Por primera vez en una audiencia en el Centro de Justicia Penal quedó expuesta la estructura de negocios que alimentaba un entramado de empresas legales que, según la hipótesis fiscal, Esteban Lindor Alvarado utilizaba para mantener actividades ilícitas. Fue una audiencia en la que no se ventilaron, como ocurrió en los días previos, delitos contra la propiedad o las personas, sino de dónde fluye el dinero para pagar la mano de obra que la lleva adelante. No se habló de la vida o la muerte directamente. Se habló de dinero en blanco para financiar una serie de delitos, entre ellos desviar las investigaciones del homicidio del prestamista Lucio Maldonado (ocurrido en noviembre pasado) y las tres últimas balaceras a blancos del Poder Judicial registradas el año pasado.
Hablar de dinero, según especificó uno de los fiscales a siete horas de iniciada la audiencia, significa en lo concreto dos números: 106 vehículos y 29 inmuebles. Ese es el patrimonio que integró con su actividad la asociación ilícita. Al finalizar el trámite, la jueza Silvia Castelli convalidó todas las figuras penales requeridas por la acusación. Les dictó prisión preventiva por 60 días a cuatro de los hombres imputados, tres de ellos señalados como testaferros. Mantuvo la libertad bajo la obligación de firma semanal a las cinco mujeres llevadas al banquillo, entre ellas la esposa de Alvarado. Este último, que está acusado de ser jefe de la empresa criminal juzgada, ya está con prisión en la cárcel de Piñero y ayer estuvo por tercera vez en seis días en la misma sala.
Entramado empresario
De acuerdo a lo expuesto por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Alvarado está a la cabeza de un entramado de al menos nueve empresas legales (cuatro corporativas y cinco unipersonales) cuyos integrantes, todos de su círculo íntimo, están interrelacionados entre sí. Así podían verse nombres de empleados que aparecían cumpliendo funciones en varias de las empresas investigadas. Y vehículos de algunas de éstas, cuyas patentes o seguros eran pagados por otras sociedades o personas investigadas por la Fiscalía.
Estas empresas eran de servicio, logística o concesionarias de venta de autos. En la audiencia se expusieron un puñado de los 4.600 audios extraídos del IPhone 8 de Alvarado en los que el hombre daba órdenes a los otros integrantes mediante la aplicación de mensajería Telegram. "Alvarado ordenaba qué empresa vaciaba y qué otra mantenía", dijeron los fiscales. Para la acusación ninguno de los nueve acusados podía desconocer quién era y a qué se dedicaba Alvarado.
Siempre la hipótesis fiscal, Alvarado era un empleado de la empresa Sagrado Corazón de María SRL que ganaba 12.333 pesos mensuales (148 mil pesos anuales contando aguinaldos) que según audios extraídos del IPhone del principal acusado tenía movimientos de "uno o dos millones de pesos". Otro detalle que quedó en evidencia es que Alvarado conocía al prestamista Lucio Maldonado, algo que había negado: una camioneta a nombre de un tercero con aval para entrar en el country de Funes donde vivía Alvarado tenía entre los autorizados a conducirla con tarjeta azul a Maldonado. Entre los imputados estuvo Rosa "Rosi" Natalí Capuano, ex esposa de Esteban y madre de sus dos hijos.
Casos testigo
Dos ejemplos, entre seis casos testigo que se ventilaron. El de Fabián A. quien fue empleado de la empresa Transporte Benegas (cuyo titular es Jorge Antonio Benegas, presentado como testaferro de Alvarado), chofer de la firma Edra SRL en 2013 y trabajador de Transporte Toia SRL. Otro de los casos que se utilizaron para exponer la mecánica con la que Alvarado se hizo de la vivienda de calle Misiones 865, en el barrio Tierra de Sueños 1 de Roldán.
