Policías y narcos: un arreglo de 5 millones de pesos para plantar armas e incriminar a otra banda

Es la hipótesis que planteó el fiscal Franco Carbone este miércoles en la audiencia imputativa a tres de los cinco policías detenidos el domingo pasado
28 de febrero 2024 · 15:27hs

Tres policías de la provincia fueron imputados por distintos delitos relacionados al encubrimiento de seis ataques a balazos ocurridos entre diciembre y enero pasado, hechos que fueron acompañados por mensajes amenazantes al gobierno. La Fiscalía entendió que para hacerlo intentaron incriminar a una persona, cercana a un presunto narco asesinado el martes, plantándole tres armas que se habían utilizado en los ataques. Todo habría ocurrido a cambio de un pago de 5 millones de pesos, según consta en la investigación. La audiencia ventiló puntos oscuros del trabajo cotidiano de la policía pero dejó aún más interrogantes acerca del vinculo de los integrantes de la fuerza con bandas criminales.

De los cinco policías que quedaron detenidos el domingo, solo tres llegaron a la audiencia de este miércoles privados de la libertad. La jueza Melania Carrara confirmó que quedarán en prisión preventiva por el plazo de ley. Dos de ellos trabajan en el Comando Radioeléctrico: Lisandro Vera es empleado desde el 2015 y Damián Ruiz desde hace 15 años, ambos aprehendidos mientras cumplían servicio. En tanto que Marcos Martín Molina, también con 15 años en la fuerza, trabajaba desde abril de 2023 en el Centro de Justicia Penal asignado en la Oficina de Gestión Judicial. Lo apresaron en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, donde se alojaba tras pedir licencia médica. Los otros dos, Joaquín Duré y Yael Fernández, recuperaron la libertad pero continúan investigados porque consintieron el contenido falso del acta de procedimiento presentada por sus colegas.

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El contexto de la causa es muy delicado y se remonta a diciembre pasado. A dos días de haber iniciado la gestión provincial, el gobierno de Maximiliano Pullaro tomó como una de sus principales medidas en Seguridad el aumento de restricciones a los presos considerados de alto perfil en las cárceles de Piñero y Coronda. Horas más tarde ocurrieron dos ataques a balazos contra un banco de la zona sur y contra el Hospital Clemente Álvarez, donde se hallaron mensajes amenazantes al gobernador con alusión a las medidas penitenciarias. Así iniciaba una seguidilla de ataques que se extendió hasta los primeros días de febrero.

Por 5 millones

Al menos seis de esos atentados se ejecutaron con tres armas de fuego que estuvieron en poder de los tres policías imputados este miércoles. Son las que el 31 de enero, según la acusación del fiscal Carbone, intentaron plantarle a Alexis C. M. en un procedimiento armado que luego intentaron legalizar con un acta de procedimiento que resultó repletó de mentiras. Además de las armas pretendieron adjudicarle un mensaje intimidante con características similares a los hallados en atentados anteriores.

El hombre aprehendido para ese procedimiento armado no había sido elegido aleatoriamente, sino que era el chofer de Leonel Tripi, un hombre de 30 años involucrado en el narcomenudeo en la zona oeste que fue baleado este martes y murió horas después. La Fiscalía entendió que intentaban incriminarle los ataques a balazos acompañados de amenazas al gobernador y otros funcionarios, para a su vez encubrir a los verdaderos autores de esos atentados.

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Un testigo de identidad reservada brindó un posible marco de la bronca de fondo que motivó a que una banda buscara incriminar a otra para exponerla a la Justicia. Contó que Los Tripi, como se conoce a la banda que integraba el joven asesinado y sus dos hermanos presos, mantenían una bronca con otro hombre relacionado al narcomenudeo en la zona oeste: Mauricio Ayala. ¿Los motivos?: una serie de procedimientos contra Ayala que, según el testigo, “le hicieron perder 200 kilos de falopa y tirar un búnker”. Se refería al búnker de Riobamba al 5000, justamente uno de los puntos de venta de drogas que fueron derribados a comienzos de año.

El mismo testigo indicó que Los Tripi trabajan para “Mario Pino”, un apodo que podría hacer referencia a Matías “Pino” César, un recluso ligado a Los Monos. En ese marco se dieron varias balaceras con mensajes que mencionaban a estos nombres en una especie de correspondencia mantenida a balazos, y algunos de esos hechos habrían sido realizados para incriminar a Los Tripi. Ese mismo trasfondo sería el que motivó el procedimiento armado por los policías ahora imputados. Buscaron plantarle las armas a Alexis C. M. para que Los Tripi queden implicados en al menos seis ataques intimidantes.

El testigo en cuestión mencionó que el policía Marcos Martín Molina recibió de parte de Ayala “5 palos”, es decir cinco millones de pesos, para armar el procedimiento finalmente realizado a primera hora del 31 de enero. Molina contó con los agentes del Comando Radioeléctrico Damián Ruiz y Lisandro Vera. Según describió el fiscal Carbone, a partir de lo que surgió de los celulares de los detenidos, horas antes del operativo estos agentes fueron en un móvil policial a la casa de Molina a buscar las armas y el cartel amenazante. Lo que no se conoció es cuándo y cómo Molina había adquirido esos elementos, lo que todavía se está investigando.

"No son policías, son corruptos"

La Fiscalía le adjudicó a Molina, Ruiz y Vera, haber encubierto seis ataques a balazos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2023 y el 22 de enero de 2024. “Con su accionar no solo ayudaron a los autores, coautores o partícipes de estos hechos a eludir las investigaciones de la autoridad y sustraerse del accionar de la justicia, sino que además ocultaron las armas de fuego utilizadas para cometerlos, y en su carácter de funcionarios policiales, no denunciaron la perpetración de estos delitos, estando obligados a promover la persecución penal de los mismos”, indicó Carbone.

