La causa terminó con 25 policías involucrados y a 18 les dictaron la prisión preventiva. Se estiman pérdidas multimillonarias durante al menos dos años
La maniobra de defraudación involucró a 25 policías y se estimó un perjuicio mensual de 45 mil millones de pesos durante al menos dos años.
Cinco de los policías detenidos en la causa de los combustibles, una maniobra de defraudación que según la Justicia causó un perjuicio para la provincia de 45.000 millones de pesos, recuperaron su libertad merced a un fallo de la jueza de Cámara Gabriela Sansó.
La magistrada resolvió otorgar la libertad a Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros, ya jubilado), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI) y Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal al momento de los hechos investigados), quienes estaba alojados en la cárcel de Piñero. La orden fue impartida este viernes.
A fines del año pasado, un juez de primera instancia les había impuesto una medida cautelar privativa de la libertad que vencía el 14 de mayo de 2026. Las restricciones que impuso la jueza Sansó incluyen fijar residencia, firma mensual en la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de salida de la provincia y del país sin autorización y, no menos importante, la prohibición “absoluta” de contacto con coimputados y testigos de la causa.
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La primera audiencia imputativa se dio a mediados de mayo del 2025. En su exposición ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, el fiscal José Luis Caterina explicó cómo se originó la investigación. Un anónimo enviado por correo postal ofrecía apenas una muestra del negocio que luego se detectó en la pesquisa, con seguimientos a patrulleros, informes de Asuntos Internos e intervenciones telefónicas. También dio cuenta de los roles y delitos que se les imputó a cada uno de los acusados así como de las maniobras, de las que participaban empleados de la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900, cercana a la Jefatura.
Caterina planteó que se detectaron tanto actividades de sobrefacturación como el cobro de cargas de combustible inexistentes: más de 80 patrulleros que no estaban circulando cargaban nafta a razón de unos 20 mil a 30 mil pesos casi a diario. Estas prácticas, estimó el gobierno provincial, habrían causado un perjuicio económico de alrededor de 45 millones de pesos mensuales. Los cinco policías habían sido detenidos en noviembre y la causa terminó con 25 policías involucrados, pero con el correr de los días 9 quedaron en libertad.
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Para Caterina, los policías tributaban a Daniel Acosta y a Rodrigo Domínguez, ex titular de la Unidad Regional II y su secretario privado, respectivamente, quienes fueron imputados como jefe y organizador de la asociación ilícita. Ambos continúan detenidos.
La causa demostró la complicidad de la estación de servicios Gas Auto Tiferno SA, de Ovidio Lagos al 3900, y cómo se generó un mecanismo de defraudación al Estado con las tarjetas Visa Flota mediante sobrefacturación o cargas fantasma de combustible. La Cámara Penal les fue otorgando la libertad a medida que se cumplían las preventivas.
El mecanismo era sencillo: al menos desde mayo de 2023 a mayo de 2025, se conformaban sobrefacturaciones o facturaciones fantasma de cargas de combustible. Una vez que los caudales ingresaban a la empresa, esta entregaba retornos en efectivo, con periodicidad quincenal para cada una de las secciones policiales, cuyos representantes los retiraban directamente del lugar.
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