Según expusieron los fiscales, esa propiedad perteneció a Rodrigo Ortigala, quien declaró en la causa como testigo protegido, y que según denunció debió cederle a Alvarado quien lo encañonó con un arma para que lo hiciera. Luego de blanquear en los papeles la transferencia de la propiedad, que se realizó en un bar frente a Tribunales, Alvarado colocó la residencia como capital social para la constitución de la empresa Toia SRL. El responsable legal de TOIA es un rosarino condenado en Río Negro por tráfico de drogas, cuya esposa estuvo ayer en la audiencia como acusada. Alvarado tenía su domicilio legal en ese lugar.
Entre el público que asistió a la audiencia ayer estaban Hugo Maldonado, hermano del asesinado Lucio, y Rodrigo Ortigala, quien comenzó en esta investigación como testigo protegido y que según la hipótesis de la acusación es una de las personas sobre la que Alvarado quería volcar el peso de la responsabilidad de los ataques a balazos en los que él está acusado.
Los tres niveles
Alvarado está acusado de liderar una asociación ilícita conformada en tres estamentos según la acusación. El primero lo integran personas que llevaban adelante la ejecución de violentos delitos contra la propiedad y las personas; el segundo estaba conformado por civiles y policías que buscaban dotar de impunidad a los hechos ejecutados por la mano de obra armada de la banda; y un tercer escalón donde estaban las empresas legales conformadas por Alvarado mediante prestanombres o testaferros, que fue lo que se analizó en la audiencia de ayer.
Además de Alvarado, en el banquillo se sentaron acusados de integrar la asociación ilícita "Rosi" Capuano, Jorge Antonio Benegas, su pareja Valeria N., Nadia T., Leandro Suárez, Estefanía T., Adrián Fernández, Carlos Argüelles y Flavia G. Las empresa bajo la lupa son Transportes Toia SRL, Edra SRL, Logística Santino SRL, TSC Logística y Sagrado Corazón de María SRL.
Entre las firmas unipersonales aparecen la de Rosa Capuano, la de Jorge Antonio Benegas, Nadia T. y Leandro Suárez. Todos fueron acusados por el delito de asociación ilícita y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave. En la audiencia, la Fiscalía solicitó para las cinco mujeres la libertad con reglas de conducta y para los hombres 60 días de prisión preventiva, al entender que tuvieron un plus, que fue interactuar directamente con Alvarado.
Argumentos defensivos
El abogado Paul Krupnik, defensor de Capuano y Flavia G., sintetizó en su alegato lo planteado por las defensas. Expuso con detalles administrativos y de auditorías fiscales de la Afip a Logística Santino que la empresa tenía números deficitarios. "Si le hubieran imputado que Logística Santino funcionaba como una pantalla para encubrir actividades delictivas o las ganancias de eso, ¿cómo podría haberlo hecho con déficit?", dijo el abogado.
"La Fiscalía no hace un señalamiento de cuál es el aporte concreto que hizo Capuano a la supuesta asociación ilícita", dijo Krupnik en un concepto compartido por sus pares de las otras defensas. Todos coincidieron en negar la acusación y argumentaron que "las empresas están legalmente constituidas y allí todos trabajaban hacia tiempo", y pidieron la libertad de sus asistidos o la morigeración de prisión.
La jueza Castelli se tomó 40 minutos para explicar su fallo. Rechazó el pedido de nulidad de la apertura del Iphone de Alvarado, clave para las acusaciones, porque eso fue autorizado por un juez. Sostuvo que la Fiscalía fue más allá de los hechos para hablar de asociación ilícita e hizo "una investigación profunda" sobre los bienes, con evidencia demostrada y con demostración de conexiones entre los miembros y el jefe. "Hay gente que hace de fronting: ponen la cara", dijo Castelli.
Jorge Benegas, Leandro Suárez y Carlos Argüelles, señalados como testaferros, pasarán 60 días en prisión, al igual que Adrián Fernández, imputado de colaborar en la ejecución de otros delitos. Las cinco mujeres, también tenidas como prestanombres probables, seguirán libres ya que la Fiscalía no solicitó la detención y en 90 días su situación volverá a revisarse. Por segunda vez en seis días la investigación tuvo un espaldarazo. El primer aval lo dio el lunes la jueza Melania Carrara.
en construcción. Una de las propiedades de Alvarado allanada por la policía en un barrio privado.
Por María Laura Cicerchia