Carlos G. y Marisol P. habían sido detenidos horas después del escape del vendedor de drogas. Esa misma madrugada huyeron otros tres presos de la comisaría 15ª
Foto: Google Street View.
Los policías trabajaban en la seccional de Sarmiento y Ameghino.
La Justicia provincial dispuso este jueves la liberación de dos policías detenidos tras una fuga en la comisaría 15ª. Ambas personas fueron imputadas por facilitar el escape de Jonathan "Cachorra" Creciente, un vendedor de drogas que había sido arrestado horas antes de la huida de otros tres hombres que ya estaban presos allí.
Carlos G. y Marisol P. acordaron el pago de una fianza y el cumplimiento de una serie de reglas para continuar a disposición de los investigadores en el marco del proceso penal. Los numerarios estaban bajo arresto desde el mismo día que permitieron que el sospechoso se retirara a pesar de un pedido de captura.
La fiscal Karina Bartocci imputó a los agentes por el registro de una falsa consulta en la que otro funcionario judicial de turno había autorizado la liberación de Creciente "por no tener interés" en su detención. También denunció que intentaron archivar el procedimiento administrativamente para que no interviniera el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según la evidencia presentada por la encargada de la causa, Cachorra se fue de la comisaría durante la madrugada del lunes 12 de enero de 2026 con permiso del personal que estaba en servicio. Lo habían detenido a las 2.14 de la mañana en avenida Uriburu y Hertz, donde el Comando Radioeléctrico constató que tenía un pedido de captura.
Los investigadores corroboraron que el delincuente de 39 años fue trasladado a la seccional de Sarmiento y Ameghino a partir de aquella orden. Antes del amanecer, los sumariantes lo dejaron ir con autorización del fiscal de turno. Sin embargo, esta comunicación con el MPA por la detención jamás se llevó a cabo.
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A la hora de repasar la actuación de los numerarios, Bartocci constató que Carlos G. efectivamente había reenviado un mensaje de texto con una consulta sobre la situación de Creciente y así planteó que no había un pedido de captura activo. No obstante, se trataba de una conversación sobre un procedimiento anterior, cuando el prófugo todavía no era buscado por la Justicia. La fiscal cree que el policía intentó simular una charla reciente para confundir a los investigadores y no asumir su responsabilidad frente a la denuncia.
De acuerdo a la hipótesis de los encargados de la causa, los agentes dejaron constancia de la identificación del demorado y descartaron su detención en base a una falsa respuesta del MPA. A continuación, Cachorra recuperó sus pertenencias y se fue. Más tarde, otros tres presos se fugaron de la comisaría 15ª y fueron recapturados a primera hora de la mañana, pero las autoridades de las fuerzas de seguridad provinciales no confirmaron lo ocurrido con el cuarto evadido hasta que los investigadores solicitaron la aprehensión de Marisol P. y su compañero.
Finalmente, Bartocci imputó a los policías como coautores de facilitamiento de evasión dolosa. También les atribuyó los delitos de falsificación ideológica de documento público, agravado por ser funcionarios públicos, e incumplimiento de sus deberes por omisión. El juez Jorge Gasparini ordenó su liberación a partir del pago de una caución real y deberán cumplir con ciertas restricciones en esta primera etapa del proceso penal.
El prófugo mencionado en la causa tenía un pedido de captura de la unidad fiscal de Violencias Altamente Lesivas por amenazas y abuso de armas. Inicialmente, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe pusieron en duda la denuncia de evasión porque no había llegado a estar detenido en la comisaría 15ª. Horas después, el MPA detectó información falsa en el registro del procedimiento y confirmó que el sospechoso debió haber quedado bajo arresto.
Varios años antes de este incidente, Jonathan Sebastián Creciente llegó a tener tres órdenes de arresto de distintos juzgados en el viejo sistema procesal penal de la provincia. La más importante se refería al intento de homicidio de Matías Pera, por entonces miembro de la barra brava de Newell's. El ataque ocurrió la noche del 21 de noviembre de 2010 en Isola al 100 bis, donde la víctima recibió cinco disparos en la espalda, el brazo derecho y la pierna izquierda.
Además de la condena por aquel episodio en el barrio Tablada, Cachorra también pasó por el banquillo de acusados a raíz de la denuncia de otro intento de homicidio registrado el 13 de junio de 2012 en Sánchez de Thompson al 200 bis. En primera instancia le aplicaron una pena de 4 años y 4 meses de prisión, pero la Cámara de Apelación en lo Penal finalmente lo absolvió por falta de pruebas sobre su intervención en el ataque.
Sutracovi expresó que en la antigua concesión había alrededor de 70 trabajadores que "no pudieron cobrar indemnizaciones y no hay certezas de que sean reincorporados".
Por Luis Castro