En Rosario, esa discusión tiene anclaje concreto. En los últimos años, varias mujeres fueron asesinadas en escenarios vinculados a disputas de bandas, balaceras mafiosas o venganzas cruzadas. Casos que mostraron con crudeza cómo el narco no solo multiplica la violencia urbana, sino que también convierte a las mujeres en blanco de disciplinamiento y represalias.
De las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, ejecutadas en 2022 y arrojadas en un basural de Pérez, al femicidio de Susana Mena en barrio Gráfico y el de Rosario Vera en 2018, las investigaciones judiciales coincidieron en un punto: todas fueron víctimas de organizaciones narco, y todas murieron por su condición de mujeres en territorios atravesados por la violencia mafiosa.
Doble femicidio de las hermanas Estefanía y Marianela
El miércoles 20 de julio de 2022, alrededor de las 8.30, un hombre que pasó ocasionalmente por la zona de Camino de Los Indios y Chajá, en la localidad de Pérez y cerca del barrio Cabin 9, encontró en un lugar usado como basural —de los tantos que hay en la zona— los cadáveres de Estefanía y Marianela Gorosito, dos hermanas de 25 y 28 años, que vivían en barrio Belgrano. Las habían levantado de un bar de Oroño y Salta, y aparecieron horas después en ese basural.
Por la esquina donde está el bar Anajuana las buscó un Citroën C3 color gris. Después, según lo que explicó el fiscal Patricio Saldutti durante la audiencia en la cual se imputó aparte de los responsables, a las chicas les robaron sus pertenencias y según el trayecto marcado por el impacto de las antenas del celular de una de ellas, fueron llevadas a Cabín 9 y asesinadas. Estefanía recibió ocho disparos y Marianela cuatro, a ambas les dispararon dos veces en la cabeza y las tiraron.
Con el correr de los días y las distintas alternativas de audiencias y juicios hubo varios implicados en los homicidios: William Alberto E. L., de 18 años y domiciliado en Ancaste al 2600, argumentó durante las audiencias que era ladrón y su objetivo sólo era robarles las pertenencias a las dos mujeres. Otro fue Damián Ezequiel R., de 30 años y dueño del auto en el que fueron trasladadas las víctimas. El fiscal Saldutti les imputó los delitos de femicidio, homicidio calificado por el concurso premeditado, homicidio criminis causa y robo calificado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
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La condena
El 7 de diciembre de 2022, fue detenido Lucas Martín Castillo, de 29 años y conocido como “Pelu” o “Chamaquito”. Considerado gatillero de Camino, había sido pareja de una de las víctimas y tenía pedido de captura como sospechoso de haber sido el autor material del doble crimen. Fue interceptado al volante de un Chevrolet Corsa en un control de rutina del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell. Antes fueron detenidas, en septiembre de 2022: Sandra Calegari, de 52 años y sindicada como transera de la zona de Rouillón y Seguí, y Melisa Samanta Negro, de 35. Como entonces estaba en pareja con Camino, esta mujer orientó la pesquisa al entorno del jefe narco. A este grupo se sumó una adolescente de 15 años que por su edad no es punible y por quien tomó intervención el juzgado de Menores Nº 2.
El principal sospechoso fue Pablo Caminos quien ya estaba preso y se consideró como el instigador. Caminos quedó implicado como coautor intelectual de los casos de femicidio, calificados además por ser cometidos mediante el acuerdo entre más de dos personas y por ser criminis causa, es decir, ligados al robo de las pertenencias de las víctimas. Tres figuras legales que prevén la prisión perpetua.
La principal hipótesis del doble crimen fue un ajuste de cuentas narco hecho por una célula que trabajaba para Los Monos, la de Caminos, en la zona oeste. Marianela y Estefanía, las víctimas, habrían tenido una deuda cercana a los 900 mil pesos con la organización narco, para la que habrían vendido droga.
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Para Fiscalía ya están dadas las condiciones para que se fije la fecha del juicio, los cinco acusados tienen pedido de condena a perpetua por homicidio premeditado, y Damián R, quien prestó el auto, un pedido a 13 años como partícipe. Por otro lado, desestiman que el juicio sea en lo que queda del año, ya que los juicios hasta diciembre ya están notificados.
