Yalil y Roberto Azum, detenidos en 2021 por administrar dinero proveniente del narcotráfico, se encaminan a juicio oral con pedidos de penas que superan los 20 años de prisión por delitos de usura, asociación ilícita y gestión del juego clandestino, además del encubrimiento y la participación en homicidios. Los hermanos fueron acusados de esos delitos junto a otras cuatro personas para quienes el requerimiento de condenas escala de los 5 a los 14 años de cárcel. La acusación contra el grupo fue formulada por tres fiscales y será presentada ante un juez una audiencia previa al debate oral.
Los seis acusados fueron sometidos el viernes pasado a una audiencia de prórroga de la prisión preventiva. El fiscal Alejandro Ferlazzo pidió que se extienda la medida cautelar que pesa sobre la mayoría de ellos. El juez Carlos Leiva dispuso prolongar esa medida un año más respecto de Roberto Yalil Azum, su hermano Alejandro Sharif, su ex pareja Marina García, el sindicalista Maximiliano González De Gaetano y Lisandro Gustavo Scalcione. El sexto acusado es Iván Nicolás Gómez, quien cursa una libertad con alternativas.
Dentro de ese plazo deberá agendarse el juicio contra el grupo que la acusación vincula a distintos negocios criminales. Para ello la Fiscalía solicitó que se realice una audiencia preliminar en la que se detalla la acusación y se discuten las pruebas a discutir en una sala de debate. De cara a esa instancia, los fiscales Viviana O’Connell, Alejandro Ferlazzo y Sebastián Narvaja pidieron 27 años de prisión para Yalil Azum como jefe de una asociación ilícita y por los delitos de encubrimiento, la participación secundaria en el homicidio de una adolescente en 2016 y un total de veinte hechos de usura.
Para su hermano Alejandro Sharif solicitaron 20 años de prisión efectiva como miembro de una asociación ilícita, coautor de juego clandestino y la participación secundaria en el crimen.
Ayuda en un crimen
Por este último caso el financista y su hermano habían sido imputados en mayo pasado, cuando les achacaron haber aportado la logística del ataque en el que mataron por error a Lorena Ojeda, cuando en realidad los sicarios buscaban silenciar a su hermana.
La finalidad era que la chica, testigo de un crimen, no señalara en una rueda de reconocimiento a Ariel “Tubi” Segovia, luego asesinado en prisión en 2018. Según la acusación, las ganancias de Tubi en el mundo criminal y por la venta de drogas eran gestionadas en una oficina clandestina de los hermanos Azum en barrio Echesortu.
Escuchas judiciales de la investigación por el crimen de Ojeda revelaron que en los días cercanos al crimen de Lorena, asesinada a tiros en la puerta de su casa el 16 de diciembre de 2016, Tubi se comunicó con Yalil para que pusiera a su disposición vehículos y personas. Según la evidencia, éste le pidió a su hermano que se ocupara del encargo. Se registraron conversaciones posteriores en referencia al hecho.
Los hermanos fueron detenidos hace más de un año. Yalil cayó en septiembre de 2021 como la figura saliente de un grupo que blanqueaba capitales provenientes del mundo criminal, administraba inmuebles y una flota de taxis, todos bienes supuestamente adquiridos con dinero obtenido de negocios ilegales, y además estaba ligado al juego clandestino.
Hace cuatro meses fue acusado además por colaborar con el ex jefe de la barra de Newell’s Emiliano “Jija” Avejera para que se mantuviera prófugo en la provincia de Córdoba mientras la policía lo buscaba por el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes, emboscado y acribillado frente a la cárcel de Piñero en febrero de 2018 después de haber ido a visitar a su hermano preso.
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Avejera fue detenido en Córdoba en septiembre de ese año y en 2021 fue condenado a prisión perpetua junto a otras personas por el crimen de Bam Bam y el homicidio previo de Javier Lisandro Fleitas, baleado en noviembre de 2016 cuando buscaban a otro de los hermanos Funes. Esas muertes se enmarcan en la disputa que por entonces mantenían el grupo de Tubi Segovia y el clan Caminos, del barrio Municipal, con el grupo liderado por René “Brujo” Ungaro y los hermanos Funes de barrio Tablada.
La investigación se inició entre 2016 y 2017 a partir de delitos violentos en la barra brava de Newell’s Old Boys. En esa pesquisa se detectaron actores violentos ligados a la venta de drogas, el uso de armas y la ejecución de homicidios. Como un engranaje de “cuello blanco” en esa trama, Yalil “Turco” Azum fue acusado en 2021 de liderar una asociación ilícita con ingresos millonarios provenientes del delito. Las actividades atribuidas al Turco fueron la compraventa y alquiler de inmuebles, la administración de una flota de taxis y el manejo de juego on line no habilitado.
Para Marina García los fiscales pidieron 9 años de prisión como organizadora de asociación ilícita. Para Lisandro Scalcione, preso en Coronda, solicitaron 14 años de prisión como organizador de asociación ilícita, encubrimiento y veinte hechos de usura. El requerimiento para el sindicalista Maximiliano González De Gaetano, condenado en agosto pasado a 7 años de prisión por estafas inmobiliarias, fue por 9 años de prisión por asociación ilícita y juego clandestino. La pena más baja fue pedida para Nicolás Gómez: 5 años como miembro de asociación ilícita y juego clandestino.
