Esa explicación suele centrarse en un esquema del crimen organizado que ubica por encima de todo a dos nombres: Esteban Alvarado y Máximo Ariel "Guille" Cantero como líderes de dos bandas rivales desde las cuales se desprenden otras, como células o subestructuras, que en ocasiones hasta chocan entre sí. En ese diagnóstico suele pasarse por alto la participación de las fuerzas de seguridad en dichas organizaciones criminales. Incluso cuando los dos juicios más importantes sobre estas bandas exhibieron una verdad irrefutable: como parte del grupo de Alvarado fueron condenados siete policías y por Los Monos ocho.
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Esa visión se refleja en las decisiones políticas en materia de Seguridad, centradas sobre todo en una parte del problema. Así es que se acentúan las restricciones a los presos según sus categorizaciones, se avanza con el derribo de viviendas señaladas como puntos de venta de drogas y se considera como parte de bandas criminales a personas en situaciones de vulnerabilidad social extrema.
Preocupación
En cuanto a las fuerzas de seguridad, por el contrario, cuando aparecen casos que exponen a la corrupción policial, la intervención estatal se acota a los agentes involucrados: son apartados de la fuerza, imputados y eventualmente condenados. En ese sentido las investigaciones de Asuntos Internos pueden ser implacables, pero sin un abordaje político profundo será cuestión de tiempo para que surja un nuevo caso y dé la pauta de que no se trata de situaciones aisladas sino de un problema institucional.
El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, consideró en diálogo con La Capital que en la planificación de políticas públicas se tiene en cuenta esta problemática. "Sería inocente pensar que no puede estar esta posibilidad, más aún cuando tenemos comprobado que cuando el narcotráfico decide instalarse en alguna región lo primero que hace es corromper las estructuras superiores de los distintos poderes", analizó.
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En ese sentido, explicó, el control sobre las fuerzas de seguridad comienza desde la formación de los futuros policías y continúa durante el desarrollo de su carrera. Sin embargo acotó los casos de corrupción a cuestiones individuales. "Está en la persona, si no, toda la policía estaría en esas condiciones. Pero la mayoría no se involucra en el delito. Son personas predispuestas a esta cuestión y aprovechan su situación de uniformados y funcionarios públicos para obrar de esta manera", indicó. "Dañan demasiado el trabajo fuerte y silencioso y perjudican a la organización. Es muy profunda la preocupación porque contrasta con el tremendo trabajo que se hace a diario", agregó.
Un recorrido por distintas causas de los últimos años ofrece un abanico de modalidades delictivas llevadas a cabo por funcionarios de las fuerzas de seguridad. Hechos que ubican a la policía como parte del problema contra el que deberían actuar por mandato de la ley.
Las armas robadas
En mayo de 2022 tres jefes de la sección Balística fueron desplazados de sus cargos tras el escándalo que significó el robo de once armas de fuego. Habían sido incautadas en distintas investigaciones y debían estar bajo custodia de dicha oficina, pero fueron halladas en un operativo en el barrio Empalme Graneros.
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El procedimiento fue el 22 de abril de ese año en una casa de Garzón al 900 bis, adonde condujo una investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos por una serie de balaceras. En la vivienda había once armas con su numeración correspondiente, dato que llevó a descubrir que habían sido robadas de la oficina de Balística. Además de los jefes desplazados fue imputado un agente de 21 años de la misma sección, acusado de haberlas robado para canjearlas por una moto.
Un crimen fallido
El mismo año un policía de la provincia fue imputado por intentar asesinar a una persona con la que compartía actividades delictivas. Fue el 3 de mayo en Buenos aires y Alzugaray, barrio De la Carne, cuando Emanuel C. recibió varios disparos cuando estaba dentro de su auto. El agente Omar Jorge Alfredo García al momento de declarar dijo que estaba con la víctima cuando un auto se le puso a la par y comenzó a disparar. Pero su intención de ocultar su teléfono celular despertó la sospecha del fiscal Alejandro Ferlazzo.
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A partir de distintos testimonios la Fiscalía consolidó una hipótesis. García citó a la víctima, a quien ya conocía, y se subió a su auto cuando se encontraron. Luego apareció otro vehículo desde el cual dispararon algunos balazos a la parte inferior y no en dirección a sus ocupantes. En ese momento García le efectuó tres disparos en la cara a su víctima con la intención de matarlo. Emanuel C. quedó herido de gravedad pero sobrevivió.
