Por Hernán Lascano
El edificio Condominios del Alto, cerca del shopping de calle Junín, donde se halla un departamento que irá a remate.
La violencia que se le atribuye al grupo de Esteban Lindor Alvarado, según el juicio que se le sigue en estos días en el Centro de Justicia Penal como jefe de una asociación ilícita, tuvo un despliegue territorial vasto en la ciudad y efectos sanguinarios medidos en varios homicidios. Pero en el largo tiempo en que se consumaban esas ejecuciones, se montaba con dinero ilegal una cadena de empresas lícitas que financiaban las actividades delictivas y permitían comprar bienes en barrios cerrados como Puerto Roldán, Tierra de Sueños, Funes Hills y Condominios del Alto entres otros.
Esta madeja de bienes se mide en concreto, según lo planteado en la acusación preliminar del juicio, en 38 inmuebles, 165 vehículos de todo tipo (camiones, camionetas, autos, semirremolques), depósitos de dinero en 20 cuentas inmovilizadas por orden del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un escalón de inmuebles que a los fiscales les interesó recuperar desde el minuto uno del proceso judicial. Sobre la mayoría de los bienes enumerados pesan órdenes de decomiso, pero un lote de viviendas que están inscriptas a nombre de hombres de paja, al decir de los fiscales, es decir testaferros que actuaban en nombre de Alvarado, ya están en condiciones de ir a remate porque hubo condenas contra esas personas en el marco de juicios abreviados.
El próximo viernes a las 14 ocho inmuebles entre viviendas y un campo serán subastados en la ciudad de Santa Fe por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), una entidad autárquica que tiene a disposición todos los bienes y efectos que son objeto de secuestros en causas penales. Se trata de inmuebles de significativo valor económico que solamente por las bases iniciales, calculadas en dólares al tipo oficial, superan sumadas 1.250.000 de la moneda estadounidense.
Entre los bienes que van a subasta se cuenta un campo ubicado en jurisdicción de Coronel Bogado que estaba a nombre del abogado Claudio Tavella, histórico representante legal de Alvarado; un departamento ubicado en cercanías del shopping Alto Rosario donde encontraron viviendo al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (ex PDI) Javier Makhat; y una vivienda de dos plantas en el country Funes Hills donde el día que fue allanada estaba viviendo Rosa Capuano, que es madre de los hijos del presunto jefe criminal. También van a remate tres inmuebles en los barrios Tierra de Sueños I y II, ubicados en Roldán; y una casa en calle Bolivia 1833 del barrio Belgrano que perteneció al ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de Rosario Gustavo Spoleti, quien terminó su carrera como titular de la Plana Mayor de la Jefatura de San Lorenzo.
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Es interesante lo que muestra el trámite judicial sobre esta última casa que en cinco días estará bajo el mandato de un martillero público. En el inicio de la causa penal Spoleti compareció como imputado en la misma audiencia que Alvarado. Fue el 22 de noviembre de 2019. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra indicaron que el ex comisario realizó una maniobra junto con Jorge Benegas, uno de los encargados comerciales de Alvarado, con la venta y escrituración de esa casa lo que le permitió justificar los montos que le demandaron construir al jefe policial su vivienda en Fisherton.
La defensa de Spoleti, a cargo de Paul Krupnik y Marina Lianza, se mostró sorprendida ya que, dijeron entonces, esa propiedad fue investigada en una causa de supuesto enriquecimiento ilícito de 2014 que ya había archivado la entonces jueza de Instrucción Alejandra Rodenas. No obstante, esa casa fue a decomiso por la relación con Alvarado y ahora se remata con una base de 4.773.750 pesos (poco menos de 40 mil dólares al cambio oficial).
Otro inmueble que se subasta es el piso en Condominios del Alto, frente al parque Scalabrini Ortiz, donde vivía el oficial Javier Makhat, que en junio pasado fue condenado a 3 años de prisión y a pagar una inédita multa de 50 millones de pesos en un juicio abreviado en el cual aceptó integrar la asociación ilícita comandada por Alvarado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La causa por la que cayó preso Makhat se inició a partir de la investigación del secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre de 2018. En el marco de la pesquisa fue allanada una casa quinta del paraje Los Muchachos, en jurisdicción de Piñero, que estaba a nombre de los hijos de Alvarado. En esa propiedad fue secuestrada cuantiosa documentación entre recibos, impuestos y servicios de distintas propiedades.
