El crimen de Isabel María del Luján Peró, acuchillada en el cuello hace tres años, dejó expuesta la fragilidad en que vivían ella y su pareja en un departamento del primer piso de San Lorenzo 1217. Los unía una relación conflictiva, marcada por las discusiones y el consumo problemático de sustancias de ambos. La última pelea, el 30 de junio de 2020, fue igual a tantas otras que habían escuchado sus vecinos, sólo que terminó con la mujer de 39 años desangrándose en la cocina mientras Marcos Elías Ponce lloraba y pedía ayuda en el palier.
Esa escena se recreó en el juicio por el asesinato de la mujer y en el cual Ponce fue absuelto porque una junta médica determinó que padece un cuadro de psicosis, una alteración mental severa y crónica que le impidió comprender lo que hacía. La semana pasada los jueces Patricia Bilotta, José Luis Suárez y Hebe Marcogliese dieron a conocer los fundamentos de la sentencia en la cual ordenaron la libertad de Ponce y dispusieron que siga internado en un centro de salud mental por 6 años en los cuales los médicos deberán remitir informes mensuales.
“Es un fallo justo. Ponce es un muchacho muy sumiso, tranquilo, no es agresivo y tal cual lo indicaron los profesionales de la salud es inimputable”, valoró el abogado Ezequiel Torres, quien defendió a Ponce junto a Luciano Zizele. El defensor había solicitado que la medida de seguridad no fuera por un plazo indeterminado sino que no superara los 6 años. “A partir de ahora, como lo indica la Ley de Salud Mental, el tratamiento se adecuará a la evolución del caso”, indicó. Es decir que Ponce podrá ser externado si se considera que no reviste peligro para sí o para terceros.
En ese marco el tribunal ordenó que se retire la custodia penitenciaria que escoltaba a Ponce, de 33 años, quien sobrellevó todo el proceso penal internado en el neuropsiquiátrico Agudo Ávila. Profesionales de ese efector dijeron en el juicio que no es un paciente agresivo y que la custodia impedía su inserción en talleres de oficios o espacios colectivos recomendados para su tratamiento.
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Ponce llegó a juicio como autor de un homicidio calificado por el vínculo, delito que se pena con prisión perpetua. Inicialmente había sido acusado además por femicidio, pero la fiscal Georgina Pairola retiró ese encuadre porque no pudo acreditarse un contexto previo de violencia de género o abuso de poder hacia la víctima. Al finalizar el debate, la fiscal pidió la absolución dado que todos los informes médicos consideraban a Ponce inimputable. Si bien no hubo controversia sobre este punto el juicio fue necesario porque la inimputabilidad debe ser declarada por un juez.
El crimen ocurrió la noche del 30 de junio de 2020 en el edificio donde María Isabel, a quien en su familia llamaban Nadia, convivía con Ponce. Llevaban 9 años en un vínculo conflictivo y marcado por las adicciones. Hacían changas y vendían churros para subsistir. Esa noche los vecinos los escucharon discutir, algo que ocurría una o dos veces por semana en el departamento que la mujer había heredado del padre.
La fiscalía planteó que, en medio de la confrontación, Ponce tomó un cuchillo de carnicero y la apuñaló en el cuello. Para el defensor, fue un acto de legítima defensa o bajo un estado de emoción violenta. Extremos que el tribunal descartó, si bien tuvo en cuenta “la emocionalidad producida por la discusión, el trato denigrante, los desplantes y agresiones frecuentes que recibía el acusado de su pareja, potenciados por la ingesta de alcohol y drogas por parte de ambos”.
Una vecina contó en el juicio que eran frecuentes las peleas entre Isabel y Marcos: “Ponían música a altas horas de la madrugada. Muchas veces los había visto drogados o alcoholizados. Se escuchaban martillazos, gritos e insultos”. El tema había generado quejas pero la respuesta del consorcio era que “nada podía hacerse porque la mujer era dueña de la unidad”. Isabel era conocida allí como una persona conflictiva, que en una ocasión había perseguido con una cuchilla a una portera.