La banda de Ludueña
En 2022 estalló en los barrios Ludueña y Empalme Graneros un conflicto entre dos bandas que, según investigaciones judiciales, eran subestructuras de Los Monos y de Estaban Alvarado. Una bronca que provocó al menos 30 homicidios entre fines de 2021 y todo 2022 y comenzó a menguar con la desarticulación parcial ante la detención de varios de sus integrantes.
La gavilla vinculada Los Monos tiene dos ex policías entre sus filas y a una oficial ya condenada por encubrimiento. Jorge Almada, padre de Jonatan Almada -uno de los referentes de la organización- fue detenido a fines de agosto de 2022 junto a la mayor parte de los miembros de la banda. En su casa, sindicada por los investigadores como "un centro de cómputos", se encontró un cuaderno con anotaciones relacionadas a la venta de drogas al menudeo, una de las actividades ilícitas a la que se dedicaba el grupo.
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Ya en 2023 fue detenida la suboficial Analía Lorena Francia, madre de un joven sindicado como sicario del grupo. La Justicia consideró que la mujer filtraba información sensible que adelantaba a la banda los operativos policiales en su contra. En un procedimiento abreviado aceptó la condena a 3 años de prisión condicional por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Por último también fue preso como parte de la banda el ex policía Darío José Protti. Había sido exonerado de la fuerza después de que en 2004 lo condenaron a cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación por matar a un chico de 16 años en 1998. Ahora fue sindicado por la Justicia como recaudador del grupo y a cargo de los tiratiros de la banda.
El recaudador
El 28 de septiembre pasado la fiscal Viviana O' Connell imputó al oficial Fernando Abel Molina, de 49 años, por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, desobediencia y amenazas. El agente había quedado detenido luego de que un joven involucrado en una banda, a quien había querido asesinar un grupo rival, lo denunció como quien pasaba a cobrar coimas en un punto de venta de drogas.
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Dicho búnker estaba ubicado en Juan B. Justo al 8300, un territorio que las investigaciones judiciales adjudica bajo el control de "Los Menores", una banda integrada principalmente por chicos muy jóvenes que aparece detrás de varios homicidios. A Molina, que llevaba 22 años en la fuerza, lo señalaron como quien se ocupaba de recaudar dinero cuando trabajaba en la subcomisaría 21ª. Hasta el momento no hubo otros agentes involucrados.
Con "La Mafilia"
A fines del año pasado dos policías quedaron involucrados como colaboradores de "La Mafilia", un grupo dirigido por un preso ligado a Los Monos y al cual le atribuyen varios homicidios vinculados al narcomenudeo. Los efectivos quedaron incriminados a partir de la información hallada en el celular de Osmar “Hormiga” Benítez, un sicario de la organización preso por un asesinato.
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Leonardo Conde, de 30 años y adscripto a la entonces Agencia de Investigación Criminal de San Lorenzo (hoy PDI), le imputaron abuso de autoridad, violación de secretos y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y omisión de denuncia. En cuanto a Alan Balbi, suboficial de 29 años, le achacaron el delito de encubrimiento agravado.
Los de la PDI
Uno de los casos más reciente ya tuvo condena. David Luciano Arellano y Marcos Barúa, ambos de la actual PDI, fueron penados a principios de este año en un juicio abreviado en el que aceptaron haber colaborado con personas ligadas a la banda Los Monos. A su vez se los vinculó al policía exonerado Juan José Raffo, condenado en 2018 como miembro de la misma banda y hoy prófugo de la Justicia.
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Los agentes tenían vínculo con el barra brava de Newell's Guillermo "Chupa" Sosa, detenido y acusado de instigar el crimen de otro barra, Nelson "Chivo" Saravia. Según la investigación Raffo le reportaba a Sosa información reservada que Arellano obtenía en su trabajo. A Barúa le atribuyeron proporcionar los contactos policiales e información que la banda usaba para realizar sus actividades, aunque solo lo condenaron por su vínculo con Sosa cuando éste permanecía prófugo.
