir los pagos sin previo aviso y que les deben prestaciones de octubre y noviembre pasados. "Nos dicen que no hay plata", afirman
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