Cinco policías, cuatro del Comando Radioeléctrico y uno de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), quedaron detenidos en el marco de una investigación que, según los primeros indicios, es un nuevo botón de muestra del alcance de la corrupción institucional vinculada al crimen organizado. La Fiscalía sospecha que los policías plantaron tres armas de fuego para incriminar falsamente a una persona. Los peritajes a esas pistolas arrojaron que fueron utilizadas en seis ataques intimidatorios ocurridos entre el 12 de diciembre de 2023 y el 22 de enero de este año. Una situación que profundiza las dudas sobre la participación de las fuerzas de seguridad en las estructuras delictivas relacionadas a hechos violentos que generaron fuerte impacto público.
Este domingo cuatro empleados del Comando Radioeléctrico con distintos cargos dentro de la misma división, y un efectivo de la Oficina de Gestión Judicial, fueron detenidos por orden del fiscal Franco Carbone. Cuatro de los uniformados fueron aprehendidos cuando estaban de servicio, mientras que al quinto lo capturaron en la provincia de Córdoba, donde se encontraba luego de haber solicitado carpeta médica para su puesto en el Centro de Justicia Penal.
A diferencia de lo que suele ocurrir en otros operativos, donde por diversas vías se dan a conocer los nombres de los detenidos y otros detalles, en esta ocasión primó un fuerte hermetismo institucional. Trascendió, sin embargo, que se trata de Damián R., Lisandro V., Marcos M., Joaquín D., Yael F., y que ocupan rangos desde subinspector hasta comisario. La sensibilidad del caso generó un fuerte impacto hacia dentro de la fuerza y de incertidumbre de cara a lo que se podrá conocer en la audiencia imputativa prevista para este miércoles.
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Lo que adelantó el fiscal Carbone es que los cinco policías serán imputados por haber plantado tres armas a una persona a la que buscaban incriminar su participación en al menos tres balaceras. Ese episodio fue el 31 de enero, cuando Alexis C. M. fue aprehendido en pasaje Acuña entre Rouillón y Pedro Lino Funes. Los uniformados a cargo del procedimiento informaron en el acta que le habían incautado una pistola calibre 9 milímetros, una .380 y otra .40 que llevaba dentro de un bolso. Y que además tenía un cartón con un mensaje amenazante a la Tropa de Operaciones Especiales.
Los peritajes sobre esas armas arrojaron que habían sido utilizadas en distintos atentados a balazos que habían sido acompañados con carteles con amenazas. Con ese contexto el fiscal Carbone lo iba a imputar no solo por portación ilegítima de armas sino también como coautor de intimidación pública en esos hechos. La audiencia imputativa inició el 7 de febrero, pero luego de un cuarto intermedio de una semana el fiscal solicitó la libertad del detenido al entender que no había evidencias para incriminarlo.
Detenidos
Alexis S. M. aseguró en todo momento que los policías le habían plantado las armas, lo que en paralelo a otras evidencias abonó a las sospechas sobre los uniformados que habían participado de aquel operativo. Desde entonces la investigación se perfiló en ese sentido y, como resultado, este domingo fueron detenidos cinco empleados del Comando Radioeléctrico. Entre los avances surgió que las armas incautadas también fueron utilizadas en al menos otros tres ataques con características similares.
"Se les va a imputar una serie de delitos vinculados a encubrimiento a distintas balaceras a objetivos importantes que tuvieron por objeto amenazas al gobernador de la provincia y distintos funcionarios provinciales", explicó Carbone en conferencia de prensa. "Están encubriendo a una banda rival con el grupo al cual pertenece la persona a la que le pusieron las armas", agregó el fiscal. Se refirió a que el hombre detenido para plantarle las armas no había sido elegido casualmente, sino que está vinculado a una banda y por lo cual se infiere que la maniobra buscaba incriminar a esa organización para favorecer a otra.
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Esta investigación puede ser el puntapié a un nuevo escándalo institucional relacionado a la connivencia policial con el crimen organizado. Con antecedentes explícitos como los juicios a Esteban Alvarado y Los Monos, donde quedó en evidencia la necesaria participación de las fuerzas de seguridad en sus entramados, sobran ejemplos para darle a este caso un marco que vaya más allá de los cinco uniformados implicados por ahora. Si este procedimiento falso fue la punta de un iceberg, son demasiadas las preguntas y dudas que salen a flote.