Los crímenes de barrio Gráfico
A Susana Haydée Mena la asesinaron el 11 de enero de 2024, Tenía 27 años y tres hijos. Tenía problemas de adicciones y se presume que la mataron para saldar una deuda. La chica realizaba trabajos de limpieza y venta de drogas a pequeña escala en esa casa de Magaldi al 8800 que había sido usurpada para usarla como búnker. En el barrio la solían ver cirujeando cartones, maderas y latas en un carro con sus chicos a cuestas. "Era una buena madre, los chicos siempre iban con ella. Los llevaba al dispensario y los vacunaba, los hacía ver por el médico", la recordaron ante este diario sus vecinos, que a veces ayudaban con ropa o comida a esta chica "flaquita, morochita" y tan menuda que "parecía una nena de 15 años", contaron los vecinos del barrio Gráfico en ese verano de infierno. Encontraron su cuerpo en una bolsa de arpillera.
Para el fiscal Alejandro Ferlazzo, el crimen ocurrió en un contexto de violencia de género dentro de una organización criminal violenta y controlada por varones. Susana se encontraba ante ellos “sin ningún tipo de decisión y supeditada a la amenaza permanente. La forma en la que es descartada permite asegurar que fue elegida por su condición de mujer”, indicó al encuadrar el caso como femicidio.
Lucas Uriel Saban, quien era su jefe en la precaria, pero cruenta organización de venta, fue imputado en el Centro de Justicia Penal como uno de los que cometieron el crimen. Para el fiscal Alejandro Ferlazzo, junto al ya imputado Nahuel Romero ataron los pies de la chica, la golpearon y la estrangularon con un cable para dejar un mensaje ejemplificador. El crimen fue filmado y el video circuló entre sus conocidos. Al parecer de una manera similar al triple crimen de Florencio Varela ocurrido esta semana.
Según la investigación, Saban actuaba a órdenes del preso Jonatan “Gordo” Brezik. Se trata de un hermano de crianza del líder de Los Monos, Máximo Ariel “Guille” Cantero condenado por narcotráfico y detenido en la cárcel de Resistencia, Chaco.
El femicidio de Rosario Vera
El 4 de enero de 2018 pasada la medianoche en inmediaciones de Felipe Moré y Garay, fue hallado dentro de un contenedor de basura donde se inició un foco ígneo el cuerpo de María del Rosario Vera, de 23 años. Tenía signos de ahorcamiento y estaba envuelto en una alfombra. Le decían Sico y era la menor de diez hermanos.
El juicio oral por el caso terminó en febrero de 2021 con dos acusados absueltos y una condena a 25 años de prisión al dueño de la casa donde se cometió el crimen. Un año después, un tribunal de apelación elevó esa pena a prisión perpetua. En un fallo dividido, dos juezas consideraron que no se trató de un homicidio común sino de un caso de femicidio.
Tras un fallo del 24 de febrero de 2021, los jueces Rafael Coria, María Isabel Mas Varela y Rodolfo Zavala condenaron entonces al vendedor barrial de drogas Néstor Hugo Sánchez, de 48 años, a 25 años de prisión. La pena más alta del delito de homicidio simple. Pero rechazaron el enfoque de femicidio que reclamaban tanto el fiscal Alejandro Ferlazzo como la abogada querellante Mariana Caratozzolo. Los otros acusados fueron su ex cuñado Alberto Martín “Noventa” Sánchez, de 37 años, y Nahuel Segovia, quienes estuvieron en la casa la tarde previa al crimen y fueron absueltos por beneficio de duda. Según la investigación, eran parte de una banda de venta de drogas llamada “Los Noventa”.
Un año después, un tribunal de apelación conformado por los camaristas Georgina Depetris y Bibiana Alonso y , con un voto en disidencia de Guillermo Llaudet. Un nuevo fallo revirtió la polémica sentencia que no había incorporado la figura de femicidio al no constatar una relación violenta previa entre la víctima y el atacante y elevó la pena a Sánchez a a prisión perpetua. En un fallo dividido, dos juezas consideraron que no se trató de un homicidio común sino de un caso de femicidio. Una muerte que respondió a la condición de mujer de la víctima.
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Entre 2020 y lo que va del 2025, 128 mujeres fueron asesinadas en la provincia de Santa Fe con prácticas propias del mundo narco. Nueve de cada diez de esos femicidios en contexto de crimen organizado fueron en Rosario. La asociación civil Mumalá planteó estos datos en un informe que brindó a principios de mes en la explanada del Centro de Justicia Penal, de Mitre y Virasoro.
El trabajo "No estamos todas, nos faltan las víctimas del narcotráfico en Santa Fe", pone en la escena los casos de feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado registrados en la provincia entre 2020 y los primeros seis meses de este año. "Queremos visibilizar estas cifras para poder tomar una real dimensión de esta problemática que muchas veces queda oculta", señaló en su momento Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la mesa federal de Mumalá, la asociación civil feminista que desde 2015 lleva adelante un observatorio de violencias por motivos de género.