Un fiscal federal solicitó este mediodía penas de hasta nueve años de prisión para los distintos eslabones de una organización que había montado en Rosario un millonario fraude al estado mediante facturas truchas. La estructura de guante blanco enviada a juicio incluía contadores, informáticos, administrativos, gestores y vendedores cuyos roles iban desde la creación de empresas fantasmas, su inscripción en la Afip y la generación de facturas falsas con las que se consignaban servicios o bienes inexistentes. En un período de dos años, finalizado en diciembre de 2016, eso generó un perjuicio para el Estado de más de 15 millones de dólares
La investigación que llevó a juicio a 17 personas comenzó con una denuncia realizada ante la justicia federal por Afip en marzo de 2017. Allí se daba cuenta que por tareas desarrolladas por la División Investigaciones 1 de la Dirección Regional Rosario y la División Regional Centro II de Afip se habían detectado maniobras de constitución de empresas ficticias con el objetivo de comercializar comprobantes apócrifos, los cuales una vez incorporados en los registros de compra por parte de los usuarios permitían reducir las bases de cálculo de los impuestos de IVA y a las Ganancias.
Estas personas comercializaban facturas electrónicas lo que permitió a las áreas de investigación del ente recaudador empezar a investigar los números IP que identifican a una computadora en particular desde las cuales se confeccionaban estos comprobantes. Con la solicitud de informes de titularidad y de domicilios se pudo analizar la información que los propios usuarios cargaban en AFIP. Como resultado de esa tarea se llegó a un número de 18 empresas presuntamente apócrifas. Al examinar la facturación de las mismas, solo en el período que va de enero de 2015 a diciembre de 2016 se determinó que emitieron comprobantes por $1.204.276.275, lo que generó un perjuicio para el fisco de $247.315.951. A la cotización de fines de diciembre de 2016 esa suma significaba algo más de 15 millones de dólares.
A raíz de la denuncia la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario solicitó una serie de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, informes a organismos de control de sociedades, a EPE, Aguas Provinciales, informes de titularidad de IP, a empresas de telefonía e intervención de líneas telefónicas. Estas medidas permitieron ratificar la hipótesis investigativa de Afip con relación a la existencia de una organización, pero con características particulares. En la investigación, el fiscal federal actuante sostuvo que los contribuyentes truchos que formalizaron empresas falsas no tenían capacidad económica para desarrollar la actividad que declaraban. Al ser pesquisados sus niveles de vida se estableció que no pagaban impuestos, no poseían bienes registrables o acreditaciones bancarias, sumado que no presentaban solicitudes de impresión de formularios manuales. En algunos casos tenían socios insolventes y no acreditaban domicilios fiscales verdaderos. Esos insolventes que aparecían como titulares de facturas eran a veces, según el fiscal, albañiles o cuidacoches a los que se les pedían los nombres.
Entre los acusados se cuentan el comerciante Ricardo Astudillo, la contadora María Cristina Ottaviano, el también contador Eduardo Furini, el gestor Marcelo Miranda Cairo y el empleado Miguel Centeno
Por otro lado aparece el grupo constituido por Marcelo Liporaci, organizador junto a Miguel Centeno, a quienes se les atribuye poseer usinas de facturación propias junto al contador Furini, e intercambiar estos comprobantes con ambos grupos.
En un tercer renglón aparecen personas que actuaban como empleados administrativos de estos grupos. A todos se les requirieron penas de tres años de ejecución condicional.
El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó entre otras penas nueve años de prisión para Ricardo Astudillo, ocho años y seis meses para Marcelo Liporaci, ocho años para Adrián Zeballos y seis años para los contadores Ottaviano y Furini y doce de inhabilitación a ambos para ejercer su profesión. También cinco años para Atilio Miotti y lo mismo para Néstor Tesorero, a quien le atribuyen tener una usina de facturas truchas.
La fórmula de explotar usinas de facturas truchas en todo el país permite prosperar a delincuentes de guante blanco pero raramente llegan a jucio. Tampoco es usual que se pidan medidas de prisión preventiva para autores de delitos contra el orden penal tributario como ocurrió en este caso donde los principales acusados tuvieron que afrontar tiempos de estadía en establecimientos penitenciarios. Cuando estalló este caso, el 5 de julio de 2017, el juez federal ordenó más de 15 allanamientos, en los que se detuvo a las cinco personas que hoy están acusadas como organizadores de este fraude fiscal, a las que inhibió movimientos comerciales y bancarios además de prohibirles la salida del país.
En dos semanas está previsto que presenten sus alegatos las defensas y hacia fin de agosto se esperan las sentencias. El Tribunal Oral Federal 3 a cargo del juicio lo preside el juez Osvaldo Facciano.