Por mencionar solo algunas: desde cuándo estas armas estaban en poder de los policías que las plantaron, si las adquirieron antes o después de los ataques en las que fueron utilizadas o si la policía tuvo algún grado de participación en esos atentados más allá del encubrimiento. También llama la atención que durante febrero, cuando comenzó a desarmarse la coartada de los uniformados del Comando, bajó la cantidad de ataques con mensajes a funcionarios: solo se registraron dos.
Si la policía tiene la capacidad de construir un relato manipulando elementos de suma sensibilidad judicial y política, como esta investigación podría demostrarlo, también es inevitable preguntarse en qué momento comienza a armarse dicho entramado. Es decir, cuál es el verdadero alcance de la connivencia policial y si en ese caso se limita solo a los cinco uniformados detenidos.
La Fiscalía continúa con una única hipótesis relacionada a las balaceras con mensajes amenazantes al gobierno: son represalias a las restricciones a los presos considerados de alto perfil por decisión de Pullaro. No hubo lugar, al menos oficialmente, a otras líneas de investigación.
Policías detenidos: los tiros a la comisaría 19ª fueron con un arma que tenía la policía.
La saga
La detención de Alexis C. M. se dio la madrugada del 31 de enero en inmediaciones del fonavi de pasaje Acuña entre Rouillón y Pedro Lino Funes. Lo que se conoce de ese operativo surgió del acta de procedimiento policial que luego se supo que fue parte del encubrimiento que se le adjudica a los policías. En ella dijeron que al llegar a la zona vieron al sospechoso subirse a su camioneta "de forma repentina" cuando advirtió la presencia de la policía y por lo cual le dieron la voz de alto.
Una vez identificado le adjudicaron un bolso que los policías aseguraron que estaba dentro del vehículo. En su interior tenía una pistola calibre 9 milímetros cargada, otra calibre .380 y una tercera calibre .40, además de un pedazo de cartón con la leyenda: "TOE dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar". Los procedimientos continuaron en la comisaría 32º por una cuestión de jurisdicción en la zona.
Cuando esas armas fueron peritadas surgió que habían sido utilizada en al menos tres hechos a los que luego se le sumaron tres más. El primero fue, justamente, el ataque que inauguró la saga de atentados con mención a la nueva gestión del gobierno provincial.
Ocurrió el 12 de diciembre al anochecer, horas después de la primera requisa en la cárcel de Piñero para trasladar a presos de alto perfil. Los tiros de la pistola calibre .40 ahora secuestrada fueron contra el banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. El tirador llevaba guantes de látex negro y dejó un mensaje amenazando a Pullaro.
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El siguiente fue horas después de ese primer ataque. Los tiros, con la misma arma, fueron contra un ventanal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El mensaje amenazante tenía un contenido similar al que habían arrojado en el banco Macro.
El otro hecho fue el 27 de diciembre, esta vez contra la comisaría 19ª de Seguí al 5300. En esa ocasión fue hallado un mensaje en el que no se mencionaba a algún funcionario sino a una persona vinculada a una banda criminal. Por ese hecho, ejecutado con la pistola calibre .380, fue imputado como instigador Francisco "Fran" Riquelme, sindicado por la Justicia como hombre de confianza del narco Esteban Alvarado.
El 20 de enero ocurrió otro ataque con una de las armas que estaba en poder de los policías ahora detenidos. Con la pistola calibre 9 milímetros la balacera fue contra la sede de la Tropa de Operaciones Especiales de Rouillón al 1900. En la escena fue levantado un mensaje firmado por la banda relacionada a la persona que los policías luego intentaron incriminar plantándole las armas. La misma firma apareció tres días después en un ataque a una estación de servicios de 27 de Febrero y Avellaneda, llevado a cabo con la misma pistola.
En tanto que en el mismo registro ingresa otro ataque ejecutado con la misma arma, aunque no se trató de un atentado con mensaje. Ese hecho ocurrió el 22 de enero en la zona de Pedro Lino Funes y Cerrito, donde dos personas que pasaron en moto gatillaron al menos diez veces contra un domicilio. Un hombre que estaba en el lugar recibió dos disparos.
