Alicia Isabel Godoy estuvo un mes desaparecida. Una banda narco para la que trabajaba la mantuvo retenida a sólo metros de su casa de la zona sur que era usada como puesto de venta y en otro domicilio desconocido. Cuando sus familiares intentaron ubicarla terminaron golpeados y los extorsionaron para pagar un “rescate” y así saldar una deuda de 150 mil pesos que le achacaban a ella. Los detalles del tormento que sufrió en cautiverio —la golpearon hasta dejarla inconsciente y la amenazaron con matar delate de ella a sus hijos— constan en la imputación realizada este jueves a uno de los captores, quien quedó preso como coautor de un secuestro extorsivo.
Yonatan C. es uno de los cuatro imputados por la desaparición de la mujer de 39 años a quien raptaron el 4 de abril pasado. La liberaron el 5 de mayo cuando se presentó en una estación policial de la zona sudoeste, en Iriondo y Lácar, después de un mes sin novedades sobre su paradero. Este joven de 21 años ya había sido ligado al caso el 30 de abril. Entonces lo imputaron, junto al resto de los involucrados, por participar de las amenazas y lesiones a los familiares de Godoy a quienes atacaron cuando buscaban a Alicia. En esa ocasión quedó en libertad con algunas reglas de conducta.
Secuestro extorsivo, figura en debate
En razón del rol que según la pesquisa asumió durante el cautiverio de la víctima, la fiscal Paula Barros lo imputó ahora como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y la intervención de menores de edad. El juez Hernán Postma dictó la prisión preventiva por el plazo de seis meses y avaló esa figura penal por primera vez en el caso.
Es que las otras personas imputadas seis días antes de la liberación de la mujer quedaron en prisión preventiva por el apriete con sello narco a los parientes de Godoy. Son Ana Laura S., María Belén S., alias "La Pelada", y Gastón D. Respecto de ellos la jueza Luciana Valarella había rechazado la figura de secuestro y fijado la de extorsión, cuestión que fue apelada por la fiscalía. Otros dos sospechosos quedaron entonces desvinculados.
La investigación pudo reconstruir que en horas cercanas al mediodía del 4 de abril —en ese momento se presentó la denuncia por averiguación de paradero—, Alicia Godoy fue secuestrada con la finalidad de obtener un provecho económico al cobrar su rescate. La mujer estaba vinculada a la venta de drogas. Trabajaba para Ana Laura y María Belén S. y se ocupaba de actividades de comercio a baja escala en distintos puestos de su barrio.
Bajo control de una banda narco
Se la llevaron de la casa de Flammarion al 4900 donde ella vivía, una vivienda que era alquilada por sus jefas y usada por el grupo para almacenamiento y comercio de sustancias. La circunstancia de vivir en ese lugar, según la fiscal, reforzó el sometimiento y el control que la organización ejercía sobre la víctima. La mujer reveló que allí se guardaban armas y cosas robadas sin que ella pudiera oponerse a una banda que “ejercía control y violencia sobre ella”.
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El secuestro ocurrió tras la desaparición de 150 mil pesos que estaban destinados a Ana Laura S., una suma de dinero que según la pesquisa “fue sustraída por un tercero no individualizado”. En la organización culparon a Alicia, a quien mantuvieron retenida contra su voluntad los primeros días a sólo cien metros de su domicilio en la casa de la acusada Ana Laura S., en Vuelta de Obligado al 4900.
Allí, mientras el trámite de búsqueda seguía su curso formal, la mujer fue atacada a golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo por la dueña de casa mientras le exigía conseguir el dinero, al punto de que llegó a provocarle la pérdida del conocimiento. Uno de los captores era, según la fiscal, Yonatan “Jona” C., quien junto a otros integrantes del grupo mantenía “un contexto permanente de intimidación, control y amenazas” sobre la víctima.
El joven fue acusado de intimidar con una tijera a Alicia, a quien le dijo que de no conseguir el dinero atentarían contra sus hijos, los matarían delante de ella y golpearían al bebé contra una pared. Mientras la mantenían bajo vigilancia constante y evaluaban cómo obtener bienes o dinero de su entorno familiar, le asignaron a una adolescente el cuidado de los hijos menores de edad de la víctima.
Golpes, extorsiones y amenazas
Esta chica se encargó además de ir a pedir la plata varias veces a la casa de la familia de Godoy. El mismo día de la desaparición fueron amenazados por un grupo de personas armadas. Al día siguiente la adolescente les dio los datos de cuentas virtuales únicas para que pagaran. La familia entregó una bicicleta para tratar de saldar la deuda, pero no resultó suficiente y siguieron las amenazas.
La noche del 5 de abril realizaron dos transferencias con el fin de frenar los aprietes mafiosos. El pago no alcanzó para resolver el conflicto ni para destrabar la búsqueda. A Godoy la mantuvieron privada de la libertad en la casa de Vuelta de Obligado al menos hasta el 8 de abril. Ese día uno de sus allegados recibió dos cartones escritos a mano con datos personales de integrantes de su entorno, algo que parecía demostrar que la estaban controlando para obtener información.
El siguiente capítulo ocurrió el domingo 19 de abril cuando los familiares de Godoy fueron hasta la casa de Ana Laura S. a pedirle que se presentara ante las autoridades. La mujer reaccionó violentamente: tomó del pelo a una de las víctimas, le pegó y la tiró al suelo y la arrastró hasta la puerta. Luego arrojó varias veces al aire un cuchillo tipo serrucho. Otras personas se sumaron a la agresión y empezaron a tirar objetos contundentes. La hermana de la mujer atacada trató de defenderla, pero Yonatan C. intervino, la golpeó y gritó amenazas.
Todo esto, según la fiscal, ocurrió en un accionar “conjunto, coordinado y con división de roles entre los distintos intervinientes, quienes además presentan vinculación territorial con los domicilios donde se desarrollaron los hechos”.
El 5 de mayo, poco después de las 20, la mujer se presentó por sus medios en la Estación Policial Sudoeste. Tras el aviso al Ministerio Público de la Acusación la trasladaron a la comisaría 21ª para tomarle declaración y evaluar su estado de salud.