La madrugada del crimen a la vecina la despertó la música fuerte. Escuchó la voz de Ponce que preguntaba con insistencia “dónde estaba” algo, a lo que Isabel respondía que “no se lo iba a dar” o “no te lo voy a decir”. “Escuché ruidos, como que estaban desarmando el departamento”, detalló. Luego el último diálogo: “Mirá lo que me hiciste”, dijo él, a lo que ella respondió: “Bueno, andá a la casa de tu mamá a que te cure”. El hombre replicó “ahora vas a ver”, y se hizo un repentino silencio.
“Después escuché en la puerta a mi vecino pidiendo ayuda, gritando nervioso. Pero no salí porque me dio miedo”, relató la testigo, que por la mirilla vio a Ponce ensangrentado mientras gritaba “vecinas, ayúdennos que se desangra”. Sin salir, la mujer llamó a la policía. Quien sí acudió fue un estudiante de medicina que alquilaba en el 2º piso. Contó que la pareja “peleaba mucho”, que los había visto “tirados en el palier” y que Isabel solía insultar a Ponce.
Cuando entró al departamento encontró a la mujer sentada en la cocina, apoyada contra la pared, con una mano en el cuello. Estaba viva y trató de hacer compresión en la herida, pero Ponce no lo dejaba: “Estaba nervioso y sólo se quejaba diciendo que se estaba muriendo. Le sugerí que él mismo le presionara con una toalla pero a la vez que intentaba hacerlo abandonaba la maniobra”. El estudiante se retiró a esperar la llegada de la ambulancia y cuando volvió vio que Ponce había acostado en el suelo a la mujer.
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Los peritos y forenses que declararon en el juicio consideraron que la mujer fue atacada cuando estaba de pie y que la herida en la yugular, de unos 4 centímetros de profundidad, fue cometida por Ponce con la misma cuchilla que se encontró junto al cuerpo. Él había sido golpeado antes con un vaso o una botella que le provocó un corte leve en la cabeza y tenía un corte en un dedo de la mano izquierda.
Más allá de esa reconstrucción del hecho, los jueces consideraron que Ponce no puede ser condenado porque es inimputable. Una junta interdisciplinaria en Salud Mental concluyó que sufre un cuadro de psicosis con alucinaciones desde la adolescencia, lo que a su vez lo predispuso a la problemática de adicciones. Había mantenido una escolaridad complicada por repitencias y baja atención hasta que terminó noveno año del Polimodal a los 15 años.
Tras una primera complicación por consumo de sustancias, a los 20 años Ponce se había volcado al arte, tocaba la guitarra en un conjunto y trabajaba en pizzerías. Luego conoció a Isabel. Ella lo convenció de vivir en su departamento y él dejó su trabajo. La relación, según los profesionales, era complicada. Isabel era dominante y cuando se ponía agresiva porque no les alcanzaba el dinero él trababa la puerta con un colchón o se iba a dormir al Monumento a la Bandera. Según los informes médicos, al ser detenido Ponce sufría una psicosis descompensada que, sumada a la situación de consumo, no le permitió “dirigir sus impulsos y comprender sus actos”.
Isabel, quien para los suyos era “Nadia”, había crecido en una familia de clase media de Venado Tuerto de la que se distanció por sus problemas de consumo. Era la tercera de cuatro hermanos de dos padres distintos. Sus hermanos contaron que comenzó con problemas de consumo a los 13 años, cuando su padre murió de un infarto. De él heredó el departamento en Rosario al que se fue a vivir sola a los 17 años con la intención de terminar el secundario. Hizo un curso de peluquería y quería estudiar Derecho. Pero no pudo.
Una hermana contó en el juicio que la mujer tuvo “una vida difícil desde lo afectivo, lo que la llevó al consumo de estupefacientes”. Los jueces consideraron que Isabel “también era una persona vulnerable, al igual que el propio acusado”. Tras el fallo, a Ponce le retiraron la custodia. Su internación en el Hospital Agudo Ávila podrá ser modificada de acuerdo con el criterio médico porque, según principios en salud mental que cita la sentencia, cuando cesan los criterios de peligrosidad “todo paciente tiene derecho a regresar a la comunidad lo antes posible”.
