Un informe confidencial elaborado hace veinte días por el Ministerio de Seguridad de la provincia en el que participaron actores relevantes de distintas agencias penales de la provincia consideró, al evaluar el juicio oral que empezará mañana por las balaceras a objetivos del Poder Judicial, que el riesgo de hacerlo en forma presencial “sería extremo” y el que podría desarrollarse en forma virtual sería igualmente calificado de “alto”. El paper cifraba la posibilidad de un atentado en inminencias del arranque del proceso en un 50 por ciento. Y consideraba que dadas las dimensiones y características del Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario todo dispositivo de seguridad "tendría vulnerabilidades".
La evaluación se conformó, en el documento citado, en el análisis de la calidad de las personas imputadas en las balaceras, en la naturaleza en la que serán involucrados las organizaciones criminales “acostumbradas a acciones de violencia temeraria”.
El informe fue requerido por el secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro, tras una reunión con la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren a la Unidad Especial de Protección de Testigos y Querellantes, para que se realizara un estudio de seguridad y análisis de riesgo de jueces, fiscales, testigos e Instalaciones del Centro de Justicia Penal, a propósito del juicio en las modalidades presencial o por video conferencia a los ocho acusados de la secuencia de atentados a domicilios de jueves y objetivos del Poder Judicial concretados en 2018. El principal acusado, como ideólogo, es el líder de la Banda de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, contra quien se solicitaron 24 años de prisión por estos actos.
El documento de 48 páginas, que consta de un diagnóstico y fotografías, está fechado el 31 de julio pasado. La evaluación del riesgo implicó la decisión de que, favorecida por el factor condicionante de la emergencia sanitaria por la pandemia que supone decisiones de aislamiento social, se defina que los ocho acusados no estarían presentes en las audiencias a partir de mañana, sino que las sigan desde sus lugares de detención.
Cuatro puntos fueron definidos para considerar en situación de riesgo extremo la realización de un juicio presencial y alto uno virtual. Todos se centran en la figura de Guille Cantero, “quien en la actualidad se encuentra detenido con varias condenas en su haber que cumplir, y pese a ellos, según se pude desprender de varias investigaciones que se encuentran en curso, el mismo seguiría comandando la banda criminal”.
Otro es el carácter de la violencia. Como se desprende de los hechos a juzgarse, “estamos frente a varios atentados armados, en los cuales se habrían utilizado diferentes armas de fuego”, se señala. Un tercer factor se refiere al nivel de organización del grupo que amenaza. “Se trata de una banda que ha establecido relaciones sofisticadas con miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y otras élites y el uso que han hecho de la violencia sin miramientos les ha permitido controlar economías ilegales como el microtráfico en vastas zonas de la ciudad”. El cuarto apartado alude a la capacidad, los conocimientos y los medios de que dispone el grupo para cumplir las amenazas”, se precisa.
“El líder de la banda, es decir Ariel “Guille” Cantero, en la actualidad está sospechado de llevar adelante desde el penal de Marcos Paz la provisión de un servicio de sicariato, siendo que una de las causas en las que se lo menciona ocurrió en el presente año en curso”, se lee en el informe.
El documento implicó la adopción de un diagnóstico y medidas de seguridad planteadas con distintos objetivos. El primero fue de protección a jueces, fiscales y testigos, que implicaría medidas de restricciones a todos estos actores, que afectaría la calidad de “vida social” de éstos, que se vería restringida en movilidad y actividades recreativas y sociales, las que alcanzarían inclusos a sus grupos familiares cercanos de protección, a fin de minimizar la exposición.
Relacionado a testigos, se previó que la modalidad virtual minimice la exposición mediática del testigo, dándole opción de prestar declaración en zona controlada, evitando traslados y exhibiciones en el Centro de Justicia Penal.
El segundo objetivo a asegurar fue el traslado de imputados para evitar intentos de evasión, lo que quedó desnaturalizado frente a la condición virtual del proceso. Lo que se temía era que en los traslados diarios a las audiencias se generaran cuestiones violentas para generar una huida.
El tercer objetivo fue asegurar la seguridad en torno del edificio del CJP de Rosario y también la interna. Tanto en el perímetro del predio acotado por las calles Rueda, Sarmiento, Virasoro y Mitre. Se trabajó para anticipar y dificultar el acceso de intrusos con utilización de las herramientas tecnológicas provistas, como detectores de metales, barreras propias de zonas del edificio y controles con guardia armada.
La conclusión arribada fue que pese a la diferencia de riesgo según la realización de un juicio virtual o presencial, con un mayor nivel de conflictividad previsto en este último caso, igualmente “todo dispositivo de seguridad tendría vulnerabilidades ante hechos planificados por organizaciones criminales” dadas las dimensiones y características del edificio. “La probabilidad de que ocurra atentado se mantiene en 50%, pero entendemos que las consecuencias de que el juicio no sea presencial, ó sea que los acusados no se alojen en el centro de justicia, se vería reducida a solo daños materiales”, se señalaba.
