La organización nucleaba contadores, informáticos, administrativos, gestores, vendedores y hasta un escribano que quedó en el camino. Su fin era crear empresas fantasmas, inscribirlas en la Afip y generar facturas falsas. Esos comprobantes eran vendidos a otras empresas o personas que mediante ellas facturaban servicios o bienes igual de inexistentes para evadir tributos al fisco. Con esas facturaciones truchas esos contribuyentes generaban un crédito fiscal o gastos ficticios para de esa manera disminuir los saldos de impuestos que corresponde ingresar tanto en IVA como ganancias.
Esta fórmula completamente difundida en todo el país permite prosperar a delincuentes de guante blanco pero raramente llegan a juicio. Sin embargo este viernes 18 personas se sentaron en el banquillo en los Tribunales Federales de Rosario acusados de cumplir distintos roles en una asociación ilícita dedicada a perpetrar actos criminales contra el orden tributario. Cinco de los implicados llega al juicio privados de libertad, cinco en prisiones y dos con detención domiciliaria.
Los implicados en la maniobra, los fiscales que investigaron, permitieron a terceros eludir durante mucho tiempo cifras millonarias, generando ganancias para ellos. Solamente entre enero de 2015 y diciembre de 2016 emitieron 28.795 comprobantes con lo que generaron un crédito fiscal en relación al IVA de 247.315.951 pesos por un monto facturado mayor a 1.204 millones de pesos. Es por esto que en el juicio habrá abogados tanto de la Afip-DGI como querellantes.
En el banquillo de los acusados
Entre los acusados se cuentan el comerciante Ricardo Astudillo, la contadora María Cristina Ottaviano, el también contador Eduardo Furini, el gestor Marcelo Miranda Cairo, el empleado Miguel Centeno, el asesor de empresas Darío Migliorelli, el comerciante Fabián Mele, el músico Marcos Rete, el empleado administrativo Adrián Zeballos, el comerciante Iván Dobboletta y los empleados Guillermina Sgariglia y Hernán Racca entre los 17 acusados ante el encargado de conducir el juicio, el juez federal Osvaldo Facciano, del Tribunal Federal Oral 3.
La organización descubierta en 2016 tenía vinculaba según los investigadores a dos grupos bien definidos con interrelación entre ellos. Por un lado, se desenvolvía la célula cuyo organizador principal es Ricardo Astudillo, quien fue imputado en ese rol junto a Ottaviano y Zeballos. En este grupo actuaba como testaferro Marcelo Cairo y funcionaba también como gestor dando de alta a empresas ficticias. Rete aparecía como socio de las empresas truchas.
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Por otro lado aparece el grupo constituido por Marcelo Liporaci, organizador junto a Miguel Centeno, a quienes se les atribuye poseer usinas de facturación propias junto al contador Furini, e intercambiar estos comprobantes con ambos grupos.
En un tercer renglón aparecen personas que actuaban como empleados administrativos de estos grupos. Su rol en principio era confeccionar facturas electrónicas manuales. Allí están Melisa Cardozo, Hernán Racca, Nair García y Guillermina Scariglia.
En definitiva existían tres niveles: los organizadores del negocio de la usina de facturas truchas, los que vendían los servicios a comerciantes que mediante esos comprobantes evadían tributos o retenían créditos fiscales y en el escalón inferior las personas de bajos recursos que prestaban sus nombres para ser razón social de las inexistentes empresas inscriptas.
Delitos con penas no excarcelables
Cinco de los acusados tienen el agravante de ser organizadores y dos por el asesoramiento contable por su profesión. Los delitos que se les imputan son por dictaminar, informar o certificar delitos contra el régimen penal tributario. Los roles en todos los casos prevén penas no excarcelables. Para los miembros simples de la asociación ilícita se consideran entre tres años y seis meses de prisión a diez años. En el caso de los organizadores la escala va de cinco años como mínimo a diez.
En la investigación, el fiscal federal actuante sostuvo que los contribuyentes truchos que formalizaron empresas falsas no tenían capacidad económica para desarrollar la actividad que declaraban. Al ser pesquisados sus niveles de vida se estableció que no pagaban impuestos, no poseían bienes registrables o acreditaciones bancarias, sumado que no presentaban solicitudes de impresión de formularios manuales. En algunos casos tenían socios insolventes y no acreditaban domicilios fiscales verdaderos. A veces daban como domicilio una vivienda particular y no registraban personal en relación de dependencia. A eso se agregaba que las firmas que inscribían tenían saldos fiscales irrisorios o inexistentes.
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Cuando estalló este caso en 2016, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó más de 15 allanamientos, en los que se detuvo a las cinco personas que hoy están acusadas como organizadores de este fraude fiscal, a las que inhibió movimientos comerciales y bancarios además de prohibirles la salida del país.
Este es un caso en el que se ofreció una cantidad de testigos que bordea el disparate: son en total 2.700 de los que ya se sabe la mayor cantidad no llegarán a comparecer por la imposibilidad material de escucharlos. Las audiencias se producirán los viernes a intervalos de 15 días sin una fecha final prevista para este juicio. El acusador es el fiscal de juicio oral Federico Reynares Solari.