A los tres les imputaron varios delitos: seis encubrimientos doblemente agravados por la pena del delito precedente (los ataques a balazos) y por haber sido cometido por un funcionario público, privación ilegitima de la libertad (por la detención de Alexis C. M.), portación ilegal de tres armas de fuego de guerra, intimidación pública, falso testimonio agravado en causa criminal en perjuicio del inculpado y falsedad ideológica de instrumento público. “No son policías, son corruptos que están en connivencia con los narcos y están trabajando para ellos. No tengo dudas”, aseveró Carbone.

>> Leer más: Delincuentes con uniforme o institución corrompida: policías ligados a bandas criminales

El 31 de enero pasado Ruiz y Vera patrullaban a bordo de un móvil del Comando Radioeléctrico cuando llegaron a la zona de Rouillón y pasaje Ancuña. Allí fue que detuvieron a Alexis C. M. en un procedimiento que luego plasmaron en un acta falsificada. En ese documento dijeron haber visto que este hombre intentó subirse cuando vio llegar a la policía, por lo cual procedieron a identificarlo. Entonces, siempre según el acta ya controvertida, el sospechoso dijo que estaba junto a Leonel Tripi, quien minutos antes había ingresado a los Fonavi de la zona. Luego, con el argumento de que un grupo de personas se había reunido alrededor del móvil y los increpaban, le pidieron a Alexis C. M. que manejara su camioneta hasta 27 de Febrero y Teniente Agneta. Allí le descubrieron un bolso con tres armas de fuego.

“Era todo mentira”, sentenció Carbone. Mediante toma de testimonios a testigos y otras medidas, sostuvo el fiscal, se pudo comprobar que Alexis C. M. no intentó subirse a su vehículo al ver a los policías. Tampoco estaba junto a Leonel Tripi, sino que fue un invento de la policía para instalar ese nombre en la causa. Y además no hubo ningún grupo de personas que los increpó, solo se llevaron a Alexis C. M. para poder continuar con el procedimiento planificado.

Carbone habló de “la creación de un procedimiento policial mentiroso con el secuestro de tres armas de guerra y una nota dirigida a la TOE con mención al gobernador de la provincia a sabiendas de que ello generaría una mayor visibilidad y difusión en los medios masivos de comunicación. La conducta desplegada tuvo la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública en los habitantes de la provincia de Santa Fe”, explicó el funcionario.

Las falsedades continuaron cuando los policías fueron citados a declarar al Ministerio Público de la Acusación. Para entonces la Fiscalía ya sospechaba de ellos a raíz de la declaración de la víctima del operativo armado, de la cual habían surgido indicios que coincidían con otras evidencias. Sin embargo para entonces Alexis C. M. ya había sido imputado por la tenencia de armas. “A raíz de las acciones realizadas por todos ellos, consistentes en la falsedad del relato de los hechos insertos en las actuaciones policiales así como también de los dichos vertidos en sus respectivas declaraciones testimoniales en sede fiscal, hicieron incurrir en error a los funcionarios judiciales actuantes”, sostuvo Carbone al respecto.

La saga de ataques

Cuando las armas que los policías intentaron plantar a la víctima del procedimiento armado fueron peritadas, surgió que habían sido utilizada en al menos tres hechos a los que luego se le sumaron tres más. El primero fue, justamente, el ataque que inauguró la saga de atentados con mención a la nueva gestión del gobierno provincial.

Ocurrió el 12 de diciembre al anochecer, horas después de la primera requisa en la cárcel de Piñero para trasladar a presos de alto perfil. Los tiros de la pistola calibre .40 ahora secuestrada fueron contra el banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. El tirador llevaba guantes de látex negro y dejó un mensaje amenazando a Pullaro.

>> Leer más: Balaceras y amenazas a Pullaro: la hipótesis de una respuesta a las primeras medidas en Seguridad

El siguiente fue horas después de ese primer ataque. Los tiros, con la misma arma, fueron contra un ventanal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El mensaje amenazante tenía un contenido similar al que habían arrojado en el banco Macro.

El otro hecho fue el 27 de diciembre, esta vez contra la comisaría 19ª de Seguí al 5300. En esa ocasión fue hallado un mensaje en el que no se mencionaba a algún funcionario sino a una persona vinculada a una banda criminal. Por ese hecho, ejecutado con la pistola calibre .380, fue imputado como instigador Francisco "Fran" Riquelme, sindicado por la Justicia como hombre de confianza del narco Esteban Alvarado.

El 20 de enero ocurrió otro ataque con una de las armas que estaba en poder de los policías ahora detenidos. Con la pistola calibre 9 milímetros la balacera fue contra la sede de la Tropa de Operaciones Especiales de Rouillón al 1900. En la escena fue levantado un mensaje firmado por Los Tripi, a quienes se presume que intentaban incriminar. La misma firma apareció tres días después en un ataque a una estación de servicios de 27 de Febrero y Avellaneda, llevado a cabo con la misma pistola.

En tanto que en el mismo registro ingresa otro ataque ejecutado con la misma arma, aunque no se trató de un atentado con mensaje. Ese hecho ocurrió el 22 de enero en la zona de Pedro Lino Funes y Cerrito, donde dos personas que pasaron en moto gatillaron al menos diez veces contra un búnker de droga. Un hombre que había llegado a ese lugar para comprar estupefacientes recibió dos disparos.

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