Esa documentación llevó a los pesquisas al allanamiento que hicieron el 21 de noviembre de 2019 en un departamento de 100 metros cuadrados ubicado en Condominios del Alto, a metros del shopping Alto Rosario. Para sorpresa de los investigadores, allí vivía el comisario Makhat y en dos cocheras del edificio encontraron un auto y una camioneta de la PDI que estaban a disposición del ex oficial. Para los fiscales, Makhat permitió “la utilización de su nombre y el de su pareja para la circulación de bienes de la asociación ilícita” comandada por Alvarado, quien era el verdadero dueño del dinero con el que se compró el inmueble.
Los acusadores resaltaron incluso que los hijos pequeños y la mujer de Alvarado vivieron allí una temporada en que éste estaba convencido que Luis Medina, el empresario narco asesinado en diciembre de 2013, lo buscaba para matarlo. La base para el remate es de 27.552.700 pesos (239.000 dólares). A eso se agregan las cocheras por otros 4.380.500 pesos iniciales.
El campo en Coronel Bogado a subastar tiene una superficie de 10 hectáreas. Fue comprado en 2016 a un valor irrisorio por el abogado Tavella, que también fue condenado en un juicio abreviado. Según la sentencia, el campo fue escriturado a un valor irrisorio por lo bajo a nombre del profesional que, en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo, es decir sin capacidad económica para esa operación. El valor escriturado fue de 1.900.000 pesos cuando el valor fiscal catastral, dicen los acusadores, era tres veces más. El valor catastral, además, es ya algo muy por debajo del valor real. Era, según la sentencia, una operacion de blanqueo de fondos procedentes del delito y se subastará con un valor de arranque de 14.823.000 pesos (115 mil dólares).
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También se rematará la vivienda de la que Alvarado se hizo en calle Misiones 865, en el barrio Tierra de Sueños I de Roldán. Según expusieron los fiscales, esa propiedad perteneció a Rodrigo Ortigala, quien declaró en la causa penal como testigo protegido, y que según denunció debió cederle a Alvarado la casa bajo amenaza de muerte, luego de que éste averiguara que había tenido una relación sentimental con su mujer. Luego de blanquear en los papeles la transferencia de la propiedad, Alvarado colocó la residencia como capital social para la constitución de la empresa Toia SRL. El responsable legal de TOIA es un rosarino condenado en Río Negro por el tráfico de 493 kilos de marihuana. Alvarado, que en estos días es juzgado en los Tribunales Federales de Rosario por esa misma causa, tenía su domicilio legal en ese lugar que se subasta con una base de 13.159.500 pesos (114 mil dólares).
La vivienda que fue allanada en el barrio San Marino del country Funes Hills, donde vivía la ex mujer de Alvarado, será subastada en el mismo acto. Es una casa de dos plantas con 286 metros cuadrados cubiertos y piscina. Sale con una base de 60.328.800 pesos (524 mil dólares al cambio oficial). Por último va a remate una casa en el barrio Tierra de Sueños de Funes, en calles Miramar y Punta del Este, que consta en la condena del polícía Makhat porque estaba a nombre de su esposa. Pero esta casa pasó mediante un boleto de compraventa a favor de Gustavo Ramos, quien es medio hermano de Alvarado. El movimiento de bienes dejó establecer justamente que era suya y será ofrecida a partir de 25.119.000 pesos (217 mil dólares).
En el juicio que arrancó hace dos meses contra Alvarado se indicó que lo que le permitió edificar su fortaleza económica fue la actividad comercial que incluyó hechos violentos. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas y la compra de inmuebles. Con esta subasta se entabla la batalla por los bienes que atesoró. A través de los remates de la Aprad del viernes que viene se busca que el dinero vuelva al Estado para fines múltiples: financiar las investigaciones, reparar económicamente a las víctimas, construir edificios para salud o educación, entre variables diversas.
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